JUAN CARLOS I ANTES AL LADO DE LA LEY QUE DE LA FAMILIA

Citado por el juez como imputado, Iñaki Urdangarín se enfrenta con la ley porque la Justicia es igual para todos. Reproducimos a continuación la canela fina que sobre este asunto publicó Luis María Anson el pasado día 27 en el diario El Mundo.

“Cuando se producen conductas irregulares que no se ajustan a la legalidad o a la ética, es natural que la sociedad reaccione. Afortunadamente vivimos en un Estado de Derecho y cualquier actuación censurable deberá ser juzgada y sancionada con arreglo a la ley. La justicia es igual para todos”.

Perfectas palabras del Rey. Ha dicho lo que debía decir en la solemnidad de su discurso de Navidad. Iñaqui Urdangarín todavía no está imputado. No podía citarle porque tenía la obligación de respetar la presunción de inocencia que exige la Constitución. Pero ha condenado de forma explícita cualquier conducta que no se ajuste a la legalidad y no solo a la legalidad sino también a la ética. Ha añadido que las actuaciones censurables deben ser juzgadas y sancionadas con arreglo a la ley porque la justica es igual para todos. No se puede hablar ni más claro ni de forma más precisa. Juan Carlos I está antes al lado de la ley que de la familia. La justicia en el Estado de Derecho español se administra en nombre del Rey y nuestro Monarca respaldará siempre la independencia de los jueces y magistrados y acatará sus sentencias.

Subrayó también el Rey la ejemplaridad que debe presidir la conducta de las personas con responsabilidades públicas. Y esa ejemplaridad corresponde en primer lugar a la Familia Real. Juan Carlos I no ha hecho otra cosa que subrayar en su discurso la posición defendida por su padre Juan III, casi con las mismas palabras.

En mi libro Don Juan, en el capítulo titulado Don Juan y su idea de la Monarquía, el hombre que combatió desde el exilio durante cerca de cuarenta años la dictadura de Franco en favor de una Monarquía parlamentaria que devolviera al pueblo español la soberanía nacional secuestrada por el Ejército vencedor de la guerra incivil, se resume el factor de ejemplaridad exigible a las familia reales. Como el Rey no ha sido elegido por los votos de una generación sino por la Historia, por el sufragio universal de los siglos, el pueblo tiene derecho a exigir de la Monarquía, según explicaba Don Juan, una especial ejemplaridad. Ejemplaridad concorde, claro es, con los usos y costumbres de cada época.

Con motivo del matrimonio astillado de Carlos y Diana, empalidecidos los días de lujo y rosas, abrumado él por las heridas de la Historia todavía sin cicatrizar, encendidos en ella los ojos de cierva azul y engañada, las cenizas sexuales se derramaron sobre la Monarquía más firme del mundo y la tambalearon. Pero lo que ha hecho presuntamente Iñaqui Urdangarín es mucho peor que una decisión de amor, para muchos disculpable. Si el juez imputa primero al duque de Palma y le sentencia después, el daño que este deportista irresponsable habrá causado a la Monarquía resultará incalculable. A la Monarquía, al Rey, al Príncipe de Asturias y a la Infanta Cristina que, con sus cuatro idiomas, su título universitario y su máster en New York University, ha trabajado durante 17 años como simple empleada en La Caixa de Barcelona.

La mancha que ha dejado ya Urdangarín sobre el manto de la Corona es en muchos aspectos irreparable. Con su sabio discurso de Navidad, el Rey ha puesto coto a los presuntos desmanes del yerno. La ley es ley para todos. Y el peso de la ley en el Estado de Derecho debe caer sin distinción sobre aquellos que hayan cometido irregularidades o delitos. Juan Carlos I ha dicho lo que debía decir. Su padre Juan III estaría orgulloso del comportamiento y las palabras del hijo al que enseñó siempre, frente a las piruetas franquistas, el camino de la responsabilidad y del respeto a la voluntad popular libremente expresada. Porque la soberanía nacional reside en el pueblo, no en el Rey, y el Rey está para el pueblo, no el pueblo para el Rey.