¿Se ha dado ya cuenta CiU de que necesita al PP?

Como era de esperar, la Generalitat no ha dado su brazo a torcer y ha anunciado que mantendrá el modelo de inmersión lingüística en la enseñanza “caiga quien caiga” pese a la sentencia del Tribunal Superior de justicia de Cataluña que obliga a utilizar tanto el catalán como el castellano como lenguas vehiculares en las aulas. El Ejecutivo presidido por Artur Mas ha sido drástico: el actual modelo “es un tesoro y una línea roja inviolable”.

El portavoz de la Generalitat, Francesc Homs, ha asegurado tras la reunión que este martes ha celebrado el Ejecutivo catalán que no se “cederá ni un milímetro en la defensa de un sistema educativo que cuenta con un inmenso apoyo democrático, que favorece la cohesión de la sociedad catalana y que ha demostrado su elevado valor demagógico”. Pero la sorpresa, según fuentes políticas consultadas por este diario, es la afirmación de Homs en el sentido de que, pese a culpar al PP de haber provocado esta polémica lingüística, la Generalitat no piensa actuar con “sectarismo, cerrando la puerta a acuerdos puntuales” con la formación que lidera Mariano Rajoy, como, por ejemplo, la aprobación de los próximos presupuestos catalanes. Es más, según los medios consultados por “El Imparcial”, Homs no sólo no ha estado beligerante contra los populares, sino que la mayor carga de profundidad la ha lanzado contra el PSOE por haber promovido el Real Decreto de la tercera hora de castellano en los colegios catalanes.

Las mismas fuentes destacan: “Qué lejos quedan aquellas declaraciones de los líderes de CiU, entre ellos Artur Mas, en referencia a que nunca más pactarían con el PP. El gobierno de Convergencia i Unió en Cataluña ha visto ahora cómo su mayoría en el Parlamento autonómico no es suficiente para sacar adelante sus proyectos más importantes y necesita el apoyo del Partido Popular”.

Y en el Congreso de los Diputados, su presidente, José Bono, ha certificado el fin de 15 proyectos de ley al ampliar el plazo de presentación de enmiendas a los mismos, por lo que será prácticamente imposible concluir su tramitación antes de la disolución de las Cortes. Llama la atención, según las fuentes consultadas, que entre las futuras normas que pueden quedar aparcadas se encuentre la Ley de Muerte Digna, uno de los motivos esgrimidos por el presidente del Gobierno para convocar las elecciones el 20 de noviembre. Zapatero afirmó que esta era una de las tres leyes fundamentales que debían ser aprobadas antes del adelanto electoral, debido a su repercusión social y al alto grado de consenso sobre las mismas entre los grupos parlamentarios. También corre peligro otro proyecto estrella del Ejecutivo, que es el texto referido a la regulación de la nueva negociación colectiva.

Las fuentes políticas consultadas por este diario destacan que si hasta desde la Presidencia del Congreso se echa por tierra alguno de los argumentos esgrimidos por Zapatero para convocar las elecciones el 20 de noviembre, la elección de esa fecha esconde otros motivos ocultos que ya salieron a la luz cuando el jefe del Ejecutivo anunció la convocatoria de las elecciones en julio. “Esa razón puede ser la fecha, que podría provocar rechazo a votantes socialistas o parte de ese número de ciudadanos indecisos al relacionar con el aniversario de la muerte de Franco con una posible victoria del PP”.