Domingo 30 de octubre de 2011
Libia afronta un nuevo destino, tras el final del tiránico régimen de Gadafi. Muerto el dictador, queda una ardua tarea por delante, cual es la de levantar los cimientos de un nuevo estado. Pero antes de eso, quienes cometieron todo tipo de atrocidades durante las últimas décadas han de ser puestos a disposición de la justicia. Tal es el caso de Saif al Islam, hijo de Gadafi y una de las voces más autorizadas del régimen, que podría estar negociando con la Corte Penal Internacional su entrega.
Es lo que corresponde. Saif al Islam debe pagar por todos sus crímenes; y también su padre, de no haber sido asesinado. Es comprensible el estado de indignación del pueblo libio hacia quien tanto daño hizo durante más de cuarenta años, pero ello no es óbice para hacer lo que hicieron con Gadafi: una venganza comprensible pero no justificable. Con semejante modo de proceder, se pusieron a su altura, y eso es precisamente lo que un estado de derecho no puede tolerar.
Según el artículo 7 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, “todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley”. Incluso Saif al Islam. Por atroces que puedan resultar sus crímenes, hasta él tiene derechos, esos mismos que negó sistemáticamente a miles de compatriotas suyos, hoy muertos o desaparecidos. Las nuevas autoridades libias han de elegir entre seguir con los métodos de Gadafi u optar por la senda del respeto a los derechos humanos.
TEMAS RELACIONADOS: