La mafia: ¿la principal empresa de Italia?

Si bien la imagen de Italia sigue mejorando tras la renuncia de Berlusconi y el cambio de Gobierno, su credibilidad sigue ampliamente cuestionada por la presencia de un problema endémico, en continua expansión: el poder de las mafias. Lejos de representar un tema folklórico o cinematográfico, las organizaciones criminales italianas en sus diferentes versiones locales (la Cosa Nostra, la Camorra, la ‘Ndrangheta y la Sacra Corona Unita) constituyen un grave problema que condiciona la economía nacional, la política italiana y la vida de los ciudadanos.

En tiempo de crisis, la mafia representa una de las pocas empresas “nacionales” en constante crecimiento, llegando a convertirse, según el Informe “Las manos de la criminalidad sobre las empresas” elaborado por la Confesercenti (Confederación de Pequeñas y Medianas Empresas de Turismo, Comercio y Servicios) y Sos Impresa (asociación que se opone a la delincuencia organizada), en un verdadero poder financiero en el país y en el mundo. Representan las organizaciones que mueven más dinero en el país y que disponen de mayor liquidez. Se estima que facturan 140.000 millones de euros, obteniendo unos beneficios netos superiores a los 100.000 millones. Con estas cifras, en pocos años se podría subsanar el déficit público italiano, el segundo más alto al mundo.

Paradójicamente, la crisis está beneficiando a las mafias italianas, mostrándose como un sujeto económico-empresarial capaz de sacar grandes ganancias a pesar de la grave recesión económica. Hoy en día, la criminalidad organizada italiana condiciona la economía legal sin descuidar sus actividades ilegales; se dedica a hacer inversiones con el dinero recaudado con la usura, actividad en expansión por las trabas que los bancos ponen a la hora de prestar dinero. Mafia, Camorra e ‘Ndrangheta han diversificado sus negocios, invadiendo el próspero centro-norte de Italia, y exportando su exitoso modelo por el mundo: además de la usura, el tráfico de drogas y el contrabando, estas organizaciones controlan los juegos de azar (legales e ilegales), el negocio de los residuos, el sector de la construcción, logrando incluso invertir y apropiarse de nuevos sectores como el sanitario y el deportivo. La crisis está favoreciendo que estas organizaciones encuentren facilidad en invertir el dinero obtenido en actividades ilegales en negocios legales. Resulta extremadamente peligroso su conversión en una “mafia de camaleón”, donde resulta casi imposible distinguir la economía legal de la criminal.

Sus actividades suponen el 7% del PIB italiano, mostrando el pavoroso arraigo de la estructura mafiosas en diferentes campos y actividades. Resulta alarmante que el crimen organizado pueda endurecer su control sobre la economía italiana, estrangulándola y decidiendo, según su interés, las medidas que adoptar. Puede que el dato más escalofriante sea el siguiente: las organizaciones criminales cuentan con una liquidez equivalente a casi tres planes de austeridad como el polémicamente aprobado por el gobierno Monti en estos meses.

Resulta necesario un cambio de rumbo, una asunción de responsabilidad por parte de un Estado que, en muchas ocasiones, ha preferido cerrar un ojo…o los dos. Italia necesita romper la connivencia existente entre la clase política y los criminales, abandonar la infame práctica de concursos amañados, puestos de trabajos a cambio de favores, de votos por licitaciones. Al mismo tiempo, el sistema judicial y las fuerzas de seguridad deben investigar las inversiones que se gestan a la sombra de la criminalidad. Los datos publicados resultan demoledores: 190.000 empresas cerradas en los últimos tres años, estranguladas por la deuda contraída con las mafias, mientras una quinta parte de las empresas activas en Italia serían víctimas de delitos mafiosos, sufriendo “en promedio mil 300 delitos diarios, prácticamente 50 cada hora o casi uno por minuto”.

La mafia no puede representar la principal empresa del país, el más grande agente económico. La credibilidad y la fiabilidad de Italia resultan duramente cuestionadas a la luz de estos datos. Debe romperse este ancestral sistema basado en la connivencia y la colusión con el mundo político y administrativo. El caso de Nicola Cosentino (que merecería una columna aparte) demuestra el gattopardismo italiano, reflejando la ambigüedad y la bajeza de la clase política nacional -la Casta-, dispuesta una vez más a proteger al ex Secretario de Estado de Economía votando en el Parlamento en contra del arresto del honorable, autorizado por el Tribunal Supremo con la gravísima acusación de representar al “referente político” de los Casalesi, el más sanguinario clan de la Camorra. Entiendo las palabras de rabia de Roberto Saviano ante el presunto intocable Nick O’mericano (su apodo en los turbios ambientes de la criminalidad organizada), salvado por un Parlamento omertoso y cómplice, consciente de que “su silencio vale oro”. Aún así, la batalla no ha terminado y, aunque puede que la Justicia triunfe, el mal que ha infligido este político al Sur de Italia será difícilmente borrado.