Los jueces mueven ficha

Se abre una nueva Legislatura, la décima de nuestra democracia y hay una eterna cuestión pendiente esencial para cualquier verdadero régimen democrático, que es la independencia del poder judicial y el buen funcionamiento de la Administración de Justicia. Junto con la organización territorial del Estado y la reforma del sistema electoral, es la independencia del poder judicial una cuestión de Estado, que está por encima de la refriega política. En este sentido es bueno dar a conocer unas muy sensatas conclusiones, fruto de la reunión que a finales de noviembre tuvieron los jueces decanos de España en Vitoria. En total son 31 estructuradas en cinco bloques: acuerdo nacional para la justicia, independencia del poder judicial, modernización e innovación, planta judicial y modelo orgánico, y agilización procesal. Siendo todas importantes, yo destacaría los dos primeros bloques, el primero de carácter procedimental y el segundo más sustantivo o material.

La llamada a renovar un nuevo pacto por la justicia es simplemente imprescindible; como hemos apuntado en diversas ocasiones, en democracia hay cuestiones esenciales que no se discuten y la justicia es una de ellas. No hay democracia sin Estado de Derecho, y no hay Estado de Derecho sin una buena justicia, es un tema de Estado, donde se ve si en una Nación predomina la democracia o la partitocracia. La cortedad de miras en este tema del PSOE, principalmente, con la muy lamentable reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985, y del PP, ha hecho mucho daño a nuestra joven democracia, con su inaceptable reparto por cuotas del CGPJ y consecuentemente de las principales presidencias y salas del Tribunal Supremo, Audiencia Nacional y Tribunales Superiores de Justicia (TSJ). Los dos principales partidos políticos se han olvidado totalmente del ciudadano, última razón de ser de la Administración de Justicia, y han reducido ésta a una simple lucha de poder por su control.

Por ello es el bloque II, el referido a la independencia del poder judicial, donde se dan el mayor número de medidas sustantivas o materiales que merece la pena señalar, pues es una buena y sensata hoja de ruta para la nueva Legislatura que se inicia: cese del intervencionismo de los partidos políticos en los órganos de gobierno del poder judicial, nombramiento de los vocales judiciales del CGPJ por los propios jueces y no por los grupos políticos -aquí entiendo que se podría abrir la participación de otros operadores jurídicos como fiscales, secretarios judiciales y letrados para que ellos también puedan elegir a parte de los 12 vocales entre jueces y magistrados-, independencia económica del poder judicial, mayor contundencia del CGPJ en el amparo frente ataques a la independencia judicial, revisión del sistema de elección de presidentes de TSJ y Audiencias, revisión de la composición de las salas de gobierno, supresión de la figura del Magistrado del TSJ nombrado a propuesta de los parlamentos autonómicos, acceso a la carrera judicial por oposición, límites al regreso a la carrera judicial desde la política, cese de la injerencia de los poderes ejecutivos en el gobierno del poder judicial y en las condiciones materiales de la independencia judicial, poner fin al desapoderamiento de los órganos de gobierno del poder judicial y precisar el papel del Tribunal Constitucional.

No tengo dudas que apoyar a nuestros jueces y a su independencia es una reivindicación que compete a todos los ciudadanos y a cualquier demócrata que conozca las claves mínimas de nuestro sistema político. El PP tiene con su mayoría absoluta la oportunidad de avanzar en esta materia por la senda de la responsabilidad y el sentido de Estado o de seguir hundiéndonos en un Estado social y democrático de Derecho herido en su punto más fundamental y básico: la separación de poderes.