¿Por qué Esperanza Aguirre no dice la verdad?

La comunidad de Madrid acaba de presentar un plan de recortes en educación para el nuevo curso escolar. Los motivos son conocidos por todos y no es preciso recordarlos. Parece claro que hay que apretarse el cinturón. Durante los últimos años las administraciones públicas han disparado con pólvora de rey y el gasto resulta insostenible. Entre las medidas adoptadas hay algunas muy razonables, por ejemplo, la eliminación de centenares de liberados sindicales, gravosos para la sociedad y para sus representados. Otras, en cambio, plantean problemas. La que ha suscitado mayor contestación y seguramente genere conflictos en los próximos meses es la relacionada con el horario de los profesores de instituto. La ley establece para estos una horquilla de docencia entre dieciocho y veintiuna horas a la semana. Lo habitual desde hace décadas es que los docentes impartan dieciocho horas de clase y que sólo por necesidades del servicio se supere esa cifra. Ahora se pretende que el mínimo sea de veinte horas. No hay que ser un lince de las matemáticas para comprender que si cada profesor imparte dos horas más de clase podrá diezmarse el número de efectivos.

Las cuentas cantan y el ahorro resulta desde luego significativo. Tampoco se le escapará a nadie que todo esto será a costa del esfuerzo de
los profesores y de la desesperación de los universitarios que aspiran a serlo. Soy incapaz de augurar qué efectos puede tener el plan sobre la calidad del servicio. Personalmente, dudo que sea muy grande. Aunque en un viejo informe de la Unesco se decía que una hora lectiva de un profesor debería contabilizarse como dos horas de cualquier otro trabajo, la verdad es que no creo que sea para tanto. El trabajo de un docente no es evaluable en los términos en que lo son otros y esta clase de comparaciones, a la que son muy proclives los desocupados, conduce siempre a los mismos dislates. Estoy convencido, además, de que la mayor parte de los profesores asumirá lo que les ha caído con resignación y si protestan, cosa
que dejaron de hacer veinticinco años, no es porque tengan que trabajar más, sino porque ello perjudicará las expectativas de quienes buscan un empleo en la enseñanza.

Otra cosa es la forma en que la señora Esperanza Aguirre ha presentado estas medidas a la opinión pública. Acabo de escuchar sus declaraciones en televisión y aún no he conseguido reponerme del efecto que me han producido. Con una desfachatez impropia del honorable cargo que ostenta y de la probidad que predica, la presidenta de la Comunidad ha dicho que este aumento de la carga lectiva de los profesores no parecerá excesiva a los madrileños, la mayoría de los cuales trabaja sin duda más de veinte horas semanales. Por lo visto, la señora Aguirre desconoce que en el horario laboral de los profesores incluye no sólo las horas lectivas, objeto de su reforma, sino otras tantas dedicadas a guardias, tutorías, labores administrativas, sesiones de evaluación, reuniones pedagógicas, claustros, etc. hasta un total de treinta y siete horas y media semanales, de las cuales sólo cinco son de libre disposición para preparación de clases, corrección de exámenes, etc. No es verdad, por tanto, que los docentes trabajen menos que el resto. Si la presidenta afirma esto para predisponer a la opinión pública a su favor, y no se me ocurre otra manera de explicarlo, no sólo está engañando a los ciudadanos, sino que deja bien claro que todas sus declaraciones pasadas a favor de la dignificación de la profesión docente son pura retórica televisiva.

Urge una rectificación, o por lo menos, una aclaración. La política no se puede hacer a base de mentiras y desplantes. Por muy chulapona que sea, la señora Aguirre se hace un flaco favor como responsable de la administración que dirige dando a entender que los profesores constituyen una clase privilegiada. Han soportado ya, como todos los funcionarios, el recorte de sus sueldos (sueldos que apenas crecieron en la época de las vacas gordas) y van a tener ahora que asumir en beneficio general un empeoramiento de sus condiciones de trabajo, muy lamentables de suyo. ¿Es preciso, además, ponerlos en entredicho ante la opinión pública con falsedades indignas?