Economía

CEOE: Despidamos a los funcionarios

Crónica económica

Miércoles 14 de diciembre de 2011
La patronal propone que se acabe con los privilegios de los funcionarios y empleados públicos de carrera. Y que al igual que se les contrata cuando hay necesidad de ellos, se les pueda despedir. Como ocurre en la empresa privada.

Joan Rosell, presidente de la CEOE, no ha podido ser más claro: Sobran funcionarios que “no hacen bien su trabajo”. Eso pasa en todos lados y no es razonable pensar que no ocurra en la función pública. Más cuando hagan lo que hagan (con ciertos límites) van a seguir teniendo trabajo. Pero Rosell no se refiere sólo a la calidad profesional de algunos empleados públicos, sino especialmente a aquéllos que, debido a las transferencias, “se han quedado sin trabajo y no tienen nada que hacer”. ¿Qué hay que hacer con ellos? A esta pregunta ha respondido que “lo mismo que hacemos en las empresas”, esto es, "expedientes de regulación de empleo”. Y precisa: “Hay que recolocarlos, formarlos para que puedan hacer otro trabajo, y, si no hay más remedio, despedirlos, aunque ésa es la última solución”.

¿Cuánto ha crecido en número de funcionarios? Hay 821.357 que se han traspasado del Estado a las Comunidades Autónomas, a medida que se han hecho transferencias de competencias. Pero el número de funcionarios en los gobiernos regionales no ha aumentado en esa cantidad, sino en 1.744.000. ¿Y el resto de los 900.000 funcionarios y empleados públicos? Son de nueva creación. Dijimos que el sistema autonómico sería más racional, pero ha pasado todo lo contrario. Se han multiplicado los ámbitos de decisión y se han creado nuevas camarillas políticas que se han repartido los ingresos públicos en forma de nuevos puestos de trabajo.

Pero ha ido más allá. Pide, y esta es una exigencia largamente pedida por un sector de la sociedad, que se establezcan “responsabilidades personales” de los gestores de las administraciones públicas. Ahora los funcionarios no son responsables. Sólo es responsable un monstruo llamado Administración. En Gran Bretaña son responsables las personas que ocupan un cargo público. La asunción de responsabilidades favorece que haya gestiones… responsables.

Recientemente, el sindicato USO hizo una propuesta interesante. Evitaron hablar de la responsabilidad personal de los funcionarios. Lo recogíamos en estas crónicas: “Si un juez dictamina que ha habido una mala gestión (habría que definir claramente con qué criterios), ‘que quede inhabilitado para la función pública de por vida’, decía el portavoz de USO. Y que responda con su propio patrimonio. Y a partir del momento en que éste sea insuficiente, que responda subsidiariamente el partido político al que pertenece. ‘Ellos son los que hacen las listas’, señala. Así, continúa, cuidarán más quién ponen al frente de la gestión de lo común”.

Pero ¿se puede hacer? Exigiría una reforma del derecho administrativo, pero sí se puede. Es más, deberíamos plantearnos hasta qué punto se puede no hacer una reforma que permita reducir el número de funcionarios cuando su función social no es evidente.

En Estados Unidos se habla de “la Administración Bush” o “la Administración Obama” porque cada presidente llega, y crea, su propia Administración. Hay funcionarios de carrera en las agencias, claro está. Pero ni siquiera su puesto está asegurado. El caso del Ejército, como es normal, es algo distinto. Cuando sale un presidente, se va con él su Administración, y llega otra. Se dirá que esos empleados públicos no son profesionales, a diferencia de los españoles. Pero no es cierto. Vienen de la empresa privada. Van a la empresa privada. Están más “en el mundo” que nuestros empleados públicos.

Quien haya leído la novela Miau, de Benito Pérez Galdós, reconocerá el problema social que había con los “cesantes”, que es la figura asimilable a los ex empleados, a día de hoy, por la Administración Bush. Era el problema de una sociedad que no ofrecía muchas oportunidades. Lo contrario de lo que ocurre en los Estados Unidos. Hacer una reforma así en España exigiría darle toda una vuelta a la economía privada. Pero no hace falta llegar tan lejos para hacer buenas las peticiones de la CEOE.

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