'Caso Faisán': Rubalcaba se sale a medias con la suya

La Audiencia Nacional ha decidido por unanimidad este miércoles revocar los procesamientos abiertos contra los imputados en el caso 'Faisán, el ex director general de la Policía, Víctor García Hidalgo, el jefe Superior del País Vasco, Enrique Pamiés y el inspector de la Brigada de Información de Álava, José María Ballesteros. Estos tres mandos policiales están acusados de haber sido quienes, presuntamente, dieron a ETA el “chivatazo” de la operación policial que se iba a desarrollar contra su aparato de extorsión.

Victoria a medias para Rubalcaba y difícil papeleta para la Justicia en el “caso Faisán”. El Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha decidido este miércoles revocar el auto de procesamiento contra el ex director general de la Policía, Víctor García Hidalgo; el jefe Superior del País Vasco, Enrique Pamiés y el inspector de la Brigada de Información de Álava, José María Ballesteros, acusados por el juez instructor de este caso de haber sido quienes, presuntamente, dieron a ETA el “chivatazo” de la operación policial que se iba a desarrollar contra su aparato de extorsión. Dicha Sala, compuesta por catorce magistrados, considera que hay indicios más que suficientes para considerar probado la banda terrorista recibió un aviso sobre las acciones policiales que se iban a desarrollar, aunque no encuentra, de momento, que los responsables fueran los tres funcionarios procesados por el juez Pablo Ruz.

Sí, pero no. Fuentes políticas y jurídicas consultadas por “El Imparcial” destacan que “la maniobra jurídica-política de Rubalcaba para que fuera el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional decidiera sobre la competencia judicial en este caso le ha salido medio bien”. Por una parte, de momento evita, según las mismas fuentes, que se produzca el juicio oral en la Audiencia contra los tres funcionarios a sus órdenes en plena precampaña o campaña electoral, pues con la decisión de la Sala el proceso se dilatará en el tiempo. Sin embargo, la división entre los catorce magistrados que componen ese órgano judicial sobre la responsabilidad o no de García Hidalgo, Pamiés y Ballesteros no evita que hayan sido concluyentes sobre el fondo de asunto: el “chivatazo” a ETA existió. De hecho, ha ordenado al instructor del “caso Faisán”, Pablo Ruz, que reanude las investigaciones para saber de forma clara quién lo efectuó. “El aviso a ETA sobre la operación para desarticular su aparato de extorsión existió, y no lo duda nadie. Ahora –según las mismas fuentes- se trata de determinar quiénes fueron los ejecutores, los tres funcionarios procesados o terceras personas”.

Y la decisión judicial no es fácil. Los catorce magistrados no han querido a entrar a valorar si los hasta este miércoles procesados cometieron un delito de colaboración con banda armada, tal y como reclama la acusación particular, o simplemente, como pedía la Fiscalía fue una revelación de secretos. Al revocar el auto de procesamiento y ordenar a Pablo Ruz que continúe con la investigación, la sala de lo Penal no ha querido entrar en valorar el posible delito cometido puesto que no ha encontrado pruebas concluyentes sobre que García Hidalgo, Pamiés y Ballesteros fueran los responsables del “chivatazo”.

De hecho, según informa la agencia Efe, los magistrados han intentado buscar un fallo de consenso que contentara a todas las partes ante la división que existía entre los mismos sobre su decisión ante el “caso Faisán”. Las fuentes jurídicas consultadas por esta agencia destacan que los principales impulsores de retirar el delito de colaboración con banda terrorista han sido el presidente de la Sala, Javier Gómez Berméz – condecorado por Rubalcaba con la máxima medalla al Mérito Policial (y pensionada) y por el ponente del caso, José Ricardo de Prada. Con sus votos y los de otros seis magistrados, se ha considerado que la imagen de máxima división en el Tribunal podría haber tenido máximas repercusiones políticas en el caso de haber tomado una decisión definitiva.

Las mismas fuentes destacan que si la decisión de la Sala pone en evidencia al juez Pablo Ruz, hay otra persona que sale todavía más tocada: el comisario Carlos Germán, encargado de la operación contra el aparato de extorsión de ETA y que luego investigó el “chivatazo”. Varios jueces han criticado duramente que el soplo, producido el 4 de mayo de 1996, fuera investigado por el mismo equipo que dirigía la operación contra ETA, al estimar que podría haber actuado sin la suficiente objetividad.

En el mundo político, las reacciones no se han hecho esperar y, evidentemente, con carácter enfrentado. Desde los populares, Federico Trillo ha afirmado que “el caso sigue abierto” y que, sobre García Hidalgo, Pamiés y Ballesteros, “la Audiencia Nacional reconoce que pueden ser ésos (los autores del chivatazo) y/u otros los autores”. El dirigente popular ha recalcado que en todo caso “han fracasado las maniobras políticas para dar carpetazos y desviar la causa al Juzgado de Irún”, como quería Rubalcaba”.

En el PSOE, una respuesta completamente distinta. La directora de campaña del candidato socialista, Elena Valenciano ha exigido al PP “disculpas por todas la insidias y falsas acusaciones contra Rubalcaba” por este caso. Fuentes del PP le han recordado, en declaraciones a “El Imparcial” que la Audiencia mantiene en su fallo la investigación sobre un “chivatazo” que considera probado.

Y el “caso Faisán” ha eclipsado al final del día la última intervención de José Luis Rodríguez Zapatero como presidente del Gobierno en un Pleno del Congreso de los Diputados. La mañana del miércoles 21 de septiembre ha visto el último enfrentamiento parlamentario entre el jefe del Ejecutivo y máximo líder del PP, Mariano Rajoy-. Y no ha sido un debate de guante blanco. Al revés. Su último confrontamiento dialéctico ha sido el fiel reflejo de lo ocurrido durante toda esta Legislatura. Rajoy ha vuelto a acusar a Zapatero de haber llevado a España a una situación crítica, con más de cuatro millones de parados, de haber gastado más lo que el país podía soportar y de haber engañado a los ciudadanos al negar la crisis económica y después implantar medidas que no han servido para nada.

Zapatero, por su parte, le ha respondido en los mismos términos que en los últimos años. El PP ha sido desleal y no sólo no arrimado el hombro para sacar a España de la crisis sino que la utilizado para desgastar al Gobierno con fines electorales. En este sentido, punto final en el Congreso de los Diputados a este Debate. A partir de ahora, queda para los mítines previos al 20-N.