José Eugenio Soriano García | Miércoles 25 de enero de 2012
La propuesta del Ministro Cristóbal Montoro de acabar utilizando el Código Penal frente a los apandadores del despilfarro, ha levantado ronchas y provocado airadas críticas por parte de algunos colectivos al servicio de sí mismos en primer lugar y en segundo lugar de los intereses que defienden (de ellos y de sus amigos, protectores, patronos). Coros de ángeles que cantan sus despilfarros como si de arias se tratase y que entonan cánticos de adulación a quien tan bien les ha dado de comer, entonando también frenéticas arias de maldición a quien pueda poner en duda los privilegios de sus amos.
La reacción con ira, era de esperar. Poner en cuestión el privilegio y la prebenda, es poner en cuestión el buen vivir, la superioridad de nivel de gasto, la alegría compartida con unos cuantos amigos y compañeros /compadreros, en fin, la de los amos del pequeño universo en que han vivido toda clase de aduladores, aprovechados, mandantes de todo tipo. En la lógica de la acción colectiva, sabemos bien desde los trabajos de Mancur Olson que unos cuantos organizados vencerán y podrán siempre a los atomizados y dispersos que se enfrenten con ellos. Y, exactamente, llevar ante el Juez a quienes han utilizado a su placer los recursos públicos, implica darle la vuelta a dicha lógica y hacer concreto y especifico que ellos, precisamente ellos, acabarán respondiendo también frente a los demás, que son los más, ya que una acción judicial organiza a los muchos frente a los pocos. Y eso es lo que se quiere evitar.
Hemos visto toda clase de despilfarros. Han aprovechado a los que los construyeron, financiaron y defendieron populistas su exigencia. Había proyectos faraónicos en todos lados, porque han existido faraones, en sentido casi preciso (seres casi divinos exentos por completo de responsabilidad y los que no se podía mirar a la cara). Así, sin estudios mínimamente serios, sin otra cosa que la alegría de disponer continuamente del dinero y patrimonio de los demás, estos faraones, exentos de toda responsabilidad, han podido construir pirámides y castillos de arena, que se han venido abajo en cuanto los números se han puesto a hacerse verdad y a exigir su cumplimiento.
Y ¡no pasa nada! En mitad de una crisis brutal, intensa, ilimitada, estos faraones se han garantizado, con la ayuda imprescindible de sus coros de ángeles, que nadie les va a pedir responsabilidades.
Suele decirse, por tales corifeos, que ya hay legislación suficiente y que no se puede criminalizar la simple gestión, ya que nadie puede responder más allá de lo que en el presente se pueda exigir.
Eso es, literalmente, una broma. Cierto que existe legislación. Incluso en el plano penal. Pero no se aplica o se aplica a unos sí y a otros no, porque los tipos penales son abiertos y sometidos a la voluntad del juez de turno que lo quiera aplicar. Porque lo que sucede es que, de un lado, la legislación administrativa está pensada y organizada para proteger sin más al irresponsable, al despilfarrador. Y de otro lado, la penal no contempla los tipos concretos en que estos provocadores de bancarrotas actúan.
La legislación administrativa aplicable a estas situaciones es contradictoria – especialmente en la comparación Estado – Comunidades Autónomas- es gárrula y garrula, abigarrada, inextricable, de forma que con el mismo reglamento se puede decir una cosa y su contraria. Los niveles de aplicación – local, autonómico, estatal – están para entorpecer y ofuscar esa aplicación. Apenas es posible guiarse entre ella, y sin ánimo de incurrir en paranoia alguna, parece que está hecha (en realidad sí que lo está) por los mismos que luego se van a aprovechar de su inutilidad.
Y luego, están los Jueces, que muchas veces hacen obsoleto un tipo de un artículo del Código Penal, antes de aplicarlo. Recuerdo que estuvo vigente durante años y años un tipo penal que se refería a las “maquinaciones para alterar el precio de las cosas”. Pues bien, ni con lupa, ni siquiera en un ejercicio de entomología, se lograría obtener una Sentencia que condenara los cárteles. Simplemente no existe.
Y no resulta especialmente complicado establecer tipos penales que determinen la responsabilidad del despilfarrador. Por de pronto, con exigencia de transparencia, obligando a que existan informe económicos – sobre los que asimismo cabe exigir responsabilidad por resultados – que no podrían salvarse indicando que son meras opiniones y que pretendieran ampararse en la libertad de expresión para decir, a la voz de “ar” que le de el amo político, lo que este quiere escuchar y que necesita para el expediente, aunque todo el mundo sepa, como secreto a voces, que es una completa irrealidad cuando no una basura hecha de propósito para excusar conductas. Porque efectivamente hay en la legislación administrativa multitud de informes, que al haberse privatizado en su totalidad sin que ningún órgano público asuma su veracidad, pasan a incorporarse al expediente – previo pago de cantidades ingentes de dinero al autor del informe de marras – y, así, justifican la conducta del político.
Resulta, digo, fácil, acabar con ese estado de cosas. Con una redacción concreta, puede comenzar a exigirse tipos penales que hagan que los apandadores no sigan riéndose de nosotros después de habernos estafado cruelmente con obras públicas y otros gastos sencillamente injustificables y que luego, en efecto, en la práctica hay que cerrar después.
Es muy doloroso comprobar como se socializan las pérdidas y se privatizan (porque los políticos actúan aquí como logreros de un botín privado) esas ganancias. Ya está bien de que unos cuantos políticos derrochadores y vividores, hagan lo que les viene en gana, den millones y millones a sus amigos y, en mitad de toda esa corrupción, nunca respondan.
Hay que apoyar decididamente esta iniciativa. Hay que llevar ante el Juez Penal con datos concretos y con tipos penales concretos a todos estos dadivosos que han generado un mundo de prebendas, clientes y parásitos que, literalmente, nos ha llevado a la ruina.