El Gobierno toca a la carga en sus reformas

Intensa batería de propuestas y anuncios durante este miércoles por parte de distintos ministros del Gobierno de Rajoy. Si el martes fueron el titular de Interior, Jorge Fernández Díaz, con la ratificación de que no habrá cambios en la política penitenciaria sobre los presos de ETA, y sobre, su homólogo en Educación, José Ignacio Wert, con la eliminación de la asignatura de Educación para la Ciudadanía y su sustitución por Educación Cívica y Constitucional, los protagonistas de la jornada, este miércoles ha vuelto a ser el ministro de Justicia quien ha marcado el ritmo informativo del día, acompañado por la sus compañeros de Gabinete en Sanidad, Ana Mato; Agricultura y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete; y de Exteriores, José Manuel García Margallo.

Alberto Ruiz Gallardón se ha descolgado con una propuesta para aligerar la carga que soportan los juzgados de lo civil que ha tenido una buena acogida entre la opinión pública, según las declaraciones ofrecidas durante este miércoles por los distintos medios de comunicación, y las instituciones afectadas. El ministro de Justicia ha anunciado que los matrimonios civiles y los divorcios, sólo en los casos de acuerdo amistoso, como ocurre en la mayoría de las situaciones, se podrán hacer efectivos ante un notario. Como el propio Gallardón ha subrayado, señalan fuentes jurídicas consultadas por este diario, “se trata de agilizar un mero trámite, en los supuestos que él ha citado, en el que simplemente una persona, hasta ahora un juez, un alcalde o un concejal, ratificaban una decisión consensuada entre dos personas. ¿Por qué los mayores fedatarios de nuestro país, los notarios, no pueden hacer lo mismo?”. En el caso de los divorcios de mutuo acuerdo, las mismas fuentes insisten en lo mismo: “Al final es un juez quien firma una sentencia que está acordada previamente. Si las partes están de acuerdo y lo firman ante notario, se estarían ratificando las condiciones de la separación, que evidentemente se podrían recurrir ante un juzgado en caso de incumplimiento por las partes”. Otra medida más que Gallardón ha puesto sobre la mesa para aligerar la carga de trabajo que soportan los juzgados españoles de toda índole, penales, civiles, contenciosos…, en la línea de la anunciada la semana pasada de imponer una tasa para los recursos en segunda instancia.

A la nueva propuesta en materia de Justicia se ha unido la que ha hecho este miércoles la titular de Sanidad, Ana Mato, para dotar a todos los españoles de una tarjeta sanitaria única. Analistas políticos consultados por este diario subrayan que “ésta es una de la cuestiones claves que defiende el PP. ¿Cómo es posible que un denominado Sistema Nacional de Salud funcione independientemente con diecisiete tarjetas sanitarias autonómicas, donde la de una comunidad no vale en otra, si el paciente no aporta la tarjeta de desplazado?” La propuesta de Mato, según las mismas fuentes, es arriesgada “pues es la punta de lanza de otra las grandes iniciativas populares para eliminar no sólo ya duplicidades, sino gastos multiplicados por diecisiete. Casos como el ocurrido recientemente entre el País Vasco y La Rioja, donde los ciudadanos de la primera residentes en la frontera con la segunda preferían ir a Logroño, a veinte minutos en coche, antes que a Vitoria, a hora y cuarto, demuestran que la salud no entiende de autonomías”, subrayan las mismas fuentes, y que “se trata de un problema fundamental para las personas”, vivan donde vivan.

Ana Mato también anunciado que su departamento tomará medidas, al igual que Justicia ha hecho sobre el aborto, en relación a la píldora del día después. La ministra de Sanidad ha encargado un informe médico-científico sobre la regulación de la administración de este medicamento en el resto de Europa y conocer los efectos “que puede causar a las mujeres que la consuman, especialmente en aquellas más jóvenes”, antes de decidir si la sanidad pública le seguirá financiando o no. Mato ha subrayado que la decisión final no se tomará por razones “ideológicas, morales o éticas, sino por salud pública”.

Por su parte, el ministro de Agricultura y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha sacado del cajón uno de los grandes objetivos del PP y que la derrota electoral de 2004 impidió que saliera adelante, en una de las primeras leyes derogadas por José Luis Rodríguez Zapatero, un Plan Hidrológico que mejore la coordinación entre las confederaciones hidrológicas para que aquellas cuencas excedentes puedan suministra agua a las deficitarias cuando las condiciones sean propias. El ministro ha subrayado que el nuevo plan tendrá como objetivo el suministro del líquido elemento en “calidad y cantidad suficiente, de forma integral y solidaria” en todo el territorio nacional, tanto para las necesidades humanas como para el mantenimiento de los ecosistemas.

En el capítulo de Exteriores, su titular, José Manuel García Margallo, ha dejado de lado definitivamente la “política de cesiones y de componendas que sus antecesores socialistas, principalmente, Miguel Ángel Moratinos, y luego su sucesora, Trinidad Jiménez, tomaron sobre Gibraltar, y que dieron lugar a situaciones tan bochornosas como los ataques de la Policía del Peñón y de las lanchas patrulleras de la Royal Navy contra unidades de la Guardia Civil en aguas españoles cuando perseguían a traficantes de drogas”. Margallo ha trasladado al secretario de Estado británico para Europa, David Lidingnton, el deseo del Gobierno español de reanudar la negociación sobre la soberanía de Gibraltar de manera bilateral. En este sentido, según fuentes diplomáticas consultadas por “El Imparcial”, Exteriores “ha jugado una buena baza, aprovechando una de las cesiones que hizo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. El mensaje que se ha lanzado es que si la negociación no es bilateral, entre España y el Reino Unido, nuestro país incluirá en las reuniones a tres –Madrid, Londres y el Peñón- a la Junta de Andalucía y a la mancomunidad de municipios de Campo de Gibraltar”, para que haya “simetría” a un lado y otro de la verja.

Este miércoles, el presidente del Gobierno ha continuado con sus reuniones con los presidentes autonómicos, en esta ocasión con el máximo dirigente de la Generalitat catalana, Artur Mas, quien le ha planteado su apoyo a sus propuestas económicas aunque se ha mostrado absolutamente escéptico sobre la posibilidad de que España pueda reducir en cuatro puntos el déficit público en un año. Reducir del 8 por ciento al 4,4 por ciento del PIB la diferencia entre los gastos y los ingresos del Estado durante 2012 “no es ni posible, ni razonable, ni realista”, a su juicio del presidente de la autonomía catalana, que apoyado al jefe del Ejecutivo para lograr un calendario más flexible en Europa para conseguir ese objetivo.

Pero no todo han sido buenas palabras, pues Mas ha querido dejar clara la exigencia presentada a Rajoy en la que le ha pedido la aprobación de un pacto fiscal para Cataluña que “sea una oportunidad para rehacer las relaciones” entre esa Comunidad y el Estado, y con una advertencia final: “Si no es posible, cada uno tendrá que tomar sus decisiones, sus caminos, sus derroteros”. Analistas políticos consultados por este diario subrayan ante estas últimas palabras que Mas “ha vuelto a hacer el juego de los nacionalistas que les ha salido muy bien durante mucho tiempo: o aceptas el pacto, o te provoco una situación política insostenible. Aunque en este caso, puede ser diferente, pues en el aire está la aprobación de los presupuestos de la Generalitat, en un Parlamento en el que CiU no tiene mayoría absoluta y al final puede depender de los votos del PP, aunque el notario ya no esté”.