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Destitución de Rousseff: no es un golpe de Estado

viernes 13 de mayo de 2016, 00:32h
Una sesión plenaria del Senado brasileño ha destituido a la presidenta del país Dilma Rousseff. Inmediatamente después de comunicársele el resultado, la mandataria se ha apresurado a ratificar la tesis que ha venido manteniendo durante el larguísimo culebrón político, negando las gravísimas acusaciones que han desembocado en la actual remoción de su cargo. Para Rousseff, se trata de un fraude a través del cual se ha consumado un golpe de Estado. Sus palabras llevan la intención de equiparar al nuevo gobierno que la sustituya con una dictadura análoga a la tiranía militar contra la que la presidenta ahora suspendida en sus funciones luchó como guerrillera y que la sometió a presión y torturas. El propósito es asemejar el proceso político de destitución a un castigo análogo a las sevicias sufridas en las cárceles y soliviantar a sus seguidores para que reaccionen con la furia y el odio que despertaría en ellos un régimen totalitario.

Intenciones que Dilma Rousseff debería eludir si no desea hacer caer a Brasil en un peligroso caos agravado por la creciente crisis económica que asola la nación. En sus argumentaciones no le asiste la razón a la mandataria brasileña. Ante todo porque el proceso se ha llevado a cabo respetando escrupulosamente la legalidad institucional, de modo que su revocación es más un síntoma de vigor democrático y no la consecuencia de una imaginaria dictadura. Más aún, tanto Dilma Rousseff como el Partido de los Trabajadores están por completo deslegitimados para realizar este tipo de alegaciones.

En la memoria de los brasileños está fresca todavía la destitución del presidente Fernando Collor de Mello en 1992. Cuando aquel liberal sufrió en sus carnes exactamente el mismo proceso, recurrió a parejas argumentación: se estaba ante un golpe de Estado que obviaba los millones de votos que le avalaron en las urnas. En ese precedente, el Partido de los Trabajadores de Lula da Silva y Dilma Rousseff, no dudó en votar a favor de echar de su cargo al presidente. Cuando se intentó expulsar a un mandatario de la derecha, el procedimiento era legítimo y un blasón a favor de la democracia. Al emplearse ahora idéntico método frente a un partido de izquierdas, resulta que se torna ilegítimo y dictatorial. Si fue bueno para Collor de Mello, tendrá que serlo también para ese Partido de los Trabajadores, que lo valora según le sea útil o no para controlar el poder.

Por otro lado, esta destitución es únicamente temporal. Se abre un período de 180 días para probar las acusaciones, desde la corrupción en la petrolera estatal Petrobras, hasta la posible manipulación de las cifras económicas oficiales y la responsabilidad en la inflación rampante en el actual Brasil. Fernando Collor de Mello renunció a su cargo antes de que la investigación culminase, y no volvió a ocuparlo a pesar de que los tribunales de justicia le absolvieron de las acusaciones de corrupción precisamente porque se entendió que no era una cuestión solo judicial, sino eminentemente política prevista por la Carta Magna brasileña.

Esto es lo que debe entender Dilma Rousseff: está ante un proceso político lícito, en el que dispone de recursos para demostrar que las acusaciones son falsas, en vez de movilizar el odio de parte de la población. Una demostración que le resultará en todo caso difícil de llevar a cabo. La demagogia populista y las promesas imposibles de cumplir suelen desembocar en manipulaciones, ocultaciones y resultados económicos demoledores. Sea como fuere, la investigación política habría de acompañarse de una inmediata convocatoria electoral que vuelva a dar voz a los ciudadanos sobre la situación creada.
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