Desconfianza en la Justicia

Alejandro Muñoz-Alonso considera que el caso Faisán es el que demuestra de la manera más patente la situación de la Justicia y del Estado de Derecho en España.

La sentencia de la Audiencia Nacional que condena a diez años a Otegui y Díaz Usabiaga por intentar reconstruir Batasuna, esto es ETA, ha merecido un aplauso general, pero no tanto. Por supuesto no ha gustado nada a todo ese mundo del nacionalismo, terrorista o no, y hasta alguien ha dicho que va “en contra del proceso”, se supone que refiriéndose al mal llamado proceso de paz objetivo y obsesión de la primera legislatura de Zapatero. Mientras, como telón de fondo, se negociaba a calzón quitado con la banda terrorista. Algunos habían pensado ingenuamente que aquel disparate estaba finiquitado y que, en vez de proceso y negociación, no había más que lucha pura y dura contra el terrorismo, con todos los instrumentos del Estado. Y se pensaba que el Gobierno no iba a volver a caer en la tentación de sentarse a negociar políticamente con los etarras. Otros no llegamos a tanto buenismo.

Desde aquí —y con un profundo deseo de equivocarnos- aseguramos en más de una ocasión que ETA estaría en las instituciones, por medio de sus marcas supuestamente “blancas” y las elecciones del pasado 22 de mayo nos han dado triste y desgraciadamente la razón. No se podía esperar otra cosa después de la ominosa legalización de Bildu por el Tribunal Constitucional, en contra de la bien fundada argumentación del Tribunal Supremo. Ese recuerdo explica que los más cautos —y en primer lugar desde la Asociación de Víctimas del Terrorismo- hayan expresado el temor de que la condena que tan justamente ha caído sobre los dos individuos citados al principio se quede en nada en los vericuetos de la vía de los recursos judiciales. ¿Quién se fía, cuando sabemos que a Usabiaga le sacaron de la cárcel, no para que cuidara a su madre, sino para que contribuyera a la operación de lavar la cara a los pro-etarras para que, a lomos de Bildu, entraran en las instituciones?

La reacción más sorprendente ante estas condenas ha sido la del lehendakari, Patxi López, que, en otro acceso de ese buenismo a que son tan propicios los socialistas, ha dicho que comprende la “frustración” que ese pronunciamiento judicial ha producido en ciertos sectores de la sociedad vasca, refiriéndose, seguramente, a todo el mundo nacionalista, terrorista o no. Puestos a comprender se pueden comprender, claro está, muchas cosas, a condición de que se apoye con contundencia y sin matices la estricta aplicación del Estado de Derecho. Se puede comprender, por ejemplo, la frustración que en los nazis alemanes (que seguían siendo muchos) produjo la ilegalización del nacionalsocialismo después de la II Guerra Mundial, y hasta ahora. Y otro tanto se puede decir de los comunistas, también ilegalizados, aunque eran muchos menos. Aquellas fueron sabias decisiones que, en buena medida, explican el éxito de Alemania en las últimas décadas. Esas personas tan comprensivas seguramente no lo son tanto ante el hecho de que en Francia es prácticamente imposible que se legalice un partido separatista, soberanista, independentista o como quieran llamarlo. Y es casi seguro que se habrían rasgado las vestiduras si en nuestra Constitución figurara un artículo, como el párrafo 4 del 89 de la Constitución francesa, que taxativamente establece: “No puede iniciarse o proseguirse ningún procedimiento de revisión [de la Constitución] que atente contra la integridad del territorio”. Estos que por aquí no se cansan de hablar del “derecho a decidir o a la autodeterminación”, o de la supuesta soberanía de alguna región española en un país serio como el citado sólo producirán la más sonora de las carcajadas. Y a continuación, la aplicación estricta del Estado de Derecho que allí no se anda con bromas en este tipo de cuestiones.

Y es que aquí campan a sus anchas los que voluntariamente se sitúan fuera de la ley, incluso desde cargos públicos y con la misma chulería de aquellos “outlaws” de las películas del oeste que entraban en el “saloon” a tiro limpio. La irresponsabilidad de Zapatero y sus funestos equipos ha convertido en papel mojado una buena parte de nuestra Carta Magna, por ejemplo su artículo 155 que empieza así: “Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan…” Una hipótesis que, lamentablemente, aquí se produce casi a diario, sin que desde el Gobierno se den por enterados. Algo que no puede extrañar cuando es el propio Gobierno el que incumple su obligaciones legales. Ahí está, como ejemplo, la tesis de Rubalcaba según la cual la policía no actúa en ciertas ocasiones (Puerta del Sol), no vaya a ser que se produzcan problemas. Otra muestra de la utilización de la policía al servicio de los intereses políticos que sólo se da en los Estados predemocráticos y que demuestra que aquí el Estado de Derecho es una aspiración todavía insatisfecha.

Seguramente es el caso Faisán el que demuestra de la manera más patente la situación de la Justicia y del Estado de Derecho en España. Las maniobras que se están llevando a cabo para que este pleito del Faisán pase de la Audiencia Nacional a un juzgado ordinario de Irún son bochornosas. El pretexto de que —contra la doctrina reiterada y consolidada- “la colaboración con banda armada”, (que en eso consiste ese vergonzoso asunto que implica a políticos y altos funcionarios policiales), exige la “adhesión ideológica” a los fines de la banda, no sólo no se tiene en pie, sino que pone en evidencia la calaña de quienes se han embarrado en semejante asunto. Según esa insostenible teoría si un vendedor ilegal de armas no comparte los fines ideológicos de sus compradores terroristas queda exento del delito de colaboración y se convierte en un contrabandista de poca monta. Todo un hallazgo jurídico. Pero antes o después todo —o casi todo- se acaba aclarando y los culpables quedan con sus miserias a la intemperie.

Ahora se confirma que Garzón —el prototipo del juez al servicio de los intereses políticos- arrebató el expediente del Faisán a la Guardia Civil porque un informe de la Benemérita apuntaba a La Moncloa. Como si a estas alturas y con el GAL como precedente nos fueran a extrañar estas “pequeñas” anécdotas. Lo peor de todo esto es que esta Justicia tan politizada, a la que solo salvan los jueces independientes que, por fortuna, todavía son muchos, produce una enorme desconfianza, dentro y fuera de España. En sus puntos neurálgicos abundan los que están al servicio del poder, los que retrasan escandalosamente sus decisiones, los que meten en un cajón lo que no quieren que siga adelante, los que llaman a las cámaras si van a detener a alguien de “los otros”, los que incumplen sistemáticamente la norma del secreto del sumario, siempre al servicio de los mismos…etc. Muchas cosas hay que reformar en España, pero la Justicia es una de las primeras prioridades.