La Fiscalía reafirma el principio de legalidad frente al 15 M

Este pasado martes tenía lugar el acto solemne por el que se inauguraba el Año Judicial de la Comunidad de Madrid. En el transcurso del mismo, el fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Manuel Moix, tuvo una atinadísima intervención en contra de las actitudes llevadas a cabo por el Movimiento 15-M. A su juicio, “la masiva ocupación ilegal de las vías públicas, obstaculización de parlamentos autonómicos o corporaciones locales, democráticamente elegidos por los ciudadanos, o impedir ejecutar resoluciones judiciales firmes deslegitiman a los que así actúan y con ello exteriorizan su ignorancia sobre los valores que deben inspirar la convivencia democrática”. Se puede decir más alto, pero no más claro. Quizá por ello, nadie del Partido Socialista salió ayer a la palestra para valorar estas palabras.

Tampoco hubo quien saliera en defensa de la Delegada del Gobierno en Madrid, Dolores Carrión, quien se sentará en el banquillo para explicar por qué autorizó la marcha laicista pese a existir informes policiales que alertaban sobre la peligrosidad que entrañaba su recorrido, sugiriendo otros alternativos. También pende sobre la señora Carrión la denuncia de pasividad ante los desafueros protagonizados por los miembros del 15-M, tanto en los días previos a las elecciones autonómicas y municipales como en los inmediatamente posteriores aunque, en su descargo -atenuante, que no eximente- cabría señalar que quizá las responsabilidades haya que pedirlas a un nivel superior. Y por aquel entonces, el ministro del Interior era Alfredo Pérez Rubalcaba. Sea como fuere, lo que no puede volver a pasar es que una administración pública haga dejación de funciones y permita que se conculque la ley de modo flagrante e ignore resoluciones de la Junta Electoral Central, el Supremo y el Constitucional, como así ha sucedido. Y ello es gravísimo: un país sin seguridad jurídica se coloca en otra categoría y se sitúa en otras latitudes. Fuera de Europa.