El escándalo de la "parapolítica" en Colombia

Según informa el diario local 'El Tiempo', la situación actual tiene al Congreso colombiano en una evidente inactividad, pues sólo los partidos Polo Democrático Alternativo y Mira se han librado, por el momento, de que no se haya relacionado a sus legisladores con este escándalo.

En otros partidos la situación es más complicada. Las formaciones políticas de la coalición de Gobierno han sido las más golpeadas por las investigaciones judiciales, pues suman la mayoría de procesados, pero de forma individual es el liberalismo, bastión de la oposición, el que se ha llevado la mayor parte: diez de sus congresistas están vinculados al proceso y seis de ellos han sido encarcelados.

Ninguno de los cuatro senadores elegidos por Colombia Democrática está hoy en su escaño. Tres de ellos están en la cárcel y el cuarto se encuentra a la espera de una decisión de la Fiscalía que resuelva su situación.

Otro caso especial es el de Colombia Viva, que ha visto pasar a tres de sus miembros por el mismo escaño. Uno está detenido y los otros dos se encuentran a la espera de que decida la Fiscalía.

El fenómeno de la 'parapolítica' ha permitido que candidatos que obtuvieron muy pocos votos en diversas regiones del país estén ocupando ahora escaños en el Congreso en sustitución de los encarcelados. Tal es el caso de Víctor Vargas Polo, del departamento del Magdalena, quien goza de su fuero en la Cámara de Representantes con tan solo 2.907 votos.

Así pues, este escándalo ya supera al denominado 'proceso 8.000', que se emprendió a mediados de los noventa contra el entonces presidente colombiano Ernesto Samper bajo la acusación de recibir financiación del narcotráfico para su campaña presidencial. En aquella ocasión fueron condenados 26 congresistas.

Según el citado periódico, antes del escándalo de la 'parapolítica' no hay antecedentes de un fenómeno similar que hiciera desgranar de sus escaños, uno por uno, semana tras semana, a decenas de senadores y representantes para ser llevados directamente a la cárcel.

300.000 crímenes confesados

Esto ha sido posible porque la Justicia colombiana no se había involucrado tanto como ahora a la hora de investigar las relaciones de los partidos políticos y sus dirigentes con la que es considerada la mayor masacre colectiva de la historia reciente del país: 300.000 crímenes confesados por sus autores, entre los que hay asesinatos, secuestros, violaciones y desapariciones, entre otros.

Lo que ya se sabe por las confesiones de los responsables, aunque las investigaciones continúan, es que el fenómeno paramilitar se infiltró en las direcciones de la mayoría de los partidos y muchos de ellos llegaron a acuerdos con los 'paras' o consintieron sus acciones a cambio de votos. Otros, inclusive, intentaron 'refundar' la nación, según versa en el pacto secreto de Ralito, firmado en julio de 2001 por alcaldes, diputados, campesinos, empresarios y paramilitares.

Además de cobrarse sus principales víctimas en el Congreso, el escándalo de las relaciones entre políticos y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) también ha provocado la caída de decenas de alcaldes, concejales, diputados, gobernadores, militares y empresarios, a los que se les han descubierto acuerdos con los grupos paramilitares.

Magdalena es el departamento con el mayor número de congresistas involucrados en este escándalo, con siete legisladores investigados. Antioquia y Córdoba le siguen con seis. De todos los legisladores llamados a declarar por la Justicia, 21 han renunciado a sus escaños así como a ser juzgados por el Tribunal Supremo, por lo que sus procesos han sido asumidos por Fiscalía.