las causas objetivas de despido enfrentan a los actores del mercado laboral
Domingo 12 de febrero de 2012
Las causas objetivas de despido procedente clarificadas en la reforma laboral, que hoy entra en vigor, se han convertido en el caballo de batalla entre los actores implicados en el mercado laboral. El presidente de la CEOE dice que se avanza hacia un despido improcedente "residual"; CCOO y UGT acusan al Gobierno de desentenderse del paro; y la ministra de Empleo asegura que los derechos del trabajador permanecen "intactos".
El presidente de la CEOE, Juan Rosell, ha valorado este domingo que la reforma laboral aprobada por el Gobierno permita "clarificar" las causas objetivas de despido para avanzar hacia que el despido improcedente quede como "una anomalía, algo residual".
En una entrevista en el diario El País, el presidente de la patronal afirma que la reforma es positiva, va en línea con los cambios que se han hecho en Europa e "introduce flexibilidad y estructura un mercado laboral que era tremendamente rígido".
"Nos deja lejos del radicalismo aplicado en Portugal y nos acerca a Alemania. Completa los pasos dados en 2010 y 2011 por el Gobierno de Zapatero", apunta.
Rosell reconoce que es una "reforma importante" pero niega que sea la de la patronal y reclama mayor flexibilidad.
"No es lo que hubiera hecho yo; pero lo hecho es importante. No podemos pedir que se pase de primera a quinta velocidad de una vez", apunta.
No obstante, Rosell rechaza que la obsesión del empresario sea despedir sino que lo que buscan es contratar.
Para el presidente de la CEOE, con la reforma se ha alcanzado "una fórmula intermedia" que deja a los agentes sociales un espacio muy grande para negociar y ante la que no ve "motivos suficientes" para la huelga.
Evitar la huelga general está en manos de Rajoy, dicen los sindicatos
Por su parte, el secretario general de Comisiones Obreras (CCOO), Ignacio Fernández Toxo, ha afirmado que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, "tiene en su mano" evitar una huelga general en el proceso de tramitación de la reforma laboral.
En una entrevista en la Cadena Ser, junto al líder de UGT, Cándido Méndez, Toxo ha apuntado que espera que la reunión a la que les ha convocado mañana la ministra de Empleo, Fátima Báñez, sea para decir que se abre un proceso de negociación.
"Cabe la posibilidad de mejoras pero si se buscan otras alianzas para endurecerlas (...) será la ciudadanía la que marque el camino", ha advertido.
El líder de UGT, Cándido Méndez, ha criticado la actitud del Gobierno con una reforma con la que se ha "desentendido" del principal problema del país, que es el paro, y que obliga a la sociedad a dar un "triple salto mortal" en sus condiciones laborales.
Para Méndez, la reforma impone como única vía para afrontar la crisis el despido "en un país donde muchos empresarios tienen una atracción irresistible al despido, como las polillas a la luz".
Ambos líderes sindicales señalaron que la reforma llevará a los 6 millones de parados y avanzaron que no descartan recurrir a los tribunales eventuales aspectos de inconstitucionalidad o discriminación de la reforma laboral.
No obstante, coincidieron, lo primero es una tarea de divulgación sobre el contenido y el impacto de una normativa que acaba con los derechos de los trabajadores, así como "palpar" el estado de ánimo de la ciudadanía antes de plantear nuevas acciones.
Para Fernández Toxo, hay razones para la huelga pero antes "se debe oír a la calle". "En España se han salvado muchos empleos y se ha ayudado a crear muchos con movilizaciones de la ciudadanía", subrayó el líder de CCOO.
Par el de UGT, dejar el contenido de la reforma y ponerse ahora hablar de la respuesta sería "un error" y "un flaco servicio" a la ciudadanía a la que deben demostrar que hay alternativas.
Los sindicatos han anunciado que el próximo 19 de febrero van a hacer movilizaciones para que las calles de España sean un clamor contra la reforma laboral aprobada por el Gobierno del Partido Popular.
El Gobierno dice que los derechos del trabajador permanecen "intactos"
Por último, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha asegurado que la reforma laboral introduce "mayor transparencia y seguridad jurídica" en las relaciones laborales y que los derechos del trabajador permanecen "intactos", entre ellos la tutela judicial efectiva.
En una entrevista con el diario ABC, Báñez defiende que los cambios en las indemnizaciones nos acercan a Europa y que lo que se ha querido es evitar conflictos judiciales al objetivar y clarificar más las causas de despido procedente.
Entre las novedades de la reforma está que la indemnización por despido improcedente se reduce para los contratos indefinidos de 45 a 33 días por año trabajado, con un máximo de 24 mensualidades en lugar de 42 como hasta ahora.
En cuanto al despido objetivo -que permite a las empresas echar a empleados por causas económicas, organizativas, técnicas o de producción- se mantiene la indemnización de 20 días por año trabajado, con un máximo de 12 mensualidades, pero se dan facilidades a la empresa para poder acogerse a él.
Para Báñez, los cambios permiten a las empresas tener más flexibilidad para adaptar las condiciones de trabajo en tiempos de crisis y evitar así despidos; a la vez que se sientan las bases para que se pueda crear empleo estable cuanto antes.
"Lo que hace la reforma es permitir a las empresas que puedan ajustarse a las situaciones económicas adversas con mayor flexibilidad y que el despido sea el último recurso", señala.
Con la reforma, apunta Báñez, "ganan todos los trabajadores" así como los parados, los jóvenes y las pymes.
La ministra afirma también que la reforma introduce acuerdos a los que llegaron patronal y sindicatos, ya que se respeta "profundamente el diálogo social", y añade que se contará con los agentes sociales para mejorar el texto con sus aportaciones en la tramitación parlamentaria.
Sobre la posibilidad de que los sindicatos convoquen una huelga general, señala que confía en la "responsabilidad" y en el compromiso con España "en un momento tan delicado"
Báñez también reitera que la prestación por desempleo es un derecho de los trabajadores que el Gobierno "no va a tocar" y que se luchará para evitar el fraude con un nuevo plan que intensificará los controles y los cruces de información entre administraciones.
La ministra también apunta que se impulsará que los parados que reciben prestación puedan ayudar a servicios de la comunidad con convenios con Comunidades Autónomos, Ayuntamientos e Instituciones.
Sobre la jubilación, afirma que el Gobierno quiere que se "lleve a cabo con libertad" para que sean posibles "carreras de jubilación más largas compatibilizando pensión y empleo" y que ese es el camino que se va a iniciar en el Pacto de Toledo.
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