Blanco se alía con el desacato nacionalista

Artur Mas tiene problemas para entender el funcionamiento del estado de derecho. Caso contrario, actuaría conforme a la legalidad vigente y acataría las resoluciones judiciales tal cual vinieran -con independencia de los recursos que puedan caber-, en lugar de aseverar que no las cumplirá. Ello es así porque al nacionalismo catalán -socialistas incluidos- le ha sentado francamente mal la sentencia del Supremo a favor de la inclusión de más horas de castellano en la enseñanza pública de aquella comunidad. Una enseñanza que, por lo demás se imparte casi toda en catalán, por mor de la política de inmersión lingüística.

La postura de CIU en este asunto viene de lejos, por cuanto apenas sorprende. Tampoco la del PSC quien, de tanto flirtear con los postulados nacionalistas, ha acabado en un estado de indefinición preocupante. Sí, en cambio, resulta llamativo el posicionamiento de José Blanco en contra del castellano en Cataluña. Que alguien con cartera ministerial y un peso específico tan alto en el PSOE se atreva a defender la insumisión jurídica del nacionalismo catalán ante una sentencia emanada de un órgano jurisdiccional competente es de suma gravedad. ¿Y si el asunto llega al Constitucional y este tribunal le da la razón al Supremo? ¿Seguirán Blanco y Mas aferrados a su irresponsabilidad institucional? Así las cosas, es lógico que los del 15-M se envalentonen. Saben que pueden conculcar la ley a sabiendas de que quedarán impunes, no sólo porque así le gusta a Rubalcaba, sino porque parte de la clase política española hace lo que le viene en gana, sin tener el debido respeto a los límites impuestos por los tribunales de justicia.

Es preciso que los ciudadanos españoles sepan lo que se juegan con actitudes tan irresponsables como las protagonizadas por el señor Mas y el señor Blanco: nada menos que el estado de derecho y, por tanto, la democracia. No estamos dramatizando. Va mucho más allá del problema de la lengua –aún cuando, desde una perspectiva democrática, resulte chocante que se discuta el derecho a que los padres puedan socializar a sus hijos en el idioma del Estado. Lo verdaderamente dramático es que dos autoridades del Estado, el Presidente de la Generalitat y el Portavoz del Gobierno, llamen al –o toleran, según el caso- el incumplimiento de las leyes, el desacato y la obligación que conlleva su cargo de “cumplir y hacer cumplir” las leyes. Precisamente, un gran historiador catalán, Vicens Vives, consideraba que, desde la francesada, el hábito de desobediencia y desacato a la autoridad y a la ley había sido el “mal español”: el motín, la partida y el golpismo, como características del “cabecillismo” hispano, que dirían primero Costa y luego Maura.