Consumo o inversión

Los españoles no paran de buscar soluciones personales y empresariales para intentar vadear esta crisis que les asfixia económicamente y no entienden cómo a nuestros gobernantes no se les ocurre ninguna solución que permita sacarles de una vez de este atolladero.

Muchos políticos y economistas han salido y salen en los medios proponiendo reformas pero hasta ahora, como ya dije en un artículo anterior, dado que todos se equivocan en el diagnóstico del problema, incluyendo el PP ahora en el poder, ninguno acierta con la solución y seguimos de mal en peor.

El aumento de impuestos directos y tasas para incrementar la recaudación tributaria es pan para hoy para el Estado y hambre para mañana para todos. El hundimiento del consumo que traerá se llevará consigo las ventas, los beneficios, el empleo y la recaudación de impuestos en muy poco tiempo. ¿Y entonces qué? ¿Más impuestos? ¿Más IVA? Si nada cambia, esta espiral destructiva que nos devolverá a la miseria la habrá iniciado el partido ahora en el poder.

Dada la falta de ideas al respecto que esgrimen los discursos de los dirigentes del Partido Popular –puede verse un análisis crítico del discurso de investidura de Mariano Rajoy en mi blog-, así como los desastrosos efectos de la errada Política Económica que han seguido hasta ahora nuestros gobernantes de una u otra orientación política, es ya seguro que a ninguno se le ha ocurrido plantearse que muchos de nuestros problemas derivan de la forma en que nuestras administraciones clasifican la compra de una vivienda.

Y es que la vivienda es considerada hoy día en toda Europa y en muchos países del mundo como un bien de inversión y no como un bien de consumo. La razón de esta apreciación deriva de un concepto antiguo que fue rubricado por John Maynard Keynes en un artículo escrito después de publicado su libro “Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero” en 1936, pero incluido en sus ediciones posteriores como un apéndice.

Según Keynes, las viviendas han de ser consideradas como un bien de inversión porque son habitadas en su mayoría por personas que no son sus dueños y porque son adquiridas en su mayoría con recursos procedentes del ahorro. Keynes no es el padre de la definición, algo que este atribuye a los economistas clásicos previos, pero es verdad que él es el último que lo da por sentado dando el argumento tradicional para ello.

Siguiendo esta definición, las variaciones en el precio de las viviendas no han de computar dentro de la bolsa que se toma para calcular la evolución del IPC en España. Tampoco se han de utilizar para el cálculo del IPCA que utiliza Eurostat para preparar el índice de evolución de los precios para toda la Unión Europea. Al no ser un bien de consumo sino de inversión, argumentan los economistas y técnicos de los organismos públicos encargados del cómputo del IPC, es lógico que las variaciones en su precio no se incluyan dentro del índice que refleja la evolución de los precios de los bienes de consumo.

Esta concepción de la vivienda como bien de inversión no es algo menor pues de este criterio depende la cantidad de euros nuevos que el Banco Central Europeo -BCE- crea cada año en un grado máximo. El principal objetivo del BCE es el control de la inflación y, por tanto, la variable primordial que el BCE sigue a la hora de decidir cuánto dinero nuevo crear es este Índice de Precios de Consumo europeo -IPCA-. Crear dinero a tasas superiores a las del crecimiento del PIB es algo ya probado que resulta muy inflacionario.

Dado que el precio de la vivienda para uso propio no está contemplado dentro del cálculo del IPCA, cualquier alza en su precio no afecta a la inflación y no hace saltar ningún indicador de que la economía se está recalentando para obligar al BCE a reducir la tasa de crecimiento de la cantidad de dinero nuevo en circulación y de esta forma frenar el posible proceso inflacionario.

Así, durante años, por lo menos entre 1997 y 2007, la tasa de crecimiento del dinero nuevo que el BCE ha puesto en el mercado ha sido muy superior a la que hubiera debido ser. Y este exceso de dinero nuevo es el que ha dado origen y alimentado la burbuja inmobiliaria y el posterior aumento generalizado de precios de los bienes de consumo más básico en nuestro país, aumento que tampoco ha sido debidamente recogido por el IPC en un alarde de manipulación política. El tsunami de precios anunciado por la Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) en otoño de 2007 pasó practicamente desapercibido para este indicador.

Si esto que acabo de relatar supone un problema muy importante en sí mismo para cualquier economía nacional, el hecho de que el crecimiento de los salarios de la mayoría de los trabajadores por cuenta ajena que existen en nuestro país así como también el que los alquileres, las tasas a pagar por el consumo de bienes y servicios públicos y otras muchas rentas se actualizan anualmente teniendo en cuenta este índice, creó las condiciones necesarias para la aparición de las turbulencias económicas que subyacen en esta crisis.

Es decir, mientras que todos los gastos, cuyo importe sale de los salarios corrientes, han subido en estos últimos años muy por encima del IPC -la vivienda tuvo años de subidas medias anuales de un 17 y un 18%-, los salarios crecieron siempre por debajo de un 3%. La pérdida de la capacidad de compra de los salarios por este motivo ha sido brutal y su intensidad se dejó notar ya en los meses previos a 2007 cuando la venta de viviendas y de vehículos se ralentizó de forma significativa. Y ello antes de que estallara la crisis de las hipotecas ‘subprime’ en los Estados Unidos.

Por eso la crisis no ha respondido a medidas keynesianas de gasto público indiscriminado ni ahora va a responder a subidas de impuestos, a estímulos empresariales ni a recortes en el gasto público. Estamos en una crisis de demanda no keynesiana por culpa de un cálculo erróneo del IPC. La crisis de deuda vino como consecuencia de las políticas keynesianas erradas. Y hasta ahora todas las medidas han ido a enfrentar una crisis keynesiana o una de falta de competitividad. Que poco conocimiento de economía de país hay en Europa.

Lo más lamentable es que todo esto podría haberse evitado. Keynes estableció algo que tenía toda la lógica de su parte en los años 30 del siglo pasado en Inglaterra. Pero hoy en Europa las cosas han cambiado mucho y en todos los países la mayoría de los moradores de las viviendas son sus propietarios o están en vías de serlo y estas se adquieren mayoritariamente con créditos de garantía hipotecaria cuyas cuotas se pagan con dinero procedente de los salarios corrientes, no con recursos procedentes del ahorro.

Por tanto, ahora las viviendas adquiridas para uso propio ya no son ni han de ser consideradas más como inversiones, sino como bienes de consumo. El resto de viviendas, las adquiridas para obtener de ellas un rendimiento, pueden seguir siendo consideradas inversión.

Cambiar este concepto significaría que el IPC, el indicador que refleja la evolución del precio de los bienes de consumo que se pagan con dinero procedente de los salarios corrientes, reflejaría el coste real de la vida para millones de ciudadanos europeos. También que el gobierno tendría que empezar a preocuparse porque el suelo y las licencias dejaran de ser una de las principales fuentes de ingresos de muchas administraciones.

No cambiarlo significa, sin embargo, que, tan pronto como la demanda se recupere de esta situación límite, otra burbuja inmobiliaria podrá empezar a desarrollarse.

Rafael Hernández Núñez
http://ralpherns.wordpress.com