Más de la mitad de los discapacitados viven en pobreza extrema

Un estudio ha estimado los costes y el impacto de la discapacidad sobre la economía de las personas que la padecen y ha revelado datos desalentadores en España: el 90% de la población con discapacidad grave está en una situación de pobreza moderada y el 56% en la extrema.

El investigador de la Universidad de Salamanca autor de un reciente estudio que analiza la relación entre discapacidad y precariedad económica en España, Francisco Javier Braña, ha afirmado que “cuanto mayor número limitaciones para desempeñar las actividades básicas de la vida diaria, mayor discapacidad” y que “la población con discapacidades presenta una incidencia, intensidad y severidad de la pobreza sustancialmente mayores que la media nacional”.

Así, el estudio revela que el coste de la discapacidad moderada (cuando la limitación de la actividad diaria es parcial) está en torno al 40% de la renta del hogar, mientras que en el caso de personas con discapacidad severa, este coste se eleva hasta el entorno del 70%. Pero esta investigación expone también que si, además, la renta total de los hogares se ajusta para tener en cuenta dichos costes, en el caso de la discapacidad severa más del 90% entra dentro del nivel de pobreza moderada y el 56% en la pobreza extrema.

Braña ha matizado a EL IMPARCIAL que “hablamos de pobreza moderada si no se alcanza el 60% de la renta mediana y de pobreza extrema si no se alcanza el 30%” y recuerda que “el umbral de pobreza en España en 2009 era de 17.612 euros”. Igualmente, esta situación contribuye también a la elevación de la pobreza total en España, “de un 20% antes del ajuste de la renta a un 27% después”.

El investigador explica que “con este trabajo se pretende mostrar lo mucho que queda por hacer para nivelar a las personas discapacitadas, es decir, eliminar las minusvalías de ganancia y de conversión” y, por ello, aclara que “si queremos mejorar la ayuda a la discapacidad (y a la dependencia) hay que dedicar más recursos, fundamentalmente recursos públicos, tanto personas como financiación. Y eso quiere decir que hay que pagar más impuestos”.

Las causas
Otros estudios a nivel internacional han demostrado que la discapacidad es una de las causas destacadas de la pobreza. Braña señala que, entre los motivos está que “las personas discapacitadas pierden renta, por no conseguir empleo o por ser este de peor calidad”. Además, abunda, “dado que tienen necesidades especiales, tienen más dificultades para obtener bienestar de sus recursos o puede necesitar de mayores ingresos para realizar la misma actividad”.

En este sentido, el autor quiere destacar con este estudio cuánta renta adicional necesita una persona discapacitada para tener el mismo bienestar que una no discapacitada. Así, apunta, “los datos nos dicen que oscila entre un 69 y el 77% más para las personas con discapacidad severa y entre el 40 y el 53% para las que tienen discapacidad moderada”.

Del mismo modo, existen unos gastos extras asociados a la discapacidad que provienen de la mayor necesidad de bienes que también consumen las personas no discapacitadas (calefacción), los bienes específicos relacionados con su discapacidad (pañales) y la menor productividad de los bienes consumidos.


En España, peor
Según los datos de la Encuesta sobre Condiciones de Vida, los costes adicionales de la discapacidad tienen efectos más devastadores en la pobreza en el caso español: “En general, nuestras estimaciones sitúan los costes de la discapacidad en España por encima de los observados en otros países de nuestro entorno o similar nivel de desarrollo”.

Braña recuerda que, “aunque quizás este menos claro en los países desarrollados, la pobreza también puede provocar la discapacidad”. E insiste en que “bajar los impuestos o tener un bajo nivel de recaudación y un alto fraude fiscal es incompatible con tener buenos servicios públicos, los países con mejor Estado del Bienestar, con mejores prestaciones, por cierto los que mejor han resistido la crisis económica, son aquellos en los que se pagan más impuestos, fundamentalmente los países del norte de Europa”.

Este hecho queda reconocido en los sistemas de protección social de muchos países, que conceden beneficios, ya sean gastos directos o gastos fiscales, para compensar los mayores costes de consumo asociados a la discapacidad. Así, concluye Braña, “en España una persona discapacitada tiene menos ayudas que en los países en que se han hecho estudios similares, excepto Estados Unidos”.

Al respecto, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, a través de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, ya ha anunciado que promoverá la adopción de medidas para garantizar la igualdad de oportunidades en el empleo a las personas con discapacidad.

Estas acciones, apuntan, estarán encaminadas a aumentar la contratación de trabajadores con alguna discapacidad, y asegurar el cumplimiento de la reserva del 2% de los puestos de trabajo en las empresas con más de 50 empleados.