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TRIBUNA

¡Reformar qué!

jueves 09 de octubre de 2014, 23:12h

La pasada semana titulé mi artículo de “angustia comprensible” al ver que en Cataluña pudiera producirse un conflicto grave. Reitero una vez más mi opinión: el Estado no se fracturará, aunque la Generalitat esté ahora adoptando medidas para una secesión inmediata, camufladas bajo la falacia del “derecho a decidir”; sin embargo, la democracia, tanto en Cataluña, como en toda España, saldrá de este episodio deteriorada en su calidad; en términos de resultados electorales, a medio plazo, saldrá ganando el partido del Gobierno, y en Cataluña, el partido nacionalista que mejor sepa capitalizar la profunda decepción que surgirá después del 9-N, y también aprovechar el consiguiente divorcio entre la opinión mayoritaria catalana, y su equivalente en la mayoría de las regiones españolas.

Opino que algo así sucederá en el medio plazo, pues pasado un cierto tiempo, probablemente unos meses después de las próximas elecciones generales de 2015, se producirá una discusión política que conducirá a reformas legales, que afectarán al Estado de las Autonomías, y, lógicamente, a la misma Constitución de 1978.

Por una parte deseo acertar en estos pronósticos, pues en 1995 yo ya estaba convencido de la necesidad de reformar la Constitución para transformar el Senado en una Cámara que fuera cauce de comunicación de las Comunidades Autónomas con el Estado; había que poner fin a esa anomalía de que las Comunidades Autónomas sólo se relacionan con el Estado a través de los partidos políticos. Hice todo lo que pude para lograrlo, conté con la ayuda y comprensión de políticos de CiU (como Joan Rigol, presidente entonces del Parlamento de Cataluña), pero no pudimos vencer la dejadez (interesada) de los jefes de los partidos políticos, y después de 1998, no pudimos vencer la oposición del Gobierno de José María Aznar (movido también por intereses meramente electorales).

Por otra parte, temo que las reformas, una vez más, sean impuestas por la coyuntura política, y otra vez reformemos -sin reflexión previa sobre nuestro pasado- en el mismo sentido de siempre.

¿Y cuál es ese sentido? Que vuelva a ser un pacto entre partidos políticos, buscando sólo integrar en un acuerdo a los partidos nacionalistas, y que las reformas sean otro paso más en la descentralización, sin llevar a cabo los necesarios cambios para dotar al Estado de mecanismos de integración de los poderes autonómicos.

Tras tantos años perdidos, las reformas, desde luego las de nuestra Constitución, deberán convencer a los ciudadanos de Cataluña, y en general a los ciudadanos de toda España, más que convencer a los partidos nacionalistas. En 1995, manifesté muchas veces que la reforma constitucional que yo estaba fraguando tenía la vocación, y además la posibilidad, de lograr un acuerdo más amplio que el de 1978, y con eso estaba indicando que era posible entonces lograr el apoyo del PNV, el único partido gubernamental que no votó favorablemente la Constitución en 1978. Hoy algo así es imposible. El consenso partidario se ha reducido desde 1995, y el problema es que puede llegar el día en que cualquier reforma sea sumamente difícil, por falta de los suficientes votos para que sea posible.

Sin embargo, las ideas que hace veinte años tenía sobre las reformas del Estado de las Autonomías y del Senado siguen siendo, en mi opinión, válidas hoy; incluso las únicas para sustentar un consenso social en España.

Consisten en volver a los equilibrios originarios de nuestra Constitución. Eso significa, primero, el reconocimiento de la igualdad estricta de los ciudadanos, cuyos derechos son los mismos en cualquier territorio de España. Segundo, que las Comunidades Autónomas no pueden ser todas ellas semejantes. Esa asimetría, que se expresa, y que debería expresarse aún con mayor nitidez, es parte fundamental del pacto constituyente de 1977-1978, y encuentra su fundamento en -¡nada menos!- el artículo 2, cuando distingue entre “regiones” y “nacionalidades”. Y esa distinción tiene su reflejo en la Disposición Transitoria Segunda, por la que Cataluña, Euskadi y Galicia llegaban al máximo autogobierno de manera inmediata, mientras las demás regiones españolas, que estaban entonces definiendo sus límites, tenían que obtener el autogobierno cumpliendo lo previsto en el articulado de la Constitución, que fue denominado “la vía lenta” para lograr la Autonomía.

No es posible relatar ahora la historia auténtica de nuestra transición autonómica (¡con minúscula, pues fue un proceso imprevisto!). El caso fue que Andalucía obtuvo los mismos derechos que las tres nacionalidades de la Transitoria Segunda. Este hecho generalizó la obtención de autogobierno, que se extendió a todo el territorio nacional, excepto Ceuta y Melilla. Ante la nueva situación, el Gobierno de UCD del presidente Calvo Sotelo, y el PSOE de Felipe González, acordaron los llamados “Pactos Autonómicos”.

Fueron unos pactos eficaces para ordenar el proceso autonómico, pero tuvo dos grandes problemas. El primero, que el Tribunal Constitucional declaró nula la principal ley prevista en los Pactos. La sentencia del TC rechazaba la idea de que una ley orgánica “armonizase” el Estado de las Autonomías, y el propio Tribunal se declaraba capaz de mantener la unidad política del Estado español. ¿Se puede tener hoy la misma confianza de entonces? Especialmente cuando el consenso político no existe, en asuntos autonómicos, y afectando al propio TC. Y segundo problema, la UCD desapareció, y la AP -antecedente del PP-, no firmó los Pactos Autonómicos de 1981 porque nunca estuvo de acuerdo con la asimetría de las “nacionalidades y regiones”. Al PP no le ha convencido nunca que las “nacionalidades” sean diferentes, y esa constante en su ideología ha sido una de las causas -no la única- por las que el “consenso” ha desaparecido en asuntos territoriales.

¿Y ahora qué? Es la hora de las rectificaciones y del consenso. El Estado de las Autonomías, y el propio Estado a secas, no puede seguir descansando en la voluntad de los partidos políticos; no podemos fiar nuestro futuro sólo a sus conveniencias electorales. Es necesario que las instituciones funcionen con el automatismo de las leyes. En resumen, todos los ciudadanos votarían una reforma constitucional en la que las Comunidades Autónomas estarían contempladas en la propia Constitución, con sus bases comunes y con sus singularidades garantizadas, y todas participarían en las tareas del Estado a través de un nuevo Senado, capaz de resolver los problemas autonómicos votando en esa Cámara de representación territorial, y no como sucede ahora, por ejemplo, con los problemas de Cataluña, que sólo se solucionarán cuando los máximos representantes políticos tengan a bien reunirse para ello, y si no, será inevitable que los ciudadanos marchen hacia el conflicto, porque ninguna institución es competente para solucionar los problemas estatales y autonómicos.

Juan José Laborda

Consejero de Estado-Historiador.

JUAN JOSÉ LABORDA MARTIN es senador constituyente por Burgos y fue presidente del Senado.

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