Túnez, España y Cataluña

El miércoles vino El País como solía. Recoge tres espléndidos artículos que merecen la glosa de este recuadro. Me refiero en primer lugar a la columna de Jean Daniel sobre la situación tunecina. Jean Daniel es, como saben, el anciano director de Le Nouvel Observateur. Amigo de Albert Camus es para mí una referencia moral imprescindible y desde luego una guía para el entendimiento de la problemática del mundo árabe. Propone una reconsideración de las revoluciones del Norte de Africa que tratarían de acoger elementos institucionales de las democracias constitucionales convencionales, pero sin renegar de la base religiosa como soporte de las mismas. El problemas es entonces la modernización del Islam. Quizás los islamistas (en Túnez, Egipto y Libia) en el poder están dispuestos a reconsiderar la posición de la mujer pero son más renuentes a separar la fe del poder y el Estado de la religión. Lo que ocurre es que sin esta separación la garantía de la libertad individual no existe, de manera que de momento no podamos despejar nuestras dudas sobre el futuro democrático de los países árabes.

Pablo Salvador Coderch dedica una reflexión a la propuesta de reforma de la Universidad española llevada a cabo por una comisión de expertos presidida por Rlf Tarrach catedrático de Física y rector de la Universidad de Luxemburgo. Pablo Salvador es una agudo observador del sistema constitucional americano y autor del para mí mejor estudio sobre la libertad de expresión en nuestro país , con el sugerente título El mercado de las ideas. Tiene algo de francotirador descarado que rara vez puede dejar indiferente. El artículo es bien breve, pero junto con algún trabajo publicado en la excelente revista que dirige Santiago Muñoz Machado El Cronista del Estado Social y Democrático de Derecho (me refiero a sendos estudios recientes de Luis Martin Rebollo y Francesc de Carreras) no puede desconocerse si se trata de establecer un balance del estropicio causado en los estudios de Derecho por el Plan Bolonia. El artículo lo que propone como salvación de la Universidad es una recuperación de nuestros jóvenes doctores en el extranjero a quienes habría que abrir el escalafón del profesorado, desocupando de su posiciones de ventaja a los instalados en él en virtud de prácticas endogámicas verdaderamente repelentes. Es un poco ingenua la petición, recomendada por el Informe que Salvador comenta, esta de la apertura internacional de nuestra Universidad, cuando lo que predominan en ella son prácticas de apalancamiento que impiden la circulación nacional del profesorado, atrincherado de por vida en los reductos infranqueables de las facultades de las que no se saldrá por nunca jamás y en cuyos claustros en la vida entrará alguien que no estuviera ya en ellos.

El tercer trabajo que comento es una reflexión de Antoni Zabalza sobre las relaciones fiscales entre Cataluña y España, esto es, un artículo que advierte sobre el desconcierto que supondría una pacto fiscal con Cataluña sobre el modelo de financiación foral vasco. Me encontré con Antoni Zabalza en la London School of Economics al final casi de los años setenta del pasado siglo. Allí conocí a bastantes jóvenes catalanes economistas que la frecuentaban (acababa de estar estudiando Narcis Serra) y recuerdo la admiración que profesaban a un joven lecturer de la Escuela que había realizado la proeza de formar parte del claustro de la Universidad inglesa (tal nivel académico había sido conseguido asimismo fuera de Londres por José María Maravall y Salvador Giner).

La tesis de Zabalza es que el concierto catalán es doblemente inconveniente, caminando además en la dirección equivocada pues en vez de proponer la rectificación del sistema foral vasco impone su perpetuación al consagrar su legitimación extendiéndolo a Cataluña. La objeción fundamental contra la tesis de los nuevos nacionalistas de bolsillo, es, de una parte, que contraría los principios de federalismo fiscal desde el punto de vista de la eficiencia, pues atribuye la gestión al poder territorial de ingresos fiscales que no le corresponden. Ocurre sin duda que el centro gestiona mejor los impuestos de bases imponibles territorialmente movibles o cuya carga puede ser fácilmente trasladable de una Comunidad Autónoma a otra. Además así se elude antidemocráticamente la responsabilidad de quien establece los impuestos cuando la decisión sobre los mismos corresponda al gobierno central.

Pero sobre todo el profesor Zabalza, en segundo lugar, pone de relieve el absurdo de proponer la desapoderación fiscal del Estado central en este momento de crisis económica. Ahora cuando se piden competencias fiscales para la Unión Europea, retirándolas del Gobierno español, no se pueden reclamar desde Cataluña todos los ingresos fiscales recaudados en el territorio. Es impensable concluye Zabalza desarmar al Estado central federal de las bases imponibles mas potentes y de mayor elasticidad “con el fin de que pueda desarrollar de forma oportuna la política tributaria adecuada según la coyuntura macroeconómica del momento”. Del desapoderamiento fiscal del Estado saldríamos perjudicados todos, Cataluña, y España entera.