Gallardón: la justicia va por buen camino

Las reformas en materia de justicia anunciadas ayer por Alberto Ruiz Gallardón no son tan novedosas como se pueda pensar, pues gran parte de ellas ya figuraban en el programa electoral del PP. Aún así, suponen una auténtica bocanada de aire fresco. Y tangible. A diferencia del anterior Ejecutivo, más dado a titulares que a realidades, éste va desgranando poco a poco las que serán sus líneas maestras de actuación a base de propuestas concretas. Y en el ámbito judicial, las que vienen tienen ya nombres y apellidos, como la de la ley del aborto: será preceptivo el consentimiento de los padres antes de que una menor de edad decida interrumpir su embarazo. Es una premisa de sentido común, y en la que coincide la inmensa mayoría del entorno sanitario, pero que fue deliberadamente ignorada por criterios de sectarismo político. Bien está, pues, la rectificación.

Al igual que también lo estará la imprescindible reforma de la Ley del Menor, uno de los episodios más lamentables de la historia penal española. La alarma social que han provocado casos como el de Sandra Palo o Marta del Castillo es sólo la punta de un iceberg mucho más profundo, donde subyacen otros tantos dislates en forma de delincuentes juveniles que se van de rositas por los experimentos irresponsables de una legislación “progresista”. Es precisamente la alarma social el argumento utilizado por Gallardón para dar a conocer otra de las novedades que vendrán: la prisión permanente revisable. Constitucionalmente es viable y, a la vista está, políticamente también. El enorme respaldo social de esta medida es otro de los motivos de su implementación.

Gallardón, por último, quiere devolver a la justicia parte del prestigio perdido en pos de una politización de todo punto inadmisible. Para ello, pretende que sean los propios jueces quienes elijan a los miembros del Consejo General del Poder Judicial, y no los políticos. Parece de recibo que los máximos exponentes de la justicia española lo sean gracias a jueces y magistrados, y no a personas como Joan Tardá o Leire Pajín. Se trata, en suma, de una batería de medidas altamente positivas entre las que, sin embargo, se echa de menos una reforma de la Ley del Jurado, instrumento éste que se ha mostrado tan ineficaz como prescindible.