Los empresarios tienen un plan para España

La CEOE ha aprobado un documento que se llama “Soluciones de los empresarios para afrontar la crisis”. El documento ha caído en el Ministerio de Trabajo como una bomba, y el ministro Valeriano Gómez ha intentado desactivarlo. Pero sus propuestas, agrupadas en cuatro ámbitos, llenan un vacío y merecen atención.

1 El ámbito fiscal. La CEOE propone a los partidos políticos reducir el gasto y hacer lo mismo con los impuestos. Por lo que se refiere al gasto, la CEOE no sale del fácil recurso a pedir una Administración más efectiva, con menos consumo corriente. Y habla en términos generales de reducir el peso del sector público, pero no propone áreas concretas. La razón es clara: Muchas de las empresas que forman parte de la patronal tienen al Estado como principal cliente, o uno de los más importantes. También se ofrece para colaborar con el Estado en funciones que realiza sin su concurso.

Por lo que se refiere a los impuestos, no propone nada que se salga del statu quo, pero sí rebajar la fiscalidad sobre el ahorro, reducir el Impuesto de Sociedades y las cotizaciones sociales. El problema con estas propuestas es que, aunque son razonables, no forman parte de un plan pensado para el conjunto de la economía, y parecen (o más bien son) meras exigencias en concordancia con la defensa de los propios intereses. Veremos que esta es una nota dominante en el documento.

Por último, quiere el estricto cumplimiento de la ley de morosidad por parte de los distintos niveles de la Administración, más el reconocimiento de todas las deudas que tiene con las empresas y un calendario para los pagos.

2 El ámbito laboral. Los empresarios quieren simplificar las formas de contratación. También buscan una reducción del coste de despido (que, como hemos explicado aquí, es un coste de la contratación) hasta 20 días por año trabajado, y en un cómputo máximo de doce meses. También piden acabar con la contratación colectiva. No lo dicen así, pero piden que las empresas puedan descolgarse de los convenios colectivos si hay acuerdo entre las partes para hacerlo. Por lo que se refiere a los salarios, quiere eliminar la referencia a partir de la inflación (lo que los economistas llaman indexación) y un pacto de moderación de salarios. La última gran propuesta en este ámbito consiste en recuperar la vieja reivindicación de la CEOE de hacer una Ley de Huelga.

3 Empresarialidad. Otro ámbito atendido por el documento es el que se refiere a las condiciones de la actividad empresarial. La llamada a la unidad de mercado ha ido creciendo en los últimos años, y se oía ya en la época de Aznar. La CEOE pide una Ley de Garantías de la unidad de mercado. También muestra su preferencia por simplificar las cargas administrativas y por reformas como las ventanillas únicas.

Los empresarios necesitan el crédito para funcionar, y en la actualidad está muy restringido. Las perspectivas para el año que viene, a no ser que se reduzca el déficit público muy rápidamente, son muy negativas. Por un lado porque la banca tiene unas obligaciones de casi 120.000 millones de euros, más del triple que las de 2011. Y en segundo lugar porque el reconocimiento de la quiebra de Grecia y puede que de más Estados obligará a la banca europea a hacer más esfuerzos en la recapitalización, lo que restringirá aún más el crédito. Los empresarios piden que este proceso concluya, pero es más la vana expresión de un deseo naïf que una propuesta.

Una rama muy importante de la mejora de la empresarialidad en España pasa por la internacionalización, a la que la CEOE le otorga la importancia que merece. Pero quiere apoyos por parte del Estado con dinero público, lo que choca con la necesidad de reducir el Gasto Público que la propia CEOE reconoce deseable. También plantea mejoras fiscales, eliminación de ciertas restricciones financieras más la coordinación entre diversas administraciones en este ámbito. Por último, son muy conscientes de que la figura del empresario está muy denostada y desprestigiada, y buscan una rehabilitación social para ella.

4 Fututo. El último gran capítulo de las exigencias empresariales se refiere a varios ámbitos que miran más al futuro que a las actuales dificultades. De ellos, los más importantes son tres. La inversión en I+D+i exige, a su juicio, una mejor fiscalidad. También plantean un plan de desarrollo digital nacional. La energía es el segundo de los ámbitos de futuro de relevancia. Piden que haya una seguridad jurídica que permita hacer inversiones que, como las de la energía, son a muy largo plazo. Y por lo que se refiere a la educación, hacen una propuesta muy importante, no sólo desde el punto de vista económico: Quieren mayor ámbito de decisión por parte de las familias y una mayor libertad de empresa en la educación. También plantean una mejora de la formación profesional. Buscan profesionales con mayores conocimientos tecnológicos y más versados en idiomas.

Como se ve, son propuestas sueltas, más relacionadas con los intereses de las empresas que con una visión de reforma general del país. Quizá se estén limitando a cumplir con su papel, pero eso también les resta credibilidad. El ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, ha reaccionado pidiendo a los empresarios que no intercedan en política. Como si no fueran ciudadanos con tanto derecho como los organizados en otras asociaciones para plantearle a los partidos reformas que consideran beneficiosas. Algunas de ellas podrían ser asumidas por los dos partidos mayoritarios. En cualquier caso, alimentan el debate sobre las reformas necesarias, que en España no ocupa el lugar que debiera.