Un nuevo "cartismo" que exige claridad a sus representantes

En la buena tradición parlamentaria británica se dio mucha importancia al derecho de petición. Cualquier británico podía pedir por escrito a su “miembro del Parlamento” que le informase y le atendiese sobre asuntos políticos de variada índole. Me parece saludable intentar actualizar esa tradición, de la que surgió “el cartismo” (“chartism”), un movimiento que exigió la plena democratización parlamentaria y que fue paralelo a las grandes transformaciones (y crisis económicas) del primer capitalismo industrial.

Como elector me gustaría que mis posibles representantes me pidiesen mi parecer sobre ciertos asuntos políticos. Creo que somos muchos los que pedimos que termine de una vez los inútiles enfrentamientos en temas sobre los que tienen, en la práctica, coincidencias muy notables.

Si los partidos que pueden gobernar, están de acuerdo en mantener la prioridad en los gastos en educación, sanidad y pensiones –las claves de nuestro Estado democrático-, que lo digan con toda claridad. Se les pide un compromiso sobre las prioridades. Si hay dificultades, y las habrá, que esas tres materias queden a salvo. No sólo afectan a los más débiles en salud y en edad, sino que las tres, con la educación en primer lugar, condicionarán el futuro de nuestra sociedad.

Respecto de la educación, hace falta un acuerdo que otorgue estabilidad a nuestros sistemas educativos. Es una desgracia que no se lograse en esta legislatura, a pesar de los esfuerzos del ministro Gabilondo. En cuanto a la Universidad, habrá que sacarla de su encierro administrativo en los límites de cada Comunidad Autónoma. Y dentro de ellas, no parece muy sensato que todas las universidades regionales tengan repetidas las mismas carreras. En la enseñanza de la ciencia y en la investigación, suele ser mejor poseer una cierta dimensión en los equipos docentes e investigadores. Como ocurre en los hospitales públicos, donde existen directores médicos y gerentes, la universidad necesita algo parecido.

Estoy señalando lo que me parece digno de unos acuerdos entre los principales partidos parlamentarios.

Dentro de esa metodología, incluiría un gran pacto para reformar las leyes del suelo y las demás normas que regulan un sector que está severamente dañado. Soy partidario de una liberalización económica de las actividades constructivas, en parecidos términos a la propuesta que hizo el Tribunal de Garantía de la Competencia. Liberalizar no es ausencia de normas, sino normas que se cumplan sin excepciones. Construir viviendas debe tener las mismas exigencias, las mismas prohibiciones claras, que los que construyen automóviles o instrumental médico.

Reformar el Senado entraría dentro de esas prioridades. Para ello se necesitan las virtudes del consenso constitucional. Es una anomalía que los partidos políticos sean las únicas instancias que trasladen la política de las Comunidades Autónomas a las Cortes Generales, es decir, al Estado. Como el Senado actual no puede cumplir su definición de “Cámara de representación territorial”, el Congreso de los Diputados lo viene haciendo. En nuestra Cámara Baja hay algunos diputados que ejercen de senadores. Son los que pertenecen a partidos regionalistas o nacionalistas. No presentan candidato para gobernar España, tampoco un programa en consonancia, etcétera, etcétera. En el Congreso actúan como verdaderos senadores. Recordemos al Gobierno negociando con diputados de esos partidos (saltándose a los Gobiernos autonómicos de su misma ideología), asuntos tan importantes como el proyecto de Estatuto de Autonomía, o las transferencias sobre “las políticas activas de empleo”. Mientras tanto, los auténticos senadores funcionan como diputados de segunda clase.
Habría otras reformas que necesariamente tendrían que llevar a cabo por consenso los principales partidos políticos. Son aquellas que afectan a sus relaciones con las instituciones del Estado. En nuestro caso, urge devolver las virtudes de la independencia a órganos como el Consejo del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo, y tantas otras pendientes de renovación.

Es un fenómeno casi general en las democracias atlánticas que los partidos políticos tiendan a instrumentalizar las instituciones. De ahí viene la desafección paulatina de los ciudadanos con la política. El modelo de partido leninista, en sus vertientes conservadora y progresista, ha entrado en definitiva crisis, en paralelo a la concepción jacobina de la política. Un partido de corte jacobino, con su estrategia y táctica de inspiración militar (sus afiliados se llaman “militantes”), en esta fase de “enemigos” en vez de “rivales” (según Carl Schmitt), desprecia los valores y los meritos individuales de quien se postula como representante institucional. Y ese desprecio afectará a la calidad del pluralismo político.