Las armas

La satisfacción que provoca el hecho de que una banda terrorista, que lleva en su mochila criminal casi mil asesinatos, haya decidido dejar la “lucha armada” no debe llevar a los demócratas a salirse de los límites que la prudencia aconseja. Hay muchos indicios para pensar que esta vez sí va en serio, después de tantos engaños y tramposas treguas. El Gobierno debe tener información que así lo indica, y es seguro también que la ha compartido con el jefe de la oposición, quien, además, si las encuestas electorales no yerran, será el encargado de gestionar la nueva etapa tras las elecciones del 20 de noviembre. Pero si ETA ha llegado a una decisión internamente costosa porque supone reconocer el rotundo fracaso de su estrategia, no es porque de pronto sus dirigentes se han vuelto almas angelicales y han descubierto la luz de la democracia, sino porque la contundente lucha antiterrorista llevada por los gobiernos español y francés y la eficacia policial y de fiscales y jueces tienen acorralados a los terroristas, los cuales son conscientes de que lo más probable es que acaben en la cárcel si continúan con sus acciones sanguinarias, echando a perder muchos años de sus vidas.

Evidentemente, en la decisión de ETA también ha influido el malestar entre los miembros del nutrido colectivo de presos, los cuales veían que de seguir la banda terrorista por la vía criminal difícilmente podrían acogerse a medidas más benevolentes de política penitenciaria. Igualmente ha pesado el nuevo clima social en el País Vasco, cada vez más adverso a la violencia, que ha impregnado asimismo el discurso de la izquierda abertzale desde hace unos años. Su aceptación de las reglas de la democracia, por lo menos formalmente en tanto que prefieren las urnas a las pistolas, no debe hacernos olvidar a los demócratas que no sólo se han combatido sus métodos violentos sino también sus ideas totalitarias.

Ahora sabemos que la Conferencia de Paz de San Sebastián no era sino una lamentable pátina internacionalista de los que se prestaron a actuar de teloneros del comunicado de la banda terrorista, asumiendo esencialmente su discurso, pero los demócratas no pueden olvidar que en la allí denominada “confrontación armada”, unos, los terroristas, eran quienes utilizaban las armas y asesinaban, y otros, los demócratas, eran quienes se defendían con las posibilidades que otorga el Estado de Derecho. ETA ha dado un primer paso anunciando que ya no recurrirá a la violencia para intentar imponer sus objetivos, pero ese paso es a todas luces insuficiente después de medio siglo de causar dolor y de intentar doblegar a las instituciones, democráticas desde hace más de treinta años, por el terror. No lo ha conseguido.
Soy de los que piensa que en una democracia no cabe negociación con una banda terrorista porque sería pervertir la esencia misma de este sistema político cuyo diseño ha costado varios siglos. Desde luego no cabe, en ningún caso, negociación sobre cuestiones políticas, las cuales, en un país democrático, se tienen que resolver por otros cauces: los que la soberanía se ha dado a sí misma en la configuración constitucional del Estado. El Gobierno y el resto de instituciones no pueden dejar de perseguir los delitos que se han cometido ni de aplicar las sentencias que han dictado los tribunales. A lo más que se puede llegar es a leer más flexiblemente algunas medidas de política penitenciaria para cada caso concreto y a que el nuevo Parlamento –sería de agradecer que por acuerdo unánime de las fuerzas democráticas– legisle algún tipo de beneficio penitenciario para terroristas que expresamente renuncien a la lucha armada y resarzan las consecuencias de sus crímenes. Mas para llegar a este punto, lo primero que hay que exigir a ETA es que vaya más allá de ese comunicado lleno de tópicos de la vieja retórica abertzale. Es comprensible, dentro de su lógica irracional, que ETA intente presentar su derrota como una victoria para construir un relato histórico en el que no quede del todo mal parada. Los nacionalistas son expertos en la construcción de relatos históricos y en la invención de mitos. Tristemente a ello han contribuido algunos nombres de cierto prestigio internacional que llegaron a San Sebastián como caídos del cielo la semana pasada, pero nadie se va a dejar engañar, ni siquiera esa voz algo temblorosa e insegura que leyó el comunicado oculto tras una capucha.

A ETA hay que exigirle la entrega de las armas y la identificación de sus pisos francos y de sus activistas. Lo que han hecho, siendo muy importante y congratulándonos todos por ello, puede quedarse una vez más en verborrea fraudulenta si no hay hechos que permitan constatar la intención de la banda terrorista de no volver a matar ni a utilizar otras vías violentas como la extorsión económica y los secuestros. Todos sabemos que las palabras puede llevárselas el viento. Mientras ETA no haga esto, cualquier movimiento de las fuerzas democráticas será precipitado. Afortunadamente, las palabras del presidente del Gobierno, del ministro del Interior y de Rajoy parecen indicar que la prudencia seguirá siendo la guía de las políticas del Gobierno español y que la ley sigue siendo el único camino y que la persecución de los que han delinquido no cesará. Esta firmeza en los principios es el mejor homenaje a las víctimas, más que la tantas veces reiterada en estos días católica petición de arrepentimiento y de perdón.