Banco de España y la regulación económica

El Banco de España es una gran institución, una Gran Institución. Posiblemente la más fiable, seria y solvente que tenemos en nuestro país. Con todos los honores, debería haber figurado en la propia Constitución.

Ha prestado servicios imponentes a los ciudadanos – ahorradores, depositantes…- y logró ella sola que los índices de solvencia de nuestra Banca figuren entre los más altos del mundo civilizado, impidiendo así la crisis en que, claramente, incurrieron otros bancos de países de la Unión Europea.

Todos sus Gobernadores han sido personas solventes, sólidas e incluso clarividentes.

Ahora, no obstante, arrecian algunas críticas como consecuencia de que no adoptó las medidas necesarias, previstas en su propia Ley y en la de Disciplina e Intervención sobre los ejecutivos que pese a quebrar las Cajas de Ahorros (dos al menos, tres probablemente) en que se encontraban, se han colocado, en un régimen de autocontratación, unos “paracaídas de oro” que causan escándalo y que constituyen un clamor social y profesional porque sean corregidos.

Algo pudo hacer, desde luego, esta gran institución, legislación en mano. Lo que esperamos es en todo caso, que lo haga, que adopte todas las medidas necesarias para que se recupere íntegramente la confianza en una institución que, a buen seguro, con mano firme acabará reordenando el sistema para evitar que continúen las críticas y no nos hundamos en el caos de la desconfianza. Son muchos los que miran al Banco de España para que reaccione. Y somos muchos los que estamos seguros de que lo hará.

Un problema actual de la regulación económica es que tiene que adoptarse, como mínimo, en el plano europeo y en muchas ocasiones, inclusive en el ámbito mundial. Basilea III es un ejemplo de esto último, a la postre.

Ahora bien, ¿cabe pese a todo regular en el plano nacional mientras estamos a la espera de que la Unión Europea o instituciones mundiales lo hagan? Recuerdo bien una de las últimas entrevistas que ofreció el añorado profesor Rojo en la que decía que intentó en la reunión de Gobernadores de los Bancos Centrales Europeos que utilizaran mayores exigencias de solvencia a la Banca, al modo español, para así protegerlas frente a eventuales crisis. La respuesta fue nula por parte de los demás, pero pese a todo, aquí se hizo.

La lección a aprender es pues que aunque el nivel óptimo de regulación es siempre internacional y como mínimo europeo, sí caben subóptimos, segundas buenas opciones, que suponen que la regulación puede hacerse, también, en el plano nacional aunque los demás no lo hagan.

Por tanto, hay que pedirle al Banco de España que infunda confianza en el sistema financiero y especialmente en los depositantes, ahorradores, instituciones, etc., mediante regulaciones que de una u otra manera, aborden problemas importantes que hoy son piedra de escándalo y que limitan e incluso laminan la confianza en las Instituciones.

Así, la cuestión de la puerta giratoria o “revolving door”: bastaría aplicar una legislación semejante a las incompatibilidades en el sector público a quienes sirvan en Agencias de calificación, por ejemplo, para resolver un tema que está en la base de los conflictos de intereses que son la causa última que ha llevado a que estas Agencias califiquen con triple A+ a entidades que al día siguiente quebraban. Y no es una teoría simple la que propongo. El problema está en que, casi siempre, el Ministerio de Economía, a la hora de crear grupos de estudio sobre códigos de conducta, ha llamado a privatistas y nunca a administrativistas para resolver los temas de conflictos públicos, como son éstos. Ha puesto al zorro a cuidar de las gallinas, con lo cual, entre los grandes bufetes – protectores de sus clientes actuales y potenciales – y mercantilistas (idem, eadem, idem) no han querido buscar soluciones que con una reforma legal, habrían dado un buen resultado.

O por ejemplo, el caso de las sociedades de tasación: habría bastado con una reforma nacional en la que quedara claro que cuando un porcentaje de subastas judiciales adjudicaran los inmuebles con una fuerte depreciación porcentual sobre el valor de tasación, se impondrían sanciones tanto societarias como personales – impedir en definitiva que continuaran en el negocio durante un número de años – para lograr ese objetivo.

Y así sucesivamente.

El Banco de España, al igual que el Ministerio de Economía, confía más en los iusprivatistas que en los administrativistas. Pero esto se está demostrando que es un error grave. Propuestas de soluciones hay, sin duda alguna. Propuestas que pueden servir luego de base a una legislación comunitaria, pero que mientras tanto, en todo caso, ayudarían a recuperar la confianza.

La confianza es del público y eso exige instrumentos de derecho público. No se puede continuar con soluciones a muy largo plazo, que en su infinita y tardía llegada, nos encontrarán a todos muertos. El Derecho público, desde su base, desde el comienzo de las operaciones de negocio, desde la cuna misma en que han de mecerse los futuros negocios, tiene que incorporarse para dejar claro los límites en que pueden actuar. Si estos Bancos y Cajas no pueden quebrar, es porque se les considera, en medida no desdeñable, instituciones públicas. Pero por eso mismo no pueden jugar a ser privadas como si con ellas no rezara ese bien público que es la confianza y pensaran que ya se confiará en nosotras que para eso está el Estado. Socializar las pérdidas y privatizar las ganancias es el juego actual, consecuencia de una visión privatista del mercado. Pero el mercado es una institución, no una jungla. Y eso exige reglas. Y las reglas las establece la autoridad. Y eso, aunque no les guste a los regulados, se llama Derecho público.

Ya está bien, ya es suficiente, de confiar en la autonomía de la voluntad de quienes no tienen otra voluntad que hacer favores y llevarse la caja (cuando no La Caja) a casa. Más reglas, más instituciones, pocas, claras y firmes unas y otras y desde luego, que se apliquen de una vez.