La injusticia del caso “Marta del Castillo”

Como era de prever, la sentencia del caso “Marta del Castillo” no ha dejado satisfecho a casi nadie, excepción hecha de los procesados absueltos. Dicha absolución no implica falta de culpa; de ahí la prolija exposición que se hace en la sentencia sobe el concepto de presunción de inocencia, sino ausencia de evidencias probatorias de peso que les inculparan sin ningún género de duda. Lo único cierto es que el cuerpo de la joven sigue sin aparecer y que los implicados han puesto en práctica una calculada estrategia de confusión -que les ha dado resultado, dicho sea de paso-La alarma social generada es totalmente comprensible, no sólo por la naturaleza del delito, sino por las circunstancias que rodean a sus autores. Es precisamente éste, el grado de autoría de los distintos encausados, uno de los puntos de fricción más significativos, ya que resulta muy complicada desenredar la trama que entre todos parecen haber urdido.

Todo esto pone de manifiesto lo complicada que resulta en ocasiones la administración de justicia; o lo que es lo mismo, han de ser profesionales quienes se ocupen de ello. Bien es verdad que la ley delimita con precisión cuándo ha de haber jurado y cuándo no, pero es un hecho que determinados casos son prejuzgados antes de tiempo y, de haber mediado aquí jurado, éste sería uno de ellos. Al mismo tiempo, los servidores públicos -jueces, fiscales y policías- que se han encargado de la investigación han dado una imagen muy poco eficaz, pues se han visto sobrepasados por los manejos de un puñado de adolescentes. Y por más que nuestro sistema penal sea en exceso garantista -que lo es-, no pueden echarse balones fuera acusando al empedrado. Porque con este proceder se hurta a la sociedad entera un derecho fundamental, el de la tutela judicial efectiva, contenido en el artículo 24 de la Constitución. La Justicia, para que sea democrática, debe ser compartida y entendida por la mayoría. Y esta no lo es.