SENSUS COMMUNIS
Jueves 29 de septiembre de 2011
Javier Zamora considera que hay que ser conscientes de que la carencia de regulación y la pasividad ante los paraísos fiscales pueden llevarnos a la ruina.
En la convulsa Europa de 1933 decía el filósofo José Ortega y Gasset que “no sabemos lo que nos pasa y esto es precisamente lo que nos pasa”. Esa misma sensación sentimos ante la crisis actual, que es mucho más que una crisis económica, pues implica también la puesta en cuestión del modelo sociopolítico y de los valores hasta ahora vigentes. Buscamos y encontramos causas de nuestra situación, pero ninguna ni el conjunto de ellas nos son suficientes para explicar el porqué de adónde hemos llegado ni entender adónde nos dirigimos ni si hay remedio para recuperar el bienestar y la seguridad perdida y, ya siendo utópicos, idear un futuro mejor, que es lo que ha pretendido siempre cualquier sociedad.
Las hipotecas basura y su efecto negativo en los balances de las entidades financieras en Estados Unidos que trajeron la quiebra de varios bancos y el hundimiento del mercado inmobiliario y laboral y con ello arrastraron al conjunto de la economía norteamericana y de buena parte del resto del mundo, el problema de la deuda pública de algunos países europeos, el gran endeudamiento de la banca española para financiar la enorme deuda privada, la arriesgada exposición de los bancos europeos (especialmente alemanes y franceses) a la financiación de los déficit presupuestarios de otros socios de la Unión Europea y de sus bancos, la especulación bursátil en juegos de artificio con todo tipo de productos, la deslocalización de las industrias de la Europa occidental, la elevación del coste de las materias primas y de los alimentos básicos por el crecimiento de los BRIC (Brasil, Rusia, India, China y otros países) y la especulación con sus precios son algunas de las causas evidentes de la crisis, pero por debajo de ellas hay factores más profundos que da la impresión de que no queremos ver o no nos atrevemos a plantear abiertamente.
Por ejemplo, las bolsas han modificado de raíz la función que cumplían y, en gran medida, se han transformado en un casino donde se apuesta a corto plazo sin tener en cuenta una visión que vaya un poco más allá del movimiento especulativo del dinero. Los paraísos fiscales permiten que los capitales se refugien tras acantilados legislativos insalvables por una estructura internacional basada en soberanías nacionales que ya no responden ni eficaz ni eficientemente a los retos y problemas del mundo globalizado en que vivimos. La economía se ha impuesto a la política y el principio del libre mercado ha servido de timón a fondos especuladores capaces de noquear la economía de un país y de poner en riesgo la unión económica y monetaria que, con ímprobos esfuerzos, algunos egregios hombres europeos han construido laboriosamente durante medio siglo.
No se trata de echar a la basura el liberalismo económico, pero sí de ser conscientes de que la carencia de regulación y la pasividad ante los paraísos fiscales pueden llevarnos a la ruina. La economía no es independiente de la política, sino una parte de la misma. Aun siendo conveniente conservar como principio rector la libertad económica, conviene que la política diseñe un nuevo marco que impida la especulación, por ejemplo, prohibiendo inversiones a muy corto plazo o los malabarismos a la baja a que algunos fondos apuestan y, también, ¿por qué no?, cualquier transferencia desde paraísos fiscales para impedir que los países que todavía viven de la ocultación del dinero ennegrecido faciliten, con la niebla financiera que producen, que el barco de la economía mundial encalle.
Estas medidas no puede aprobarlas un país solo, o carecería de eficacia si lo hiciera, sino que requieren del concurso coordinado de las grandes economías del mundo, por lo menos de las occidentales. La Unión Europea podría tomar la iniciativa si por fin se decidiera a cumplir la promesa que desde hace siglos anuncia ser, es decir, una verdadera unión política sobre la base de una soberanía europea en la que se disuelvan las soberanías nacionales.
El concepto de soberanía tal y como se ha entendido en los últimos dos siglos ha caducado porque las soberanías nacionales son insuficientes para afrontar los retos de la sociedad global. No tiene sentido que los acuerdos tomados en la Unión hace más de un mes tengan que ser ahora sometidos a cada Parlamento nacional para ser ratificados, corriendo el riesgo de que una parte mínima de europeos puedan bloquear al conjunto en una situación que requiere de agilidad y prontitud en la respuesta.
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