¿Es Valencia el laboratorio de lo que puede pasar?

Lo que el lunes parecía una más de las protestas estudiantiles que se llevan celebrando en la Comunidad Valenciana se ha convertido en una bomba política este martes que ha obligado a pronunciarse hasta al propio presidente del Gobierno. De una protesta pacífica se pasó a una auténtica batalla campal donde las acusaciones se cruzan entre los estudiantes, denunciando brutalidad policial por parte de los agentes que intervinieron para disolver la concentración originaria del conflicto, convocada sin permiso de la delegación del Gobierno, y los responsables del Ministerio del Interior, que denuncian la presencia de miembros antisistema entre los participantes en la movilización, y a los que consideran responsables de los graves incidentes, aunque también se admite que pudo haber exceso de celo por parte de determinados funcionarios en su intervención.

El propio presidente del Gobierno ha tenido que terciar en este asunto, que, en ciertos aspectos, según analistas políticos, comienza a tener tintes que recuerdan a algunas situaciones vividas en nuestro país no hace muchos años. De hecho, según fuentes del PP, “no deja de sorprender que tras los incidentes de ayer, hoy, los estudiantes valencianos hayan hecho recorridos durante sus movilizaciones de hoy que hayan tenido como objetivos finales la delegación del Gobierno, la Jefatura Superior de Policía y la sede del Partido Popular”. Y todavía más, la pasada noche, las concentraciones en solidaridad con los estudiantes valencianos celebradas en Madrid, han acabado con cortes de tráfico en la Gran Vía y una marcha hacia la calle Génova, donde se encuentra la sede central del Partido Popular, algo que ya no sorprende.

Las mismas fuentes señalan que desde acontecimientos muy desgraciados en los últimos años de la historia de España, “que comenzó con el “pásalo” de Rubalcaba antes de las elecciones de 2004, las concentraciones ante nuestras sedes y los órganos de Gobierno de Comunidades Autónomas dirigidas por nuestro partido han sido el pan nuestro de cada día. Y no hace falta irse muy lejos. La única huelga general convocada contra el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero acabó en una concentración frente a la sede de la Comunidad de Madrid en la que se vertieron proclamas contra la presidenta autonómica, Esperanza Aguirre, y los empresarios, y no contra el Gobierno hacia quien iba dirigida esa protesta, motivada entre otras cosas, por la aprobación de una reforma laboral que limitaba a veinte días las indemnizaciones por despido”.

Rajoy, tras reunirse en Londres con el primer ministro británico, David Cameron, ha reclamado “serenidad y responsabilidad para no dañar la imagen de España en el exterior”. Y según analistas políticos consultados por este diario, el jefe del Ejecutivo ha utilizado una expresión en la que tanto los manifestantes protagonistas de los incidentes como los responsables del dispositivo policial que les hizo frente, la delegada del Gobierno y el jefe Superior de Policía, que llamó “enemigos” a los manifestantes, quedan retratados: “Si todos actúan con mesura y sentido común, este tipo de cosas no se volverán a repetir”. No obstante, ha recordado que “todo el mundo tiene derecho a manifestarse y a expresar sus opiniones, pero la Policía está obligada a actuar porque tiene funciones que cumplir”. Rajoy ha insistido en lo mejor “para España es que todos tiren del carro y hagan el esfuerzo de estar a la altura. Y me incluyo a mí mismo”.

Los analistas políticos consultados por “El Imparcial” se preguntan que como es posible que una nueva concentración, como la del lunes ante el instituto valenciano Lluis Vives, en una protesta legítima contra las condiciones que viven los estudiantes del centro, sin calefacción, servicios o electricidad, se convirtiera en un auténtico campo de batalla, “con actuaciones mucho más que discutibles por parte de los manifestantes y con una respuesta policial que deja mucho que desear por su desproporción en momentos puntuales, aunque no deja de ser verdad que once agentes resultaran heridos en los altercados”. Las mismas fuentes recuerdan que el cambio cualitativo en la manifestación se produjo sólo un día después de las movilizaciones del domingo contra la reforma laboral, y tras los anuncios lanzados por líderes sindicales y políticos de que la calle iba a hablar.

