Domingo 09 de octubre de 2011
Se prevé que en la próxima década España pierda medio millón de personas, según las estimaciones recién publicadas por el Instituto Nacional de Estadística. Se trataría de la primera vez que la población española decrece, en vez de aumentar, desde que comenzaron a hacerse estos registros a comienzos del siglo pasado. El ritmo de crecimiento de 7 millones en la década pasada resultaba obviamente insostenible, pero el brusco retroceso que nos aguarda implica situaciones que será necesario afrontar con inteligencia.
Habrá un descenso de la natalidad motivado en primer término por la disminución del número de mujeres en edad fértil, producto de la crisis de nacimientos en la década de los ochenta y principios de los noventa. Aquella época coincidió con una notable incorporación de la mujer al mercado laboral, sin que se tomasen las medidas necesarias para compaginar la maternidad con el trabajo y el desarrollo profesional de la población femenina. No está de más recordar que fue en aquella época cuando se establecieron las primeras cuotas de ministras, cuya procedencia era la militancia feminista, que no aportaron ninguna solución real a ese grave problema de la conciliación. Veinte años después, sus hijas estarán abocadas a enfrentarse a ese mismo injusto dilema: trabajo o maternidad, o a sobrellevar ambos con un inaceptable sobreesfuerzo frente a la población masculina. Ni la sociedad en su conjunto, ni las sucesivas administraciones, ni las dirigentes autoproclamadas como defensoras de la igualdad han llevado a cabo reformas que en otros países de nuestro entorno europeo han dado excelentes resultados. Más que abrir polémicas ideológicas tan crispantes como intrascendentes en torno al feminismo, cabe reclamar soluciones reales y pragmáticas para que esta segunda generación de mujeres no se vea arrastrada a una nueva crisis de natalidad y pueda desarrollar sus cualidades profesionales sin renunciar a la maternidad ni asumir un sobrecoste inaceptable a la altura del siglo XXI.
Hay más razones para la inminente caída de la población. La población envejece y se prevé un incremento de fallecimientos hasta sobrepasar a la natalidad. Las leyes de ayuda a la dependencia podrían contribuir a paliar muchos de los dramas cotidianos que esta situación provoca, pero la bancarrota a la que nos ha conducido la nefasta gestión de los últimos tiempos desprovee a estas leyes de los recursos necesarios para que se apliquen con auténtica eficacia y no queden en una mera retórica demagógica.
A las causas anteriores se le sumará previsiblemente un radical cambio en los flujos migratorios. Ya se deja sentir el estancamiento en la llegada de inmigrantes y los primeros datos del retorno de muchos de ellos a sus países de origen. La transfiguración del mapa migratorio se completa con un nuevo dato sangrante: se reactiva la emigración de españoles a países extranjeros. España ha sido tradicionalmente un país de emigrantes. Pero la emigración que ahora comienza tiene grandes novedades. En el siglo pasado salió de España mano de obra no cualificada hacia los campos franceses y la industria centroeuropea, que mandó grandes remesas de divisas y retornó con cualificaciones profesionales que antes no tenían. Ahora, por el contrario, la emigración afectará eminentemente a la joven población universitaria y sacará del país a buena parte de los mejores profesionales de las nuevas generaciones. En otras palabras: España está perdiendo capital humano y financiando el coste de formación de gentes preparadas que luego se sientan en otro lugar. Un hiriente desarraigo que neutralizará grandes esfuerzos educativos y nos privará de una parte importante de nuestro capital humano.
Estos son los dramas que subyacen bajo las frías cifras de la próxima pérdida de población, que habrá que cargar en el “haber” de la herencia que nos deja la forma de hacer política en la era de Rodríguez Zapatero.
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