Turquía: golpe de estado judicial

La decisión del Tribunal Constitucional turco de admitir el caso contra el Gobierno neo islamista y pro europeo- presentado por el establishment laicista militante - podría poner en peligro la ya complicada entrada del país en la Unión Europea. Como un férreo defensor de la entrada de Turquía, veo la decisión del Tribunal como una triste pero apenas sorprendente decisión.

El secularismo rígido fue derrotado en las últimas elecciones generales cuando el partido de Recep Tayyip Erdogan, el AKP, ganó el 46% del voto (34% en 2002). Incapaz de ganar el poder en las urnas, el establishment laicista -que engloba varios partidos, las fuerzas armadas, el sector judicial y parte del servicio civil, entre otros- está ahora tratando de desbancar al Gobierno mediante la petición al Tribunal Constitucional de la ilegalización del AKP y la inhabilitación de sus líderes de la política durante cinco años por actividades anti-seculares que amenazan al laicismo del Estado consagrado en la Constitución. Entre la débil evidencia presentada contra el Gobierno por el jefe fiscal del Tribunal de Apelaciones, es permitir que está la abolición del veto las estudiantes universitarias (no las profesoras) puedan llevar el velo musulmán a clase en las universidades (Turquía era el único país del Consejo de Europa que no permitía a sus ciudadanas llevar el pañuelo islámico en las universidades).

Las fuerzas armadas se enfrentaron al Gobierno el pasado verano antes de las elecciones generales- cuando plantearon un golpe de estado virtual, que consistió en una declaración en su página web oponiéndose al ministro de Asuntos Exteriores de Erdogan, Abdullah Gul, como el candidato de la AKP a ser presidente por llevar su mujer (y la de Erdogan) velo islámico. De una manera astuta Erdogan resolvió esta crisis pidiendo elecciones generales e incrementando su cuota de voto y Gul fue nombrado presidente por el nuevo parlamento. Esto significó un gran bofetón en la cara de las fuerzas armadas.

El Gobierno socialmente conservador del AKP –único en el mundo musulmán y que muchos otros países musulmanes podrían copiar– ha hecho más para modernizar política y económicamente Turquía en los últimos seis años que todos los gobiernos precedentes en los 15 años anteriores, pero también ha sido resistente a cambios –por ejemplo, todavía no ha sido capaz de eliminar el infame artículo 301 de su código penal, bajo el que los escritores (incluido el premio Nobel en 2006 Orhan Pamuk) son perseguidos por el crimen de insultar a la nación turca.

El tribunal tardará al menos cinco meses antes de emitir dictamen y durante este periodo se agudizará la parada de reformas que Turquía necesita.