Jueves 06 de octubre de 2011
Un ex parlamentario autonómico del PP y otro hasta ayer en activo del BNG han sido los dos últimos casos de políticos que tienen que dejar su cargo por verse envueltos en un caso de corrupción. El supuesto cobro de comisiones irregulares en Lugo salpica también a José Blanco, sobre quien ha recaído la acusación de estar también implicado en tratos con el empresario Jorge Dorribo. Blanco ya ha anunciado que presentará una querella para defender su honorabilidad, recalcando su inocencia.
Y no le falta razón. Hasta que se demuestre lo contrario, José Blanco es inocente. Bien es verdad que las informaciones aparecidas en el diario El Mundo le colocan en una situación bastante comprometida, pero no es menos cierto que al señor Blanco, como cualquier ciudadano español, le asiste el derecho a que se respete su presunción de inocencia. Presunción que deben respetar también sus adversarios políticos; así, por más que Soraya Sáenz de Santamaría deba fiscalizar como oposición la labor del ministro, no puede caer el lo mismo que Blanco ha hecho hasta ahora, acusando a gente que al final ha resultado ser inocente.
Quizá ahora tanto él como algunos destacados miembros de su partido reparen en la necesidad de no violentar el tempo de la acción judicial. El y otros compañeros suyos no han vacilado en arremeter duramente contra quienes ellos estimaban que habían delinquido, sin que hubiera resolución judicial alguna al respecto. Es lo que ha pasado con personas inicialmente vinculadas a casos como “Gürtel” y que, posteriormente, se acreditó que nada tenían que ver. Su reputación está ya marcada por los comentarios de Blanco y los suyos. Ellos no lo merecían; de momento, Blanco tampoco.
TEMAS RELACIONADOS: