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TRIBUNA

Expectativas vacías

Francesco de Nigris
lunes 20 de junio de 2016, 20:28h

Desde hace algunos años, y especialmente en el ámbito de los acontecimientos políticos españoles, la corrupción parece ser un resorte eficaz para la consecución del poder. Esta frase, cuyo contenido es tan obvio y en realidad aplicable a la historia entera de las organizaciones humanas, sugiere hoy en día una importante revisión.

No se trata solo de la idea evidente de que la corrupción es la práctica envilecida del poder que pretende alimentarse a sí mismo, sino de que la conciencia social de esta práctica, objeto de unánime e intensa repulsa, ha hecho de cuanto se relaciona con ella un arma política en otro sentido: hacer ostentación de la corrupción del adversario para asegurarse así el propio éxito. Con esta estrategia, eficaz instrumento de poder de los últimos años, se distrae la atención, y sobre todo la reflexión, de lo que significa en sentido más profundo la corrupción.

El concepto tiene hoy un sentido fuerte, eminentemente político, vinculado a la administración económica del Estado. Pero esto nos tiene que hacer pensar, en primer lugar, que corrupción administrativa la ha habido siempre, en todas las épocas, con prácticas variadas y adaptadas a las formas de gobierno. En segundo lugar, se postula una reflexión más amplia, acerca del tipo de corrupción política –y no solo administrativa– que es peculiar a la forma de gobierno que ha ido imponiéndose en las sociedades occidentales contemporáneas, la democracia.

Es esta el régimen capaz de regenerarse a sí mismo, conforme el ejercicio de las libertades individuales perfila un mapa de deseos y de inquietudes, implícitas o expresadas, que orientan a los políticos, quienes deben reinterpretarlas en términos de coherencia y continuidad respecto de las posibilidades reales del país. El ejercicio de la política, a su vez, no se limita a explicitar y gestionar las demandas de los ciudadanos, sino que tiene que atreverse a someterles ideas, señalarles un camino, en definitiva, a liderar. Cuando esta comunicación entre vida política y social es efectiva y visible, hay transición virtuosa entre la persona y su condición de ciudadano, y la política, mediadora de ese tránsito, responde a su vocación. El derecho positivo se alimenta, de esta suerte, de las costumbres, de los usos y finalmente de las ideas de la vida plena, personal, íntima de los ciudadanos, y puede afirmarse entonces que hay “vida política”, que el pulso del Estado, en su gobierno democrático, está latiendo en el cuerpo de la sociedad.

Como cualquier término que padece sobreuso, “la democracia”, al ir rodando de boca en boca, ha ido perdiendo su perfil y se desliza en discursos ideológicos variados, a veces pintorescos, otras siniestros. En los mejores casos se defiende como un sistema de elementos jurídicos, en último término constitucionales. Estos son, sin duda, garantía de libertades, marco de referencia de la igualdad de cada persona ante el Estado ­–o mejor dicho en el Estado, sin posible antagonismo–. Sin embargo, es demasiado evidente en la historia del último siglo que injertar un sistema jurídico de índole democrática en una sociedad no garantiza el establecimiento de la democracia. La razón de tantos sonados fracasos estriba en que ésta, en realidad, lejos de ser un mecanismo jurídico, es una peculiar interpretación del hombre que lentamente se ha gestado en la historia de Occidente. La democracia es un capítulo ulterior, de orden político, de la tradición humanista occidental, cuyo proyecto es buscar métodos o caminos para confiar en la persona.

La democracia, de hecho, apela a la persona en su integridad porque interpreta que ella puede y debe hacerse cargo del peso de su libertad, descubriendo y cultivando sus libertades, elevándose a sí misma, continuamente, al rango de ciudadano; legitimando, en definitiva, esas mismas instituciones que la han hecho generosamente protagonista de su destino. Y el método que ha sido el supuesto de esta interpretación occidental del hombre, que ha impulsado el cultivo de su libertad, es, como anticipa el mismo término, “la cultura”, en su sentido derivado de ciencia occidental.

