Impuestos al autoconsumo

Aunque hay una diferencia esencial entre el periodista y el articulista (uno investiga la noticia, el otro la comenta), la persona que introdujo en el bolsillo de mi chaqueta el texto que voy a presentarles no debía tenerla muy clara. Un periodista habría iniciado una concienzuda investigación a partir de él; yo, careciendo de tiempo y medios para hacerlo, me he limitado a transmitirles el material para que juzguen por sí mismos. Aclaro que la entrega debió suceder en un local próximo a unas oficinas del Ministerio de Industria al que suelo acudir los fines de semana. Retrospectivamente, no parece casual que en mi última visita el tema de la tertulia fuera el impuesto al autoconsumo energético que prepara el gobierno. El caso Bárcenas, tan siniestro, lo ocultar todo, pero quizás algunos de ustedes se hayan enterado de que dentro de muy poco aquellos que posean placas solares en sus casas deberán pagar un impuesto por la energía generada. Es como si el ciudadano que cultiva un huerto tuviera que pagar impuestos por los tomates que come. Son medidas difíciles de comprender con la razón y que revelan hasta qué punto se ha vuelto voraz el monstruo del Estado. El informe que ahora saco a la luz abunda malignamente en ello. A ustedes les toca juzgar sobre su autenticidad.

“La delicada situación económica por la que atraviesan los diferentes países miembros de la UE ha originado un creciente uso del autoconsumo de bienes y servicios. Son de sobra conocidos los establecimientos donde se propone al consumidor que elabore el producto final, en todo o en parte. Han proliferado, por ejemplo, distribuidoras que suministran mobiliario desmontado y embalado para que sea el consumidor quien lo recoja, lo transporte hasta su lugar de destino y lo instale. Igual ocurre con el auto lavado de automóviles en estaciones de servicio, el auto repostaje de combustible o los talleres de auto mantenimiento de vehículos. Todas estas actividades y otras muchas parecidas incentivan el autoconsumo. Dicho fenómeno está estrechamente vinculado al intento (infructuoso, por el momento) de evitar pagos en dinero creando una especie de Banco de Tiempo, en el que los miembros integrantes cobran los servicios prestados con unidades de tiempo, fijadas conforme a ciertos baremos, y abonan los servicios recibidos con las unidades de tiempo obtenidas, eludiendo así el pago del IVA con el pretexto de que, al no haber entrega de dinero, no hay hecho imponible.

El autoconsumo de bienes y servicios está expresamente contemplado en la normativa comunitaria y en las diferentes legislaciones de los Estados integrantes como operaciones sometidas al Impuesto sobre el Valor Añadido. No existe sin embargo una clara percepción por parte de los consumidores de que tales actividades estén sometidas a dicho impuesto, lo cual origina una evidente merma en la recaudación que, si en otra época pudiera calificarse de testimonial, en la actualidad comienza a ser muy grave.

Este Comité reconoce, no obstante, la dificultad en la valoración de la prestación del servicio por parte del consumidor, ya que habitualmente es el profesional que lo presta quien lo incluye en la factura, mientras que en el caso del autoconsumo, el consumidor puede desconocer la cuantía exacta de lo que “se ha ahorrado” al servirse a sí mismo. Un ejemplo puede ilustrarlo. Si un consumidor contrata a un cerrajero para que le efectúe un cambio de cerradura en su domicilio, el profesional incluirá como partidas sometidas al hecho imponible, no sólo el coste del material adquirido, sino también el desplazamiento y la mano de obra, y todo ello quedará sujeto al IVA por el tipo correspondiente. Pero si el consumidor dispone de las habilidades suficientes para comprar la cerradura en una ferretería y colocarla eficazmente en su puerta, se habrá ahorrado los costes accesorios del desplazamiento del profesional y de mano de obra del mismo, los cuales, con frecuencia, pueden suponer una parte sustancial de la factura. La pérdida para el Estado es notable y se trataría, consiguientemente, de que el consumidor añadiera al importe de la cerradura (del cual ya satisfizo el IVA correspondiente), el porcentaje correspondiente al importe del desplazamiento y la mano de obra ahorradas, girando por todo ello el IVA oportuno.

El problema, obviamente, es que no siempre se sabe con certeza el importe exacto del servicio auto prestado. Cabe incluso que se consideré que el autoservicio es de ínfimo o nulo valor. Esto no ocurre, en cambio, si la prestación del servicio tiene marcado por ley un precio oficial. El consumidor que se presta el servicio, al conocer exactamente cuál es el importe del mismo, sabe qué IVA repercutir para su ingreso en la Administración Tributaria. Un notario que se preste a sí mismo un servicio (firmar su testamento) devenga un IVA correspondiente al mismo, regulado oficialmente por el reglamento arancelario. Otra cosa es si los precios no están establecidos de forma oficial. La solución es elaborar un listado exhaustivo con carácter abierto a fin de que pueda ampliarse a medida que vayan surgiendo nuevos hechos imponibles actualizable conforme a los criterios que determine la Comisión o el Parlamento Europeo. Para evitar una eventual resistencia a declarar el autoconsumo se recomienda que en el Edicto de Precios Oficiales se catalogue este tipo de autoservicios como de cuarta categoría, fijando una base imponible modesta, y que en aquellos países con un elevado fraude fiscal, se apliquen sistemas equivalentes al sistema de Estimación Objetiva por Módulos.”

El documento acaba con un párrafo alabando los beneficios de la justicia tributaria y las ventajas sociales de los impuestos. Si es auténtico, o sea, el borrador de un informe de un comité de expertos en fiscalidad, no lo puedo decir. La ausencia de expresiones como “poner en valor” o “implementar” lo torna sospechoso. En cualquier caso, la propuesta del gobierno de cobrar un peaje por la energía que uno mismo genera y consume parece acorde con la idea de fondo que aquí se maneja. Ya solo falta que Gallardón lo explique.