Alemania impone su camino a la UE

El nuevo tratado prevé que los países tendrán que adoptar en sus constituciones las reglas de oro del déficit. Como máximo, podrán incurrir en un déficit del 0,5 por ciento del PIB en el ciclo económico. Habrá momentos de crecimiento económico y de depresión. Durante los últimos se podrá incurrir en déficit, y éste podrá ser superior al 0,5 por ciento, pero se tendrá que compensar con un menor déficit, o con un superávit, en los años buenos. Es más, incluso en la época depresiva el déficit no podrá superar el 3,0 por ciento del PIB. Adiós a los desfases excesivos entre los gastos y los ingresos del Estado.

Por otro lado, todos los Estados tienen que alcanzar un nivel de endeudamiento público que no supere el 60 por ciento del PIB en 2020. Para algunos países, como España, eso es aún factible, pero ¿qué decir de Italia o Bélgica, cuyas deudas públicas superan su producción de un año? Les espera (como a España y al conjunto de Europa), un largo período de austeridad fiscal.

Pero estos límites del 3 por ciento del PIB en el déficit y del 60 en la deuda, ¿no estaban ya previstos en el Tratado de Maastricht, que es de 1992, firmado 20 años atrás? Sí, pero entonces no había previsto un régimen sancionador. Eso ahora no ocurrirá. Los países tendrán que pagar con un 0,1 por ciento de su PIB, lo que en el caso de Italia, por ejemplo, supondrá una multa de 2.000 millones de euros.

Hay elementos indudablemente positivos en este empeño alemán. De haberse firmado el 7 de febrero de 1992 este Tratado, y no el de Maastricht (o Mastrique, como se decía en español), no nos encontraríamos con la situación actual. Por un lado porque al estallido de la crisis, la deuda de todos no habría podido superar el 60 por ciento. Por otro, se lo hubieran pensado dos veces antes de superar el 3 por ciento del PIB.

Una crítica habitual es que este tratado maniata a los Estados, que ahora no podrán recurrir a las políticas de gasto público para favorecer el crecimiento. Pero es dudoso que el gasto público favorezca el crecimiento más que a corto plazo. E incluso eso, como se ve con claridad en el caso de España, es también más que dudoso. Por el contrario, los Estados se verán forzados a hacer reformas estructurales, lo que antes se llamaba políticas de oferta, para favorecer el crecimiento.

Otra crítica, ésta más certera, es que el acuerdo se centra en el déficit y la deuda pública, pero no atiende la deuda privada, que está en el origen de la crisis, y que es harto peligrosa en Estados como Irlanda o España. Pero quizás este problema no sea el que deba atender este pacto fiscal.