Manos Limpias mantiene su petición de 20 años de inhabilitación para Garzón

La acusación popular que ejercen el sindicato ultraderechista Manos Limpias y la asociación Libertad e Identidad en el juicio a Baltasar Garzón por investigar los crímenes del franquismo ha mantenido su petición de 20 años de inhabilitación para el juez por un delito de prevaricación. Así lo ha anunciado en la última sesión del juicio en el Tribunal Supremo el abogado de Manos Limpias, Joaquín Ruiz Infante, que ha modificado sus conclusiones provisionales para incluir que las pruebas practicadas en el juicio han confirmado que Garzón se declaró competente para investigar los hechos a sabiendas de que no lo era y después de que otros juzgados archivaran las denuncias.

El sindicato Manos Limpias y la asociación Libertad e Identidad han elevado a definitiva su petición de inhabilitar durante 20 años al juez Baltasar Garzón por un delito continuado de prevaricación presuntamente cometido al investigar sin competencias los crímenes del franquismo. La Fiscalía y la defensa han solicitado la libre absolución del magistrado y el archivo de este procedimiento.

Así lo ha manifestado la acusación en la séptima sesión del juicio abierto contra el juez de la Audiencia Nacional, suspendido cautelarmente de sus funciones desde mayo de 2010, una vez concluidos los interrogatorios de los trece testigos que han coincidido en que la investigación del juez Garzón era la única opción existente para obtener Justicia.

El abogado de Manos Limpias Joaquin Ruiz Infante ha modificado alguna cuestión "puntual" que, ha dicho, respeta su escrito de acusación anterior. En concreto, en la presentación de su informe final se ha centrado en la querella contra Santiago Carrillo por los fusilamientos de Paracuellos del Jarama que fue archivada por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 apelando a la Ley de Amnistía de 1997.

A su entender, al admitir las denuncias de las víctimas por las desapariciones del franquismo y dar lugar a "una causa general contra personas indeterminadas, no identificadas" y "notoriamente fallecidas", Garzón fue "plenamente consciente" de que esta nueva actuación vulneraba tanto las normas como sus "propios actos".

En este sentido, el letrado ha sostenido el acusado "conscientemente" se apartó de la legalidad dictando esa resolución "a sabiendas" y omitió cualquier pronunciamiento sobre su competencia, siendo consciente además de que el Ministerio Fiscal había advertido sobre la irretroactividad de los delitos de genocidio y lesa humanidad. "El acusado era plenamente consciente de esos principios".

Los "escollos" a los que se enfrentaba el juez de la Audiencia Nacional se basaban además en los límites legales que la Fiscalía, su mismo juzgado bajo un magistrado sustituto y la Sala de lo Penal sostuvieron al declarar la incompetencia de este órgano jurisdiccional. "Él realiza su propósito de infringir la legalidad y las normas sobre su competencia", ha agregado.

De este modo, ha advertido de que el juez imputado "intentó dar una apariencia lógica" para abrir un procedimiento "de tal significación" y contrario a "los principios más fundamentales del ordenamiento jurídico". Además, el abogado ha solicitado incluir en las actuaciones que las denuncias de las víctimas habían sido en muchos casos archivadas por los juzgados competentes con anterioridad.

La acusación, que comparte representación letrada, ha mantenido este miércoles su petición de imponer a Garzón la pena de 24 meses de multa, a razón de 30 euros al día, así como de 20 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, con pérdida definitiva del cargo que ostenta y de los honores que le son anejos, y con la incapacidad para obtener durante el tiempo de la condena cualquier empleo o cargo con funciones jurisdiccionales o de gobierno dentro del Poder Judicial o funciones jurisdiccionales fuera del mismo, así como al pago de las costas procesales producidas incluidas las de la acción popular.