De Guindos se estrella contra el muro de las autonomías

Gran piedra en el camino la que se ha encontrado el nuevo ministro de Economía, Luis de Guindos, al poco tiempo de asumir el cargo. El plan del Gobierno de filtrar las cuentas de las Comunidades autónomas ya ha cosechado duras críticas y muchas reticencias en algunas regiones, en especial en Cataluña y el País Vasco.

El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, ha visto como la iniciativa que anunció en una entrevista publicada el miércoles en el diario “Financial Times”, relativa al control último por parte del Gobierno central de los presupuestos de las autonomías para garantizar el control del déficit público, ha sido asumida por Comunidades tales como Cataluña y el País Vasco como una auténtica declaración de guerra. De “auténtico ataque al autogobierno” la han calificado. Incluso desde el PP han surgido voces discordantes sobre esta medida, como la del presidente de Melilla, Juan José Imbroda, que la ha calificado de dura.

Era de esperar, como subrayan los analistas políticos consultados por “El Imparcial”, que las autonomías, sobre todo las históricas, se rebelaran contra el posible control final por parte del Estado de sus presupuestos. La ley que el Gobierno de Mariano Rajoy aprobará en marzo para establecer “estrictos instrumentos de control” sobre los presupuestos de las autonomías ha demostrado, según las mismas fuentes que “pese a la crisis y el agobiante desfase del déficit público para las cuentas del Estado, prácticamente ninguna comunidad quiere dar su brazo a torcer para combatir lo que es a priori el principal problema de la economía española, y por tanto del desempleo”. En este sentido, subrayan que “pese a que han sido las autonomías las causantes de la desviación del déficit al haber gastado mucho más de lo que ingresan, insisten, erre que erre, en defender la libertad de actuación frente a las decisiones del Gobierno central”. Fuentes del PP señalan que en estos momentos es ya inviable “un Estado con una estructura central multiplicada por diecisiete, con los gastos añadidos que eso supone, y se hace más que necesario establecer el control de las cuentas autonómicas para combatir el déficit público”.

No opinan así desde algunas autonomías. El Gobierno vasco, a través de un comunicado, ha calificado la futura ley como “un ataque al autogobierno que no va a aceptar”. Si bien ha asumido “las limitaciones de gasto presupuestario, así como las obligaciones en materia de déficit y deuda pública”, el Ejecutivo de Patxi López no está dispuesto a tolerar bajo ningún concepto “una tutela sobre sus Presupuestos, que va contra el principio de autonomía y vulnera los procedimientos establecidos en el Concierto Autonómico”. Si desde el Gobierno vasco se ha reaccionado así, el PNV todavía ha sido aún más duros y ha afirmado que utilizará todos los medios para que la iniciativa de Rajoy y De Guindos no se lleve a cabo, a la vez que denuncia una “maniobra recentralizadora” por parte del PP.

Desde Cataluña, que ya mostró su total oposición a reducir sus oficinas en el extranjero, tal y como había propuesto el ministro de Exteriores, José Manuel García Margallo, para reducir gastos públicos, la respuestas ha igual o todavía más rotunda. El portavoz de la Generalitat, Francesc Homs, ha calificado de “inaceptable e intolerable” el proyecto del Gobierno de Rajoy: “No tiene ni pies ni cabeza; es cargarse la autonomía financiera, es vulnerar las reglas del juego establecidas en la Constitución”.

El resto de las autonomías prefiere esperar a conocer en profundidad el contenido del proyecto de ley, aunque hay voces que desde el PP muestran sus dudas sobre el mismo, como la del presidente de Melilla, Juan José Imbroda, que considera “duro” que el Gobierno central pueda controlar de forma previa los presupuestos de las autonomías.

El Consejo de Ministros ha tomado este jueves una serie de medidas para recaudar otros 8.171 millones de euros durante este año procedentes de la economía sumergida y del dinero escondido en paraísos fiscales. Según ha explicado la vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, el Ejecutivo limitará el uso de efectivo en determinadas transacciones financieras para que aflore parte de la economía sumergida que se lleva a cabo con estas operaciones, algo que ya están llevando a cabo países como Francia e Italia para frenar las compras con dinero negro con billetes de 200 y 500 euros, fundamentalmente. Para ello, el plan de prevención del fraude fiscal se centrará en tres objetivos: intensificación de la lucha contra los incumplimientos tributarios, la mejora del control en la fase recaudatoria y, por último, la colaboración de la Agencia Tributaria con los organismos fiscales de las autonomías y la Seguridad Social. Además se intensificará el análisis de la información procedente de paraísos fiscales como Andorra, Panamá y Antillas Holandesas, entre otros.

Y ETA sigue a lo suyo. Por mucho que haya anunciado el cese definitivo de “la actividad armada”, que no de su disolución o de la entrega de las armas, el diario “Deia” ha publicado hoy la exigencia de la banda terrorista hacia sus presos para que bajo ninguna circunstancia admitan pedir a las víctimas de atentados. Todo ellos, según fuentes antiterroristas consultadas por “El Imparcial”, bajo el prisma de “que ETA no quiere en ningún caso peder el poder no sólo ya sobre el colectivo de presos, sino también sobre el proceso político comenzado con la presencia de Bildu en las instituciones del País Vasco y de Amaiur en el Congreso de los Diputados”.

Los terroristas justifican esta exigencia a los miembros de la banda encarcelados en España y Francia en que “la única víctima que ha habido en el conflicto vasco ha sido la propia Euskadi y el Estado es el responsable de los daños causados”, además de haber convertido a las víctimas del terrorismo en “serpas de la represión y alimentadores del conflicto”.

“Ahí queda eso –según han afirmado fuentes de las víctimas y de las Fuerzas de Seguridad del Estado a “El Imparcial”-. El verdugo convertido en víctima, y la víctima en verdugo. Los casi mil muertos y mutilados no son responsabilidad de la banda, sino del Estado y de ellos mismos, por haberse organizado para que el Estado se ocupara de una vez por todas de ellos. Por mucho comunicado de cese de la actividad terrorista, la chulería y el desafío de los etarras no tienen límites, y no sería de extrañar, en ningún caso que si las cosas no se les salen como quieren vuelvan a matar”.