En este sentido recuerdan las palabras del diputado de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, pronunció la semana pasada: “La reforma laboral es como la guerra de Irak”.

En Valencia, la delegada del Gobierno, Paula Sánchez de León, se ha reunido con sus representantes de los estudiantes, pese a que uno de los dirigentes de su Sindicato se hubiera manifestado públicamente esta mañana a favor de “quemar las calles” de la capital del Turia. En su encuentro, con reproches mutuos, y en la que se ha reclamado la dimisión de la delegada, las dos partes han llegado a un acuerdo que se considera clave para bajar la tensión: las manifestaciones y concentraciones, según la legislación, se convocarán con permiso previo, no como la de ayer.

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha mostrado su confianza en que las aguas vuelvan “a su cauce” en Valencia y ha solicitado “moderación y prudencia. Tras asegurar que “estamos para controlar los excesos y no para excedernos en el control”, el ministro no ha querido dar más explicaciones hasta que lo haga en el Congreso de los Diputados a petición propia. Fernández Díaz, no obstante, no ha descartado la apertura de un expediente informativo, como lo ha hecho también la delegada del Gobierno en Valencia, sobre la actuación policial del lunes.

Desde el PSOE, su secretario general, Alfredo Pérez Rubalcaba ha asegurado que “algunas de las imágenes que muestran la actuación de la Policía “no son tolerables, y por tanto, espero que el ministro del Interior las aclare”, No obstante, no ha querido manifestarse a favor de la dimisión de Paula Sánchez hasta que Fernández Díaz de las explicaciones que ha prometido en el Congreso de los Diputados.

No todo han sido malas noticias hoy para Mariano Rajoy. El presidente de los Estados Unidos, Barak Obama, ha expresado un inesperado apoyo público a la reforma laboral y a las medidas económicas tomadas por el Gobierno español en una conversación que ha mantenido con la canciller alemana, Ángela Merkel. El máximo dirigente estadounidense ha subrayado, según el portavoz de la Casa Blanca, Jay Carney, que “las reformas establecidas por España e Italia han dado pasos positivos apara afrontar la situación en la euro zona”. No obstante, en su reunión con David Cameron, el presidente del Gobierno ha vuelvo a insistir en que la situación actual “es difícil y compleja como en otros países de la Unión Europea”, aunque las medidas adoptadas por el Ejecutivo se hacen de forma “justa y equitativa”. Sobre la reforma laboral, y ante posibles cambios en una negociación bilateral con los sindicatos y en la tramitación en el proceso parlamentario, ha subrayado que esperar modificaciones en su articulado “no sería bueno para España” y ha reiterado que, “sin duda”, la nueva legislación facilitará la creación de empleo “cuando se inicie el crecimiento económico”.

Otro cuestión del contenido de su reunión con Cameron: Gibraltar. Pero ahí, nada de nada. Las cosas siguen igual y todo parece indicar que seguirán igual. Posturas inamovibles. Eso sí. El presidente del Gobierno le ha explicado al “premier” británico que las postura de su Ejecutivo sobre este contencioso diferirá bastante de la su antecesor, presidido por José Luis Rodríguez Zapatero. Cesiones, como las que habitualmente protagonizaba Miguel Ángel Moratinos, habrá muy pocas.

Por otro lado, importe decisión en el Congreso de los Diputados contra ETA. PP, PSOE,CiU, PNV, IU, Coalición Canaria, PNU y Foro Asturias han firmado un acuerdo en el que se fijan las líneas futuras de actuación contra la banda terrorista y que, paradójicamente, ha surgido de una iniciativa de la formación liderada por Rosa Díez, UPyD, para ilegalizar a Bildu y Amaiur. Los partidos que han dado su visto a esta nueva estrategia instan al Gobierno para mantener el diálogo con el Gobierno vasco, con el Gobierno de Navarra y con las fuerzas políticas con el fin de promover la máxima unidad en “exigir a ETA su disolución definitiva e incondicional; reforzar el compromiso con las víctimas del terrorismo para salvaguardar la memoria y la verdad, defender la dignidad y hacer justicia a todas las personas que han sufrido la violencia terrorista y se insta al Gobierno a velar por el cumplimiento estricto de la ley y la persecución, en su caso, de cualquier conducta contraria al ordenamiento jurídico”.