La eficacia de la Constitución y el restablecimiento del consenso de Estado

Ayer comenzaban oficialmente en el Congreso los trámites para reformar la Constitución. Esto era así gracias al acuerdo de una gran mayoría de diputados, pues de 334 presentes, 316 votaron a favor. Diputados que son, pese a lo que diga el 15-M, los legítimos representantes de la ciudadanía. Y que en un elevadísimo porcentaje -trasladado a aritmética parlamentaria, casi el 90 por ciento- expresaron su parecer como se hace en democracia, esto es, participando en las sesiones del Parlamento.Y precisamente en democracia, cada cual expresa su opinión con plena libertad; la misma de la que ayer hicieron uso los diputados que votaron en contra de la reforma. Nada que objetar a sus motivaciones en sí mismas -con las que podrá estarse o no de acuerdo, pero que son cien por cien respetables- .

Sí es, en cambio, cuestionable el argumento esgrimido por nacionalistas catalanes y vascos, según en cual ayer quedaba roto el consenso constitucional. La realidad es la contraria. Precisamente, el acuerdo ha rehecho el consenso constitucional entre los dos grandes partidos que representan sobre un 80% del electorado. El consenso se rompió el día en que José Luis Rodríguez Zapatero decidió orillar las políticas de estado y hacer una pinza con las formaciones radicales para aislar al PP, con ocasión del Estatuto de Cataluña: en realidad un estatuto de partido (socialista y pequeños partidos soberanistas), en la medida que se marginó un partido (el Popular) que representa el 40% del voto. Una maniobra que tuvo, además, su fedatario público en el llamado pacto del Tinell, donde socialistas y nacionalistas se comprometían ante notario a no pactar con el PP. Mas rotura es imposible. Con ello, el PSOE hipotecaba el estado en manos nacionalistas y en detrimento del que era su socio constituyente natural, el PP. Hoy ese consenso parece indigestársele a más de uno -incluso en el seno del propio PSOE hay quien no lo lleva nada bien-, pero es un paso en la buena dirección. Lo que no es, sin duda alguna, es una quiebra de proceso constituyente alguno; antes al contrario, es la reafirmación de que los instrumentos con los que nos dota la Constitución son perfectamente operativos, por más que su actual uso haya resultado algo precipitado y hasta atropellado por imposición de las angustiosas circunstancias financieras.