El cierre de Megaupload

Este pasado jueves, las autoridades norteamericanas clausuraban Megaupload, el portal de intercambio de archivos más popular de la red. Sus cifras lo dicen todo: en sus 5 años de vida, ha acumulado 150 millones de usuarios en todo el mundo, ha generado 180 millones de dólares en beneficios publicitarios, y ha causado daños en materia de propiedad intelectual valorados en 500 millones de dólares. Por si esto fuera poco, mil millones de personas han visitado el portal en alguna ocasión, lo que da idea de la enorme magnitud del caso.

Enorme, y global. Si algo no tiene internet son fronteras; de ahí que haya usuarios afectados en los cinco continentes. Así, la piratería se convierte en un problema igualmente global y globales, por tanto, deberían de ser las soluciones. En Estados Unidos hay actualmente una gran polémica en torno a la aprobación de una ley conocida como SOPA -Stop Online Piracy Act-, que contempla el cierre de páginas web que atenten contra los derechos de autor; de hecho, gigantes como Google o Wikipedia ya han mostrado su oposición. En España la “ley Sinde” está pendiente de que el nuevo Ejecutivo haga algo al respecto y Francia cuenta ya con una norma de espíritu similar a la norteamericana. Sería preciso articular una suerte de consenso entre todos los países que permitiese tomar medidas efectivas.

Con todo, el problema no es legislar, sino hacerlo como es debido. Y si bien es cierto que la materia entraña una complejidad máxima, no por ello ha de renunciarse a proteger los derechos de autor y el tráfico de determinados archivos. Tienen algo de razón quienes sostienen que ha de ser un juez quien dictamine el cierre de una página de estas características. En último término, quizá, pero no por ello las policías de los distintos países -el FBI en el caso estadounidense- han de quedarse de brazos cruzados si detectan que se está vulnerando la ley. Antes al contrario, actuarán en consecuencia y pondrán el resultado de su trabajo ante el juez, que será el encargado de aplicar el peso de la ley contra quienes la hubiesen vulnerado. Eso es lo que se ha hecho en Estados Unidos. Posiblemente, haya aún mucho que avanzar a la hora de conseguir un corpus legislativo eficaz sobre internet pero, al menos, los primeros pasos ya están dados.