El penúltimo atropello al Estado de Derecho

Realmente esta IX Legislatura no ha podido acabar con peor sabor de boca desde el punto de vista jurídico-constitucional. A parte de meter a calzador una absurda, innecesaria y precipitada reforma constitucional, la del ya famoso artículo 135 CE; prácticamente disueltas las Cámaras conocemos que en el BOE del pasado 23 de septiembre se publica la Ley Orgánica 12/2011, de 22 de septiembre, que modifica, nada menos, la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985, concretamente sus artículos 351. f), 356. f) y la disposición transitoria 8ª apartados 6 y 7.

Hay que recordar que las leyes orgánicas exigen para su aprobación, mayoría absoluta del Congreso de los Diputados (176 escaños) y que nos referimos a una de las leyes claves en nuestro entramado constitucional, la ley que regula nada menos que al poder judicial, principal garante del Estado de Derecho, de la separación de poderes y del imprescindible control al poder político y ejecutivo. Pues bien, en esencia, la finalidad de tan precipitada reforma -no contó con el obligatorio dictamen del Consejo General del Poder Judicial, se tramitó a última hora y en el Senado como una enmienda a una ley ordinaria que nada tenía que ver con la materia: la ley reguladora del jurisdicción social- es regular legalmente el cauce para permitir el retorno privilegiado de jueces, fiscales y secretarios judiciales que ejercen cargos políticos. Dicho con palabras más claras, si cabe, se modifica la LOPJ para que los jueces, fiscales y secretarios judiciales que ya están en la política, puedan retornar en el futuro sin problemas a sus profesiones, sin perder antigüedad y con el privilegio de tener preferencia a la hora de elegir destino. Claro, la Ley debe tener efectos retroactivos pues está pensada para personas que ya se encuentran en esta situación y que buscan garantizarse su futuro retorno.

Estamos sin duda ante un atropello en toda regla a la separación de poderes y a la esencia del Estado de Derecho. Mezclar justicia y política es un verdadero contra sentido, y sin duda debe ser un viaje, si se quiere, de ida, pero jamás de vuelta. Los jueces son jueces y controlan, entre otras cosas, la labor de los políticos. Jueces que dejan la judicatura para cumplir una vocación política, no me parece mal y puede ser legítimo, pero sinceramente no veo posible un retorno a la labor imparcial, independiente y neutra que todo juez o magistrado debe realizar. Uno puede ser juez y luego político, pero no juez, político y nuevamente juez. Su imparcialidad y objetividad estarían ya en entredicho y su bagaje político siempre podría ser utilizado para criticar o cuestionar sus resoluciones judiciales. No hay necesidad para llegar a este punto.

De hecho, en esta cuestión el rechazo de todas las asociaciones judiciales ha sido unánime, también en el mismo sentido se ha manifestado la Plataforma Cívica por la independencia judicial, que exige, con buen criterio, que el Consejo General del Poder Judicial, como órgano de gobierno de todos los jueces, manifieste su protesta por quedar marginado de tan importante proceso de reforma de la LOPJ. Como era de prever, en esta cuestión como en tantas otras lamentables de nuestra vida pública, PSOE y PP han ido de la mano, en esto se ponen rápido de acuerdo.