UPyD, por la recentralización del Estado y la austeridad

Unión, Progreso y Democracia (UPyD) ha elaborado un programa electoral basado en la 'recentralización' del Estado mediante la devolución de las competencias de Educación, Justicia o Sanidad al Gobierno central. También apuestan por la supresión de duplicidades en la Administración y la austeridad.

Ley Electoral
-Modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General: Aumento del número de diputados de 350 a 400 y sustitución de la fórmula electoral D´Hondt por otra fórmula electoral más proporcional, como la fórmula Hare. La circunscripción electoral será la provincia, más Ceuta y Melilla, para 198 Diputados; se elegirá un mínimo de un diputado por cada circunscripción, y los demás, hasta 146, se distribuirán en proporción a la población oficial de cada circunscripción. Los 200 Diputados restantes se elegirán en una circunscripción única de carácter nacional.
– Hasta que el desarrollo de las herramientas informáticas permita la introducción sencilla de las listas abiertas, el procedimiento de elección de los Diputados seguirá el principio de “listas desbloqueadas”, de modo que el elector tenga la posibilidad de alterar el orden de los candidatos en la lista.
- Eliminación de cualquier obstáculo al pluralismo político, como la obligaciónde recoger el 0’1 % del censo electoral de las circunscripciones a las que quieran presentarse partidos extraparlamentarios.

Reforma de la Constitución y del Estado
-Reforma del título VIII de la Constitución para delimitar claramente el reparto de competencias entre las Administración del Estado, Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, que evite duplicidades y cierre el modelo autonómico, estableciendo La aprobación de las reformas de los Estatutos de Autonomía exigirá una mayoría igual a dos tercios de cada cámara -Supresión de la disposición transitoria cuarta que afecta a Navarra, dado que su transitoriedad venció cuando ésta se constituyó como comunidad autónoma.
-Supresión de la disposición adicional primera que consagra los derechos históricos de los territorios forales
-Adaptación de la disposición transitoria quinta sobre Ceuta y Melilla
-Fusión paulatina y voluntaria, dentro de un plazo con fecha de expiración, de los ayuntamientos menores de 5.000 habitantes, y de los contiguos entre sí o anexos a concentraciones urbanas mayores, con el fin de racionalizar la administración local y de
mejorar la prestación eficiente de servicios públicos.
-Suprimir los órganos de la Administración General del Estado vacíos de competencias
-Reforma del Senado para que sea una verdadera cámara de representación territorial.
-En las Comunidades con dos lenguas oficiales debe asegurarse la igualdad de derechos lingüísticos en el trato con la administración, en la educación obligatoria y en todos los servicios públicos. En el artículo 14 CE que prohíbe la discriminación se incluirá, tras la palabra “raza”, la palabra “lengua”. Por otra parte, las lenguas no tienen derechos políticos, y por ello se suprimirá el artículo 3.3 CE: “La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección”.
-El artículo 16 CE sobre libertad religiosa, apartado 3, quedará redactado así: “Ninguna confesión tendrá carácter estatal”.
-Eliminar del juramento del Rey la alusión a los derechos de “las comunidades autónomas” (artículo 61.1 CE), pues éstas no tienen derechos, sólo los ciudadanos.
-Reformar la forma de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial
-El Tribunal Constitucional pasará de 12 a 15 magistrados para evitar los empates. Para mejorar su despolitización, los 3 nuevos magistrados los elegiría el Consejo General del Poder Judicial entre juristas que no hayan estado afiliados a ningún partido político en la legislatura anterior y con 20 años de experiencia profesional.
-Reforma del artículo 92 de la Constitución que regula el referéndum consultivo al objeto de que las decisiones de especial relevancia se sometan a referéndum popular también a petición de los ciudadanos. Se necesitará presentar al menos 500.000 firmas acreditadas
-Reforma de la normativa constitucional que regula la iniciativa legislativa popular (art. 87-3) para que pueda ejercitarse en materias propias de Ley Orgánica y de modificación constitucional (art. 166). Se exigirá la presentación de al menos 500.000 firmas acreditadas.

