tribuna
Miércoles 11 de enero de 2012
No pocas críticas –y desde frentes muy diversos- le han llovido a Rajoy y a su recién estrenado Gobierno por el paquete de medidas aprobado en el Consejo de Ministros del pasado 30 de diciembre y, muy especialmente, por las subidas del IRPF y del IBI. Pocos han respetado los habituales 100 días que se le dan a un Gobierno para que tome tierra. En mi opinión, la vicepresidenta Sáenz de Santamaría -en una rueda de prensa modélica, tanto por la manera en que la condujo como por la profundidad con que explicó la compleja materia fiscal- dejó muy claro que se trataba de medidas excepcionales y temporales, motivadas por la desagradable sorpresa de que las cifras aportadas por el Gobierno saliente eran falsas. Había indicios de que tal cosa podía suceder, pero Rajoy, lógicamente, esperó a ver por sí mismo lo que algunos ya se temían.
Pero la conclusión era tan evidente como inevitable: Con un déficit público superior en más de dos puntos al dato facilitado por los socialistas y con una Seguridad Social a mucha distancia del superávit anunciado, se imponían medidas de emergencia, desagradables pero necesarias. Da la impresión de que algunos no acaban de enterarse de que el PSOE ha dejado a España sumida en un hoyo mucho más profundo de lo que algunos piensan. El enfermo estaba –está- muy grave y era necesario meterle de inmediato en el quirófano, algo que nadie acepta con gusto, pero que a veces se impone como necesaria medida de supervivencia.
A pesar de todo, algún responsable socialista todavía se atreve a acusar a Rajoy de “mentiras arriesgadas”. Con un par. Cuando cualquiera sabe que todo esto se debe a que el anterior Gobierno nos ha llevado a esta penosa situación por la estrategia de engaño masivo y mentiras continuadas en que ha consistido su gestión. El Gobierno –con un estilo muy diferente al del anterior- ha dado cuenta de la situación pero no se ha recreado en “hacer oposición a la oposición” como era habitual en los socialistas gobernantes. Ha asumido la situación, como es su deber, y se ha puesto a remediarla con seriedad. Cuando Rajoy afirmaba que no tenía intención de subir los impuestos no engañaba a nadie: ese era su deseo y su propósito. Pero como en política, como en el derecho, siempre está vigente la cláusula rebus sic stantibus, es decir, siempre que las cosas no cambien de manera tan notable que se haga imposible mantener la posición inicialmente mantenida. Nadie puede dudar de que para el PP lo deseable es no subir los impuestos y solo un “estado de necesidad” inesquivable ha impuesto la obligada medida.
El equilibrio entre lo deseable y lo necesario es una de las condiciones habituales de la acción política. Nadie sabe plenamente las medidas que ha de tomar hasta que no se asienta en la sede del poder, porque solo desde el puesto de mando se perciben todas las circunstancias. Al que se aferra a sus ideas o a su ideología en contra de la realidad que le rodea, le puede pasar lo que le ha sucedido a Zapatero hasta que en mayo de 2010 la UE le obligó a caer del burro. Hasta entonces, como el baturro del cuento, desafiaba al tren que venía a toda marcha y que se lo llevó por delante. Un político inteligente y honrado debe incluso, humildemente, contradecirse a sí mismo cuando las circunstancias, la realidad, lo hacen necesario.
Woodrow Wilson fue reelegido en 1916 como Presidente de los Estados Unidos con el lema: “Él nos ha mantenido fuera de la guerra”. Solo unos meses después, la guerra submarina alemana y los planes germanos desvelados por el famoso “telegrama Zimmerman” obligaban a Wilson a entrar en la contienda. Y algo parecido le pasó a F.D. Roosevelt, obligado inicialmente a respetar unas leyes de neutralidad que se reforzaron incluso durante su mandato. Pero la amenaza nazi –que empezaba a anegar a toda Europa- le forzó a convertirse primero en “el arsenal de la democracia” y, finalmente, Pearl Harbor y la declaración de guerra de Hitler, en diciembre de 1941, le obligaron a meterse de lleno en una contienda que ni él ni la mayor parte de los norteamericanos habían deseado. Una vez más lo necesario se había impuesto a lo deseable.
En la democracia española no faltan los ejemplos de cómo es inútil empeñarse en ir en contra de la realidad, porque, como dicen los franceses, les faits son têtus, los hechos son testarudos. Pero es una especialidad socialista ignorar estos elementales principios. Bastaría recordar, por ejemplo, la actitud de Felipe González y el PSOE respecto de la OTAN desde el “de entrada no” hasta aquel absurdo referéndum que por poco se pierde. Era evidente que España estaría en la OTAN porque el interés nacional lo exigía y el propio González acabó reconociéndolo y hasta llegó a colocar como secretario general de la inicialmente odiada organización a uno de sus más próximos allegados. Pero los socialistas no parecen dispuestos a aprender. Si desde marzo de 2008, cuando comenzó el segundo mandato de Zapatero y la crisis era ya una evidencia apabullante, aquel Gobierno hubiera tomado las medidas adecuadas, sobre todo en cuando a contención del gasto público y de la deuda, no nos habríamos librado de la crisis, pero habría sido mucho más llevadera y el paro no se habría disparado hasta esos sonrojantes cinco millones que son un baldón nacional. Pero, ¿cómo iban Zapatero y sus gentes a reconocer que estábamos en crisis si se habían pasado la campaña electoral diciendo que eso no iba con nosotros porque nos encaminábamos al pleno empleo?
Pero no son solo los socialistas lo que están obligados a lo que podría llamarse “una cura de realidad”. También los nacionalistas necesitan que se les recuerde que hay una Constitución vigente, que les obliga a ellos como al resto de los españoles. ¡Hay que ver cómo han reaccionado los nacionalistas catalanes ante la hipótesis de que desde el Estado se revisen previamente sus presupuestos (como, por otra parte, se pretenden revisar desde Bruselas los presupuestos de los Estados miembros, al menos de los intervenidos)! A Artur Mas se le ha oído decir que tal cosa afectaría “a su soberanía”. ¿Dónde está pinado este señor? Parece elemental recordar que unas cosa es soberanía y otra, muy diferente, autonomía. Y que Cataluña tiene pleno derecho a la segunda pero carece como tal de la primera. ¿Hay que recordarle el artículo 1.2 de la Constitución que dice claramente que “la soberanía nacional reside en el pueblo español del que emanan los poderes del Estado”? Del pueblo español, en su conjunto y en su pluralidad, emanan todos los poderes del Estado, incluidos los que él ejerce por mandato constitucional. Mal anda este país si hay que recordar estas verdades elementales y si algunos no se apean de sus ensoñaciones confederales, previas a hipotéticas e imposibles secesiones.
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