Jueves 15 de diciembre de 2011
Don Juan Carlos iniciaba ayer su ronda de contactos con las distintas formaciones políticas con representación parlamentaria, de cara a la investidura presidencial de Mariano Rajoy la semana que viene. Una investidura en la que algunas de ellas, como UPyD o Amaiur no tienen garantizado el tener grupo parlamentario propio, al carecer del porcentaje representativo suficiente. El partido de Rosa Díez fue votado por 1.140.000 personas, mientras que 333.000 se decantaron por Amaiur -que sólo se presentaba en Euskadi y Navarra-. Hablamos, pues, de un nutrido respaldo popular, argumento esgrimido por sus responsables para solicitar a la Mesa del Congreso que les permita formar grupo parlamentario propio.
Ocurre que, con la ley en la mano, ni Amaiur ni UPyD tienen derecho a ello. En eso coinciden, pero ahí acaban sus similitudes. El brazo político de ETA hace un uso torticero de las instituciones, rayano en el fraude de ley, y buena prueba de ello es su acatamiento constitucional “por imperativo legal”. Si tan en desacuerdo están con la Constitución y el funcionamiento orgánico del estado de derecho, que no concurran a las elecciones.
El caso de UPyD es diferente. De haber concurrido a los últimos comicios bajo el sistema de circunscripción única, sus resultados habrían sido aún más espectaculares -sus 5 escaños les han costado más de un millón de votos; el PNV ha obtenido esos mismos 5 escaños con apenas 320.000-. Además, condenan en terrorismo y acatan sin ambages la legislación vigente. De hacer un esfuerzo -siempre y cuando el marco normativo de la Cámara lo permita-, no hay duda que los beneficiarios tendrían que ser los diputados de UPyD y no los de Amaiur, cuyas intenciones son públicas y notorias.
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