José Eugenio Soriano García | Miércoles 08 de febrero de 2012
El Real Decreto Ley 2/2012 de 4 de febrero, que entró en vigor el mismo sábado en que se publicó, contiene todo un Título IV dedicado a limitar las “remuneraciones en las entidades que reciban apoyo financiero público para su saneamiento o reestructuración”. Supone que, por primera vez en nuestro Derecho (salvo algunas normas de limitación indirecta que provenían de la postguerra) se fijan limitaciones a los consejeros y a los directivos de las entidades que soliciten apoyo financiero al FROB. En definitiva, hoy mayoritariamente, a las Cajas de Ahorros.
Claro que habría que distinguir, si hacemos una crítica sobre la actuación de tales consejeros y directivos, entre los recién llegados a las entidades y los que han venido usufructuando durante tiempo y tiempo y que, sorprendentemente, muchos de ellos continúan, pese a la suspensión, bancarrota o quiebra a que han llevado a unas entidades tan sólidas como las tradicionales Cajas de Ahorros.
Quienes ahora se hacen cargo de la entidad, no son objeto de la crítica que hago a continuación, que se centra exclusivamente, en quienes han llevado a la ruina a estas entidades, muchos de los cuales han logrado escaparse antes de esta norma huyendo a su casita antes de que recayera el azote del BOE y otros, camuflados, continúan percibiendo sus pingües emolumentos, como si con ellos no fuera la cosa.
Ante todo, hay que comenzar por decir que ha sido un Gobierno conservador el que sen ha atrevido a poner este cascabel al gato, a los gatos, de los directivos y consejeros, porque el Gobierno Socialista, miró a otro lado, en prueba evidente que una cosa es predicar y otra distinta es repartir trigo. El Gobierno anterior, no se atrevió a adoptar una medida tan elemental y justa como la de que si una entidad “financiera” no es capaz de financiarse, el fracaso de sus gestores es más que evidente. Esta patente contradicción dice mucho sobre la influencia de los pasillos y los grupos de presión, a empezar por los propios políticos que se sientan en tales consejos y presidencias, que, mofándose de toda ideología, tenían como único interés continuar enriqueciéndose sin límites.
Con todo, hay que decir que dar 300.000 euros a un directivo, presidente y consejero delegado de una entidad participada mayoritariamente por el FROB, sigue siendo un exceso. No se lo merecen. En absoluto. Han demostrado ser los peores, y no tiene el menor sentido que continúen el saqueo.
Porque al parecer, la justificación para pagar tales sueldos varias veces multimillonarios (aparte todas las gabelas que imponían los directivos en forma de viajes – suyos y de parientes- seguros, tarjeta de crédito, dietas, créditos…) era que como eran los mejores, había que pagarles, precisamente a ellos, tales enormes emolumentos.
Al parecer no eran los mejores los médicos de urgencia que salvan vidas, los policías que impiden un asalto, los jueces que se atreven a condenar a terroristas, el maestro que enseña en escuelas rurales, el bombero que apaga un incendio. No. Todos esos, son precisamente “los peores” y, como tales, hay que sancionarles pagándoles lo poquito que valen. Su tasa social de beneficios debe ser, como miserables que son y que han de permanecer siendo, muy poca, si la medimos por lo que se les paga, y por ello, frente a estos “máster del universo”, esta “biutiful pipol” que son los consejeros, directivos y presidentes de cajas y demás entidades, han de aceptar igualmente que su tasa individual de beneficios sea muy pequeñita y, resignadamente, han de aceptar para siempre que su sueldo sea muy inferior al del ejecutivo cuya vida salvan, protegen o cuidan.
Hemos de ser mimosos, pues, con tales ejecutivos. Esa sería la conclusión, si, efectivamente, fueran los mejores.
Pero claramente, no lo son. Claramente no han sabido ni llevar una cosa tan arraigada durantes más de tres siglos como una Caja de Ahorros. Han asaltado entre políticos y estos aprovechados ,a entidades secularmente enraizadas y con un negocio sencillo. Para ello usaron toda clase de trucos, desde falsear conscientemente el valor de los inmuebles hasta prestar sin garantías. Todo por el bonus. Bonus que han cogido, inclusive en época ya de recesión.
El Ministro de Guindos, con prudencia, ha dicho que a los que ya habían recibido sus capitales de retiro, sus cantidades por irse de la entidad, no podían ser objeto de acción alguna para exigirle el reembolso. En el plano jurídico, que no político, sería cosa discutible y si se pusiera a la Abogacía del Estado y en su caso al Ministerio Fiscal a investigar y perseguir tales actos, habría mucha tela que cortar. Porque una espesa regulación administrativa, fiscal, contable, además de analizar las posibles maquinaciones para alterar el precio de las cosas, todavía es aplicable y no ha prescrito. Y lograr poner en la picota y colocar sanbenitos a los apandadores que se lucraron ilícitamente de su privilegiada posición, es algo que ofrecerá a la sociedad algún consuelo sobre la idea de que la Justicia también existe para los poderosos y aprovechados, y no solamente para quienes están siempre sosteniendo al país con su esfuerzo, sacrificio y trabajo.
Esa lección no sería inútil, no costaría mucho y ofrecería el beneficio de enseñar que las responsabilidades también existen para los políticos y sus amigos. Y si no se hace, otra frustración y desafecto con la cosa pública cundirá en nuestra sociedad, ya bastante amargada de haberse ido al paro y a la ruina por obra, precisamente, de esos que se han escapado lindamente de rositas.
Actúe pues el Gobierno, no solo para el futuro, sino también para el presente, exigiendo responsabilidades a quienes nos han hundido y que son con toda probabilidad verdaderos delincuentes.