El Gobierno permitirá la dación en pago en familias sin ingresos y con todos sus miembros en paro

Las familias con bajos ingresos y con todos sus miembros en paro podrán utilizar la "dación en pago" para saldar su deuda hipotecaria con el banco siempre que se trate de la primera vivienda, según ha propuesto este miércoles el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos. De Guindos ha hecho este anuncio durante su intervención en el Congreso de los Diputados y en respuesta a una interpelación urgente de Izquierda Plural acerca de la "dación en pago" -saldar la deuda hipotecaria con un banco devolviendo la vivienda- y los abusos de la banca.

El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, ha anunciado que el Gobierno permitirá acogerse a la dación en pago, entrega de la vivienda para saldar la hipoteca, a las familias con todos sus miembros en paro y que no cuenten con ingresos adicionales para afrontar el pago de hipotecas.

"Es una realidad que la vivienda que entregan estas familias es el único activo que tienen", aseguró el ministro en respuesta en una interpelación del diputado de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) Joan Coscubiela Conesa en el Congreso sobre la dación en pago y los abusos de las entidades financieras. El ministro subrayó que estas familias serían consideradas como el "umbral de exclusión".

De Guindos además adelantó que, dentro de un código de buena práctica para los procedimientos de ejecución hipotecaria, permitirá durante al menos dos años habitar a estas familias en la vivienda antes del desalojo. Esta medida podría ser también prorrogable.

El Gobierno persigue que las familias con bajos ingresos puedan salvarse de un desahucio en caso de impago de su hipoteca, con el fin de reducir el coste social de estas actuaciones judiciales.

El Gobierno aprobará este viernes la simplificación de organismos reguladores, según ha avanzado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, durante la sesión de control al Ejecutivo en el Parlamento. El objetivo de esta reforma es profesionalizar este tipo de organismos para darles más seguridad jurídica, máxime cuando en la actualidad están realizando funciones propias de ministerios que no les corresponde, según fuentes del Gobierno.

"La austeridad no es una opción sino una obligación", ha dicho Sáenz de Santamaría, que ya avanzó el pasado 20 de enero que el Gobierno había creado un grupo de trabajo integrado por los ministerios de Presidencia, Economía, Hacienda, Fomento y Sanidad para estudiar una reforma integral que genere organismos reguladores más austeros, neutrales y eficaces. A modo de ejemplo, Sáenz de Santamaría planteó que si finalmente no se crea el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (CEMA), se ahorrarían 7 millones de euros, según el presupuesto previsto por el anterior Gobierno para 2012.

Éste es sólo uno de los organismos que estarían en el puntero del Gobierno. Así, la Ley de Economía Sostenible contemplaba sólo cuatro órganos reguladores: La Comisión Nacional de la Energía (CNE), la Comisión Nacional de las Telecomunicaciones (CMT), la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) y la Comisión Nacional del Sector Postal. Más tarde, el Gobierno anunció la creación de nuevos organismos como el mencionado CEMA o al Comisión Nacional del Juego, dando lugar a una proliferación de estructuras y a un solapamiento de tareas.

Otro de los objetivos del Gobierno es poner el acento en la compatibilidad de los cargos dentro de los reguladores y buscar una mayor intervención por parte del Parlamento en la designación de sus miembros. Según el Gobierno, la reforma persigue no sólo una mejor asignación del gasto, sino también recuperar la confianza, cumplir los objetivos de la UE y mejorar el funcionamiento de los organismos en mercados que actualmente exigen mayor transparencia.