Lourdes López Nieto | Miércoles 26 de octubre de 2011
La profunda crisis que sufre España y que comparte con muchas naciones occidentales, abarca diversos ámbitos. En tales circunstancias se acumulan diagnósticos y propuestas de reforma que los líderes políticos han de jerarquizar y ordenar. Quienes reconocen los valores de la historia, encuentran en ella fundamentos y anclajes para abordar los conflictos presentes, sin que por ello se obvien los recursos innovadores del momento presente.
Cuando asistimos a nueva oleada de críticas a partidos y políticos, se impone la reflexión y la búsqueda del origen de los problemas políticos, muchos de los cuales tiene claros precedentes. Esto ocurre con las múltiples manifestaciones de la actual “malquerencia” de los ciudadanos hacia sus representantes que se plasman en las encuestas nacionales y euro-barómetros. También han surgido demandas políticas de origen ideológico diverso, que han cristalizado en forma de documentos de fundaciones, asociaciones, think-tanks, consultorías y grupos de comunicación, que no son nuevas. Tampoco lo son otras manifestaciones críticas que han dado lugar a la formación de movimientos y partidos políticos de carácter populista, incluso antisistema.
La mayoría de las iniciativas para contener el gasto público se han centrado en plantear propuestas que reduzcan el tamaño de las administraciones, aunque apenas han reflexionado sobre el origen del problema. ¿Por qué han crecido tanto?. Recordemos que los gobiernos autonómicos “constituyentes”, casi todos socialistas menos en Cataluña y País Vasco, optaron por copiar y reproducir la estructura de la Administración General del Estado (AGE). Después la mayoría de los ayuntamientos, comprobaron una vez más, que el principio constitucional de autonomía local quedaba paralizado en manos de los gobiernos regionales. Ante este paradójico proceso centralizador, optaron por asumir las denominadas “competencias impropias” para cuya gestión también se reprodujo el modelo administrativo de la AGE. Además, el gobierno nacional en 1984 decidió modificar el modelo de reclutamiento de los empleados públicos y así poder tutelar tanto la AGE como las nacientes administraciones autonómicas. Para ello creó por primera vez en la historia de España un ministerio al que se adscribieron todos los empleados públicos. Ello permitió unificar sus cuerpos y escalas, crear puestos de trabajo, vincular las retribuciones a estos y decidir la oferta pública de empleo. El resultado de todo ello, fue que el crecimiento neto de los empleados públicos entre 1982 y 1991 fue de 682.000 trabajadores, restados los transferidos a las administraciones regionales.
Al comienzo de los años noventa los países escandinavos, donde el estado de bienestar había alcanzado mayor desarrollo, habían comenzado a buscar nuevas fórmulas de prestación de servicios públicos debido a la crisis económica. Sin embargo en España los gobernantes de entonces, idearon e introdujeron nuevas estructuras orgánicas para la prestación de servicios públicos, vinculados a viejos y nuevos derechos. Recordemos que este hecho indujo a M. Fraga a proponer la “ventanilla única” para tratar de paliar la concurrencia de administraciones, iniciativa que se obvió. Poco a poco se institucionalizaron, también en los grandes municipios, la universalidad y gratuidad de derechos universales y otros de nueva generación (niños, jóvenes, ancianos, minorías diversas…). Su número se amplió y diferenció según el territorio y el grado de “buenismo” de los correspondientes gobernantes. Este es el contexto que encuentran los nuevos presidentes autonómicos y alcaldes populares. Después, superada la crisis económica de los noventa, España se convirtió en un país de nuevos ricos. ¿Qué ocurrió? Pues que poco a poco los dirigentes populares se contagiaron del citado “buenismo” ante la inercia y ventajas del “cartel de partidos de gobierno”. A ello se sumó la presión de sus adversarios y el peso de la cultura de súbdito de muchos españoles y residentes en España. Se crearon nuevos subsidios, como el denominado de emancipación para jóvenes y se extienden otros, en muchos casos sujetos a exiguas responsabilidades. Por ejemplo, en muchos casos el requisito para conservar becas para universitarios concedidas por centros y administraciones territoriales, consiste en examinarse ya que no están sujetas a aprobar. Otro ejemplo es el uso inapropiado y fraudulento de recetas, prestaciones médicas y demás servicios sociales. La combinación de los citados factores ha tenido como consecuencia que además de los empleados de la AGE, las administraciones autonómicas han pasado de 45.000 empleados a un millón seiscientos mil y las municipales han aumentado en casi 500.000 (enero 2010). Otro efecto ha sido que “los derechos corren el riesgo de convertirse en víctimas de su propio propio éxito” y además ”… Cuanto mayor sea el número de derechos reconocidos, más probable es que resulten contradictorios entre si” (M. Cartabía, Revista de Derecho Político nº 8, UNED, 2011).
¿Cabe relacionar estas reflexiones con otros precedentes históricos? Cuando se han de acometer en España reformas y recortes tras las próximas elecciones generales que coincidirán con el bicentenario de la Constitución de 1812, vale la pena recordar un episodio ocurrido al comienzo del debate constitucional. Se acordó cambiar del preámbulo el término “bienestar de toda la nación“ y sustituirlo el “bien de toda la nación”. Aquellos diputados aceptaron los argumentos de algunos constituyentes que consideraron que “bienestar era un deseo…relativo a una familia, a un individuo y nunca a una comunidad, y menos a una Nación” (www.centrodeestudiosconstitucioanles.es ).