Economía
-Utilizar las competencias constitucionales del Gobierno de España para recortar el gasto superfluo de todas las administraciones públicas y evitar duplicidades entre ellas.
-Reducir en 42.000 millones € (4% del PIB) el gasto público superfluo por los siguientes procedimientos: Reforma constitucional que deslinde claramente las competencias autonómicas y locales de las estatales, evite duplicidades, cierre definitivamente el modelo autonómico y revuelva al Estado las competencias de educación y sanidad (manteniendo su gestión descentralizada) para garantizar la misma calidad en toda España.
-Aplicar en todas las administraciones métodos presupuestarios que se inspiren en la filosofía del presupuesto base cero, en vez de en la incrementalista.
- Normas comunes que limiten el número máximo y tamaño de unidades administrativas en las Comunidades Autónomas, es decir, de consejerías, parlamentarios y personal de libre designación.
-Normas estatales que limiten los automóviles oficiales, dietas por representación y teléfonos móviles en todos los niveles de la administración.
-Estudiar los presupuestos, los umbrales de déficit, el endeudamiento y el grado de servicio público que ofrecen los medios audiovisuales públicos, a fin de proponer su reforma, redimensionamiento, privatización o cierre.
-Cierre de aeropuertos y líneas de AVE sin tráfico suficiente, adaptándolas a otros posibles usos.
-Supresión de los organismos administrativos autonómicos redundantes.
-Establecer bandas salariales obligatorias por categorías para todos los funcionarios y altos cargos autonómicos o municipales
-Reducción drástica (sobre un 80%) de los 5000 entes no administrativos de distinta naturaleza jurídica (empresas públicas, fundaciones, observatorios, sociedades mercantiles…).
-Establecer límites legales al crecimiento del gasto de todas las CCAA
-Restaurar la unidad del mercado interior español
-Reforma del Sistema de Financiación Autonómica
-Supresión del Concierto Económico vasco y navarro, con la consecuente eliminación del Cupo vasco y de la Aportación navarra, para implantar un régimen común de financiación para todas las Comunidades Autónomas.
-Aumentar el Fondo de Compensación Interterritorial (FCI) para corregir de forma efectiva los desequilibrios territoriales.
-Supresión de las cláusulas de los nuevos Estatutos de autonomía que condicionan las inversiones del Estado en cada comunidad, que sólo deben responder a las necesidades nacionales.
-Plan integral de lucha contra el fraude fiscal.
-Reforma fiscal profunda que modifique el sistema tributario en su conjunto.
-Eliminar los privilegios fiscales concedidos a las SICAV.
-El Impuesto del Patrimonio ha de reformarse para convertirlo en un tributo que grave las grandes fortunas
-Armonización del Impuesto de Sucesiones y Donaciones cedido a las Comunidades Autónomas
-Medidas destinadas a las pymes y autónomos: devengo del IVA cuando se cobra la factura en vez de cuando se emite.
-Introducción internacional de un impuesto sobre las operaciones financieras (conocido por “tasa Tobin”).

Reforma laboral
-Reforma del mercado de trabajo en profundidad: todos los nuevos contratos serán indefinidos y los temporales suprimidos, excepto para sustitución de bajas temporales.
-La indemnización por despido aumentará progresivamente en función de la antigüedad.
-Desarrollar la contratación a tiempo parcial, haciéndola atractiva y competitiva.
-Reformar la negociación colectiva de modo que tenga en cuenta la situación individual de cada empresa, sobre todo en el caso de que ésta acredite atravesar dificultades severas.
-Sindicatos y organizaciones empresariales deberán financiarse con sus propios recursos progresivamente, hasta prescindir en un plazo estipulado de los presupuestos públicos.

Política energética
-Debate energético serio y riguroso que culmine con la elaboración de un Plan
-Revisión de las subvenciones a las energías renovables
-Cese de las subvenciones a la minería del carbón y cierre de las explotaciones no eficientes en costes, con inversiones en economía productiva en las zonas afectadas.

Infraestructuras y vivienda
-Revisar la conveniencia de la privatización de AENA (Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea) y supeditarla en todo caso a la supervisión y control efectivo por parte de la AESA (Agencia Estatal de Seguridad Aérea) para no degradar los niveles de seguridad actuales.
-Orientar todas las inversiones públicas en materia de vivienda hacia la vivienda de protección pública en alquiler sin opción a compra, fomentando la gestión privada de la actividad. El stock de viviendas sin vender puede emplearse para crear un parque de vivienda pública de protección oficial en alquiler.

