Italia: Veinte años de corrupción

El 17 de febrero de 1992 se inició una importante etapa para la política italiana denominada Tangentopoli o Manos limpias, una operación judicial que se proponía investigar una trama de corrupción y sobornos que involucraba a las más altas esferas estatales. Con el objetivo de realizar una purga de la dirigencia tradicional, se descubrió la implicación de importantes figuras políticas nacionales, como el ex primer ministro socialista, Bettino Craxi emblema de esta convulsa fase política, que huyó de la justicia italiana (a Túnez) para no someterse a proceso. Se consideraba que la investigación judicial sellaba el fin de la primera Republica y el inicio de una nueva etapa política para Italia. A 20 años de distancia, la situación parece haber cambiado poco: en Italia, continúan la ilegalidad y la corrupción, alcanzando dimensiones superiores a las que se conocen o se consiguen detectar. Según datos del Tribunal de Cuentas, estos fenómenos costarían al país unos 60 mil millones de euros. Italia sigue plagada de sus males endémicos: la corrupción inviste las actividades profesionales mientras la evasión fiscal se propaga (una de las más altas de Europa, superada, por poco, por la de España). Asimismo, según datos de la Comisión Europea, corresponden a Italia el 50% de los casos de corrupción de los 21 países de la UE. Por eso asistimos diariamente a escándalos en las licitaciones, en la eliminación de los residuos tóxicos, en la gestión sanitaria, en el sector inmobiliario, en la evasión y fraude.

El drama de Italia se ve reflejado en los informes de la organización Trasparencia Internacional, incluyéndole en la lista de los países más corruptos. Se trata de un grave problema y un freno al desarrollo económico del país: la masiva corrupción y la presencia de la criminalidad organizada obstaculizan y desincentivan las inversiones en el país. En especial modo, el crecimiento económico del Mezzogiorno se ve afectado por estas trabas, que alejan a los inversores y condenan el sur del país a vivir al margen de cualquier intento de reconstrucción nacional.

El balance de este proceso resulta no solo insatisfactorio, sino también deprimente: en los primeros días de año 2012 ha sido detenido uno de los primeros condenados en 1992 por la misma acusación de recibir sobornos a cambio de concesiones públicas para construir. Por lo tanto, ni siquiera se trata de una situación gattopardiana, ya que los protagonistas-culpables siguen siendo los mismos y sus prácticas ilegales (financiaciones de partidos políticos, asesoramientos ficticios, sobornos…) siguen en vigor. Esta es Italia: personas que ni siquiera podrían presentarse a una oposición de la pública administración por sus antecedentes penales, sermonean desde sus escaños parlamentarios, recordándonos que nada ha cambiado. La expectativa de un cambio de la clase política italiana, de una regeneración, se ha visto defraudada por la actual situación nacional: políticos con un pasado oscuro, personas pluri-investigadas que atacan la Magistratura y cuestionan las bases de un Estado de derecho mientras sus lacayos se preocupan de mentir a la opinión pública sobre el pasado de Italia, tanto que Craxi pasa de ladrón a héroe nacional. Los políticos de Tangentopoli renacen de sus propias cenizas, de sus mismas sentencias, demostrando que la corrupción y la práctica del soborno siguen presentes en la vida pública y en el tejido económico nacional. Se preocupan de descalificar al poder judicial, de dar a sus sentencias una connotación política. Aún así, debemos subrayar que la opinión pública nacional, el electorado y/o la sociedad civil no resultan exentos de culpa: con su voto han rehabilitado al estafador, lo han readmitido en la escena pública nacional, mostrando su propensión a “comprender” su estilo e incluso envidiar su actitud.

Durante estas últimas décadas, los italianos han mostrado hipócritamente su apoyo a los valientes jueces, siempre y cuando estos se ocuparan de investigar a las figuras de primera plana, a los “privilegiados” de la casta: no obstante, no querían que algunas de estas prácticas (el soborno, el nepotismo y el clientelismo en primis) desaparecieran de los hábitos nacionales. Consideraban justo investigar el patrimonio de un político pero no el suyo; se indignaban por el trato de favor que recibían los altos cargos de la pública administración, pero pretendían ser atendidos en primer lugar porque el enfermero era su primo. Y se predicaba la necesidad de multas, de los inspectores y de los controles para…el otro, mostrando su alergia por la legalidad, su doble moral respecto a fenómenos tan arraigados como cotidianamente presentes.

La corrupción, la ilegalidad, el abuso de poder resultan demasiados presentes en un territorio como el nuestro. Las instituciones italianas deberían emprender una seria lucha contra la evasión fiscal, la corrupción y la malversación de los fondos públicos. A 20 años de Tangentopoli, la situación ha cambiado demasiado poco y los males de aquellos años resultan aún presentes y cada vez más afincados. Resulta necesaria una profunda reforma de la administración pública, una intervención estatal “quirúrgica” para extirpar el mal y dar paso a una nueva sociedad, éticamente renovada y moralmente lícita. Se debería reemplazar un código –milenario- basado en prácticas de favores y pagos por otro inspirado en principios éticos y morales. Mientras lamentablemente se sigue debatiendo si los acontecimientos de 1992 fueron una “liberación” o una desgracia, la clase política se perpetúa y propaga sus modelos.