Nuevas dudas sobre la deuda pública

La Comunidad Valenciana ha faltado al pago de una deuda por falta de liquidez. Según luego ha confirmado la Generalitat, la deuda se ha saldado “con los fondos que ha aportado” el gobierno regional. Toda esta confusión ha cubierto con un manto de desconfianza a la deuda española.

El retraso fue de una semana, y por un importe de 123 millones de euros que debía a Deutsche Bank. No es un problema de solvencia, apunta el gobierno regional, sino de liquidez. Y no ha necesitado que el Tesoro Público avalase al Consell. Y "en ningún momento se ha utilizado mecanismos de financiación extraordinarios, sino que se han seguido los cauces habituales y normales de colaboración entre la Administración autonómica y el Gobierno central", dice el gobierno regional a la agencia Europa Press. Por otro lado, "agradece la colaboración con los organismos públicos y las entidades privadas" para "la obtención de liquidez que permitan hacer frente a los compromisos financieros".

Pero según otras fuentes no es eso lo que habría pasado, sino que, efectivamente, el Tesoro no le ha concedido un aval formal, sino un aval verbal. Es más, El País, que ha levantado la liebre, da detalles de una reunión entre el nuevo titular del Tesoro, Íñigo Fernández de Mesa, y los consejeros de Economía y Hacienda, Enrique Verdeguer y José Manuel Vela, respectivamente. Es decir, que el mensaje que filtra la Generalitat de que no ha precisado ayuda no sería cierto. El PP recuerda que hay procedimientos previstos para salir en rescate de ayuntamientos y Comunidades Autónomas, lo cual hace pensar que el Estado no está dispuesto a que se produzca una quiebra de una Comunidad Autónoma.

Como consecuencia de ello, el riesgo país ha subido, y ha alcanzado los 350 puntos básicos, mientras que los títulos de los seguros contra el riesgo de impago de la deuda española (los famosos CDS), han subido también desde los 401 a los 421 puntos básicos.

De todos modos, se dilucida aquí dos cuestiones concomitantes, una política y otra económica. La económica es que la deuda de las Comunidades Autónomas es la que más ha crecido en los últimos años. Especialmente ahora, que la deuda del Estado central se está reduciendo. La cuestión política es que aquí el Partido Popular se ha sucedido a sí mismo. Es fácil sacar de la escombrera toda la deuda oculta y aprobar duros planes de ajuste para echarle la culpa de los recortes a la Administración anterior, como han hecho, por ejemplo, CiU en Cataluña y el PP en Baleares y Castilla-La Mancha.

Pero aquí el nuevo presidente, Alberto Fabra, se debatía entre la huida hacia delante de seguir con la senda de gasto público desaforado de Francisco Camps o echar marcha atrás antes de que la situación sea insostenible. Y esto es lo que ha hecho Fabra. Lo hizo en su mensaje de año nuevo. Precisamente en plena crisis por el impago de la deuda de 123 millones de euros. Prometió un ahorro de 1.000 millones, aunque no supo precisar de dónde procederían.

Una partida a la que tendrá que meter mano son las empresas públicas. Gestha, el sindicato de técnicos de Hacienda, apunta que las Comunidades Autónomas se han gastado 5.400 millones de euros durante la crisis por sus propias empresas. Como consecuencia, entre 2008 y septiembre de 2011, la deuda de los entes autonómicos se ha disparado un 7,2 por ciento.