Nuevas tecnologías
-Acceso universal a Internet con cobertura en el 100% del territorio nacional y una velocidad mínima de 10 Mbps antes de 2013, alcanzado 30 Mbps antes de 2020.
-Promover el voto electrónico en todas las convocatorias electorales una vez garantizada la seguridad y fiabilidad de los procesos de recogida y tratamiento de los datos así como la garantía del ejercicio libre, directo y secreto del sufragio.
-Promover el uso prioritario de software libre en las Administraciones Públicas

Educación
-Atribución el Estado de las competencias en educación, sin perjuicio de que la gestión siga siendo desempeñada por las CCAA. En los territorios con dos lenguas cooficiales, reconocimiento por ley del derecho a la escolarización en la lengua oficial de elección, y currículum que asegure el aprendizaje adecuado de ambas, con impulso del trilingüismo (y del bilingüismo con el inglés en el conjunto de España).
-Incremento de la inversión en educación e investigación hasta alcanzar la media de los países europeos más avanzados, garantizado mediante una Ley de Financiación de la Enseñanza.
-Devolución al Estado de las competencias relacionadas con la investigación, desarrollo, innovación y transferencia tecnológica, para que España tenga un modelo común integrable en modelos europeos y evitar la fragmentación de las políticas en materia de I+D+i.
-Alcanzar un Pacto de Estado con un compromiso estable de inversión mínima en I+D+i del 2% del PIB para toda la legislatura

Políticas sociales
-Mejorar el sistema de cobertura para aquellos trabajadores que agoten sus prestaciones y subsidios de desempleo, suprimiendo el requisito de ser mayor de 45 años para acceder a la Renta Activa de Inserción estatal.
-Apoyo activo al incremento de la oferta de créditos hipotecarios con dación en pago de la vivienda para amortización del crédito.
-Modificar la legislación concursal con la finalidad de introducir restricciones al principio de la responsabilidad patrimonial universal en los procedimientos de insolvencia de la persona física, siguiendo el modelo fresh start, existente en EEUU y también en algunos países europeos.
-Regular de forma flexible la edad de jubilación, incentivando adecuadamente la prolongación voluntaria de la vida laboral. Introducción progresiva del total de la vida laboral para el cálculo de la pensión
-Penalizar fiscalmente las jubilaciones anticipadas en las empresas con beneficios

Sanidad
-Devolución al Estado de las competencias de Sanidad con el fin de reinstaurar un sistema sanitario común para todo el territorio nacional,
-Implantación de una Tarjeta Sanitaria única para todo el territorio nacional
-Evitar la aplicación de copago indiscriminado en Sanidad

Seguridad ciudadana
-Progresar en la equiparación y convergencia salarial de las Fuerzas de Seguridad del Estado–Guardia Civil y Policía Nacional- con las policías autonómicas y locales.
-Limitación drástica del sistema de Libre Designación para ocupación de puestos de trabajo en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en beneficio del sistema de Concurso interno

Justicia
-Recuperación por el Estado de la competencia exclusiva en materia de Justicia
-Supresión de los juzgados especializados en violencia de género
-Los imputados por delitos contra las Administraciones Públicas no podrán ser candidatos en procesos electorales


Cultura
-Eliminar la duplicidad de las subvenciones y ayudas a las industrias culturales ahora concedidas por diversos ministerios para el mismo fin, evitando las duplicidades de procedimientos y el difícil control de la gestión y las cuentas. Tramitar y obtener la financiación necesaria a través del Instituto de Crédito Oficial ICO, creando una línea específica.
-Integrar el Instituto Cervantes en el Ministerio de Cultura
-Liquidar la Alianza de las Civilizaciones

Política exterior
-Establecimiento de la obligación de todos los miembros de la UE a la protección y al respeto de sus fronteras interiores y a la integridad territorial de los Estados Miembros, incluyendo el reconocimiento de no alteración de las fronteras en procesos de secesión o independencia unilateral.
-Expulsión inmediata de la UE de cualquier territorio que se segregue o independice unilateralmente de cualquier Estado

Defensa
-Establecer un gasto en Defensa racional, recuperando los niveles de inversión perdidos durante las pasadas legislaturas para conseguir:
-Homologación de las retribuciones de los profesionales de las Fuerzas Armadas
-Mejora de la calidad de vida de los miembros de las Fuerzas Armadas y sus familias.