El bien común y el malestar contra los políticos

Lo estamos viviendo en España de forma particular, pero no es un problema exclusivamente español. Cuando los ciudadanos señalan en las encuestas del CIS a los políticos como el tercer problema en el orden de sus preocupaciones, entiendo que quieren expresar sobre todo su disconformidad con la incapacidad que los políticos de cualquier color —conviene recordar que en España el poder está muy repartido entre el estado central, las comunidades autónomas y los entes locales— están mostrando a la hora de buscar soluciones que nos permitan salir de la crisis económica y social en que estamos metidos.

Pero pienso que éste no es el único motivo que hace que los ciudadanos se distancien de los políticos. Hay otros. Por ejemplo, la falta de compromiso con el buen funcionamiento de las instituciones, que lleva a una constante confrontación partidista, la cual, por citar un único caso, impide una normal renovación de los magistrados del Tribunal Constitucional.

En el fondo, lo que los ciudadanos sienten es que los políticos no se preocupan del bien común, concepto que ha sido y es fundamental en cualquier sociedad. En toda sociedad hay intereses que están por encima de los de las partes que la componen. La enorme contribución del liberalismo a la teoría política fue señalar que en la persecución de estos intereses generales no se puede vulnerar —salvo las excepciones legalmente previstas— los derechos individuales y políticos de la persona. Los sistemas políticos basados en la democracia liberal se fundamentan en la idea de que en toda sociedad hay intereses contrapuestos, y, por lo tanto, es razonable que éstos se confronten por los cauces legalmente previstos: la representación parlamentaria, las organizaciones sindicales y empresariales, la petición individualizada de justicia, etc. Pero no debemos perder el norte y tenemos que ser conscientes de que en toda sociedad, como queda dicho, hay intereses generales que están por encima de los de las partes que la componen. Esto es el bien común. Los ciudadanos, pienso, ven con enorme preocupación que el bien común parece haber dejado de preocupar a los políticos, metidos como están en sus luchas partidistas y en la defensa de sus intereses, cuando no privilegios, individuales.

Algunos ejemplos de la política nacional e internacional de estos últimos días nos sirven como ejemplo para justificar nuestra afirmación. Mientras la economía europea se tambalea y los soi disant mercados especulan contra la deuda de varios países, los líderes europeos son incapaces de dar una respuesta común. Mañana veremos si, por fin, se llega a un acuerdo sobre el nuevo rescate a Grecia y se articulan mecanismos que frenen la especulación sobre otras deudas soberanas como la italiana y la española.

No están mejor en Estados Unidos, donde los republicanos han decidido jugar con la estabilidad económica de su propio país —poniendo en grave riesgo al conjunto de la economía mundial—, aunque, al no autorizarse nuevos endeudamientos, pueda llegarse a una situación de impago.

Y qué decir de España, donde Zapatero se empeña en alargar la agonía de un Gobierno en declive, incapaz de ofrecer remedios a la crisis económica y social, amparándose en la cada vez más indefendible excusa de que abrir ahora un proceso electoral ahondaría más las incertidumbres sobre la economía española y la inestabilidad financiera sería aún mayor, cuando lo que hace falta, en realidad, es aclarar cuanto antes el panorama político y aplicarse a un presupuesto responsable y austero, que los propios socialistas saben que, salvo un milagro en el que nadie cree ya, va ejecutar el PP.

Los representantes del PP, ahítos por su victoria electoral, no ven el momento de llegar a la Moncloa y, conscientes o no, un día sí y otro también, intentan debilitar al Gobierno poniendo en cuestión la solvencia de la economía española. Mala cosa es para quienes en unos meses —elecciones mediante y quizá mediantes también los votos de CiU et alii—, van a tener que gobernar.

Y en el entretanto siguen las presiones sobre la deuda española y estamos pagando unos intereses demasiado próximos a los que obligaron al rescate de Grecia, Irlanda y Portugal. No hay hoy en España mejor política por el bien común que la de dar la cara por la economía española. Ya lo he dicho en otro artículo: mucho más importante que saber cuándo van a ser las elecciones es que se confeccione un presupuesto responsable, creíble y austero. Siéntense PSOE y PP a preparar ese presupuesto, y si hace falta, incluso, como respuesta a las presiones sobre nuestra deuda, con un Gobierno de gran coalición.

Durante esta legislatura se ha especulado varias veces con esta posibilidad y siempre me he mostrado en contra porque no me parecía que se hubiera llegado a una situación límite, pero creo que ahora hay datos suficientes para pensar que estamos llegando a ella. Si hubiera grandeza de miras —que no la hay— el programa de ese Gobierno de gran coalición prevería la reforma constitucional, una armonización como respuesta a las disfuncionalidades del estado autonómico, una reforma seria de la administración de justicia y una modernización de la administración pública. Es demasiado pedir. Conformémonos con que ese Gobierno convoque elecciones y entretanto vaya preparándose un presupuesto creíble que lleve a las Cortes quien gane las elecciones. Sería un buen y contundente mensaje contra la especulación de los soi disant mercados.