Jueves 19 de enero de 2012
Bajan revueltas las aguas judiciales. A la polémica sentencia del caso “Marta del Castillo”, hay que unir la no menos polémica vista pública del juez Garzón, a propósito de las escuchas supuestamente ilegales en la trama “Gürtel”. Asuntos todos ellos con la suficiente relevancia como para interpelar al titular de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón. Sus palabras de ayer, sin citar expresamente cuestiones procesales particulares aunque entrando de lleno en la materia, son tan cabales como poco habituales. Defendió Gallardón la labor de los jueces, no ya sólo en el caso “Marta del Castillo”, sino en otros tantos que han provocado una alarma social semejante, por lo demás plenamente justificada. Y se abstuvo de criticar la investigación policial -negociado éste compartido con Interior-, pese a que en actuaciones de todos conocidas dicha investigación puede tildarse de mejorable.
No fallan los jueces, que sentencian con arreglo a derecho, sino el corpus legislativo que se ven obligados a utilizar y cuyas lagunas son palmarias. De ahí que Gallardón se haya apresurado a asumir como propia la responsabilidad del Legislativo, que es quien ha de proporcionar al Judicial las herramientas necesarias para el buen funcionamiento del estado de derecho. Las que hay, se han mostrado ineficaces; urge, pues, habilitar otras que den seguridad jurídica a la sociedad. Código Penal, Ley de Enjuiciamiento Criminal y demás leyes penales deben ser revisadas. Es, desde luego, un buen punto de partida.
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