Más ajustes
Martes 13 de septiembre de 2011
La Unión Europea (UE) y el Fondo Monetario Internacionales (FMI) han exigido a Portugal, al que han prestado 78.000 millones de euros, nuevas medidas de austeridad para asegurar que reducirá su déficit al 4,5%.
El presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, consideró este martes que es esencial una implementación rápida, efectiva y rigurosa del último plan de ajuste italiano con el que Roma espera alcanzar el equilibrio presupuestario en 2013. Esta exigencia se suma a las del FMI y la UE a Portugal para emprender nuevas medidas de ajuste, en una jornada marcada de nuevo por la posibilidad de una quiebra en Grecia y del posible contagio de otros miembros de la zona euro.
"El compromiso del Gobierno italiano de alcanzar el equilibrio presupuestario en 2013 es una importante señal" de la determinación y la ambición de Italia de alcanzar este objetivo, afirmó Barroso en un comunicado tras reunirse en Estrasburgo (Francia) con el primer ministro italiano, Silvio Berlusconi.
El presidente de la Comisión Europea consideró que el último plan de ajuste italiano es de "importancia fundamental" para recuperar la confianza de los mercados en la economía de Italia y de la eurozona.
El Ejecutivo italiano tiene mañana una nueva cita clave, en esta ocasión la que está prevista que sea la aprobación definitiva de su último plan de ajuste presupuestario, por valor de unos 54.000 millones de euros y que pretende también contribuir a lograr el equilibrio de las cuentas públicas en 2013.
Las últimas medidas de ajuste han sido diseñadas para que Italia pueda alcanzar el objetivo del equilibrio presupuestario, señaló Barroso, quien sostuvo que también representan un paso positivo hacia la eliminación de algunos de los obstáculos estructurales que impiden a Italia aprovechar su pleno potencial de crecimiento.
"Una implementación rápida, efectiva y rigurosa es por ello absolutamente esencial", indicó el presidente de la Comisión.
Barroso también valoró el plan del Ejecutivo italiano de consagrar en la Constitución italiana la llamada 'regla de oro' para limitar en la Carta Magna el déficit y de hacer más eficientes los niveles de Gobierno, es decir la abolición de las provincias.
"Espero que sea posible alcanzar un amplio consenso político a favor de los cambios propuestos, de manera que éstos también puedan ser implementados tan rápido como la constitución italiana lo permita", indicó.
Barroso y Berlusconi coincidieron en la necesidad de profundizar más en la integración de la eurozona, basándose en el método comunitario.
"Necesitamos fortalecer nuestra unión económica y monetaria como una 'unión de estabilidad' y como una 'unión de crecimiento", agregó.
El próximo paso en materia de gobernanza económica debe proporcionar los métodos e instrumentos adecuados para facilitar una coordinación fiscal reforzada y una disciplina común entre los países que comparten el euro al tiempo que debe preservar la integridad del mercado único y de las políticas comunes de todos los 27 Estados Miembros, afirmó además.
El último plan de austeridad italiano, que llega después del de 79.000 millones de euros aprobado el pasado 15 de julio, se someterá mañana a la votación del pleno de la Cámara de los Diputados con el mismo texto que ya pasó la prueba del Senado el pasado 7 de septiembre, que incluye una subida de un punto porcentual, del 20 al 21 por ciento, del IVA, lo que supondrá una recaudación de 4.000 millones de euros al año.
Entre las medidas figuran además un impuesto del 3 por ciento sobre las rentas que superen los 300.000 euros anuales y el adelanto de 2016 a 2014 del retraso progresivo de la edad de jubilación de las mujeres en el sector privado, equiparándola a la de los hombres y pasar así de 60 a 65 años.
La Unión Europea (UE) y el Fondo Monetario Internacionales (FMI) quieren que el Gobierno de Portugal, al que han prestado 78.000 millones de euros, aplique nuevas medidas de austeridad en 2012, para asegurar que a finales de ese año habrá reducido el déficit a un 4,5 por ciento del PIB.
En un documento divulgado hoy por el Ministerio de Finanzas portugués, la UE, el FMI y el Banco Central Europeo (BCE) explicaron que es necesario ahorrar cerca del 0,6 % del PIB (unos 1.000 millones de euros) el próximo año para corregir el desvío en las cuentas públicas lusas procedente del ejercicio de 2011.
Equivalente al 1,3 % del PIB, este desvío ya obligó al Gobierno conservador luso a adoptar medidas adicionales para cumplir con el tope del 5,9 % de déficit en 2011, entre ellas un impuesto extraordinario en la paga de navidad o la anticipación del aumento del IVA en la electricidad y en la luz.
Sin embargo, estas iniciativas, la mayoría de carácter extraordinario, ya no tendrán efecto en 2012, cuando el país debe reducir el déficit a un 4,5 % (en 2010 fue del 9,1 %).
Sin detallar las posibles iniciativas, la UE y el FMI adelantaron que una misión de técnicos se reunirá a partir de este jueves y durante cinco días con el Ejecutivo portugués, que gobierna en mayoría absoluta, antes de que se aprueben los presupuestos generales de 2012 en Consejo de Ministros.
El texto divulgado, considerado una actualización de las metas que debe cumplir Lisboa para seguir recibiendo asistencia financiera, mantiene los objetivos de déficit ya anunciados para los próximos años: el 5,9 % este año, el 4,5 % en 2012 y el 3 % en 2013.
Entretanto, el ministro de Finanzas luso, Vítor Gaspar, reiteró hoy en una carta el compromiso de su país para cumplir con los compromisos alcanzados con la UE y el FMI y aclaró que no excluye otras medidas adicionales para lograr el objetivo trazado.
El pasado 31 de agosto, Gaspar presentó las líneas generales de la política presupuestaria lusa hasta 2015 -que incluye impuestos a las rentas más altas y a las empresas con significativos beneficios- y pronosticó que Portugal volverá a crecer en a partir de 2013.
El programa presentado tiene como meta reducir en un 20 % el sector empresarial público luso mediante la extinción de organismos, fusiones y privatizaciones, la aceleración la privatización de empresas públicas y la puesta en marcha de una "flexibilización" del mercado laboral.
Asimismo, se congelarán los salarios de los funcionarios hasta 2014, después de haber sido recortados a comienzos del pasado año, y se reducirán el número de empleados públicos (actualmente unos 800.000) a un ritmo del dos por ciento anual, entre otras medidas.
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