Desconocer la interpretación antropológica que la democracia está presuponiendo, interpretar esta en términos de mecanismos constitucionales, o, más popularmente, de un contrato entre electores y políticos derivado de elecciones, y susceptible de “reivindicación”, es inevitable fuente de corrupción, de estancamiento del proyecto democrático de Europa y de Occidente. La realización de la democracia depende de que la vida concreta de las sociedades occidentales esté a la altura de la vocación actual de su organización política. Y este mismo debería ser el criterio que mide el grado de autenticidad de una democracia, que muchos se obstinan en buscar en “indicadores” de todo tipo, especialmente los económicos, por supuesto susceptibles de cálculo estadístico.

Decía Kant que una doctrina moral es posible para el hombre solo cuando éste llega a interpretarse como libre. Fuera de este supuesto es inviable cualquier reflexión sobre el bien y el mal. Las interpretaciones que el hombre tiene de sí mismo, en efecto, son parte sustancial de su realidad, porque le sugieren, en principio, lo que le es posible o imposible. Trasladado esto a la democracia, resulta que su establecimiento e intensificación postula que el hombre, en ella, descubra y ejerza sus libertades, a la vez que sienta la obligación de generar otras a través de una vida auténtica, hecha de proyectos suyos, irrenunciables. La democracia, con un dedo, apunta a nosotros, nos pide responsabilidad, una vida como obra de arte. Fuera de estos supuestos pierde su evidencia, no funciona.

A la luz de estas ideas se puede explicar por qué el impulso político concreto hacia la democracia, en la segunda mitad del siglo XIX y comienzos del XX, se ha expresado en los movimientos liberales, como es particularmente visible en la historia de España. “El progresismo”, en ésta, antes de sus interpretaciones marxistas, ha sido liberalismo, progreso de libertades gestadas de auténticas necesidades; una concepción que se inaugura temprana y formalmente con la Constitución de 1812. Y los partidos demócratas, incluso aquellos “exaltados” que se reivindicaban ante el absolutismo, seguían esa misma lógica de ampliación de las libertades individuales. Liberalismo, en definitiva, término genuinamente español, es la generosidad de creer en el ejercicio creador de la libertad como fuente de legitimidad del derecho.

La corrupción fundamental de la democracia, por lo tanto, no es aquella de orden económico-administrativo que hoy en día se busca ostentar del adversario político a la vez que ocultar del propio partido. Cuando la corrupción en la gestión económica no es ocasional, sino reiterada, duradera, endémica, significa que es consecuencia del tipo de hombre en que la sociedad se ha instalado, que tácita o expresamente se promueve.

Entre las tentaciones que se anuncian en nuestro inmediato horizonte político hay una que tiene un largo recorrido de fracasos, que elude la interpretación liberal de la democracia y vuelve a una idea del Estado como dispensador de libertades mediante la realización progresiva de un programa político. Tales libertades, teóricamente establecidas en vista de una idea de “la sociedad justa” que se busca engendrar, configurarían los auténticos derechos. Sin embargo, desvinculándose las libertades de su raíz personal, se priva también al ciudadano de ver del todo aceptable el sistema de obligaciones que implica cada una de ellas, convirtiendo los derechos en normas abstractas, separadas de las posibilidades democráticas efectivas de la historia de un pueblo, que a la larga se sentirán como imposiciones. La legítima pretensión de justicia social, que ha sido tradicionalmente recogida por los partidos socialistas, cuando no es liberal, deja paradójicamente de creer en la sociedad, contrayendo su fuerza espontánea en una figura ideal que se impone desde lo alto, peligrando, de esta suerte, la misma forma del Estado democrático.

Comprobamos que la corrupción no es solo fraude administrativo; tampoco se puede acotar a la política en sentido meramente institucional, sino que en un régimen democrático llega a implicar a la vida personal. Se podría componer un largo listado de corrupciones que, de esta, se hacen vicios de la vida colectiva, que impiden en la sociedad occidental, y en nuestro caso española, un tipo de hombre apto para el establecimiento y la intensificación de la democracia. La literatura no está exenta de análisis de este tipo. Ortega en su obra ha ofrecido un semblante del hombre, que llamó “hombre masa”, que ha dimitido de su condición insegura, azarosa, que tiende a la homogeneidad, al capricho, al gregarismo y, por eso, al silencioso fanatismo de la vida cómoda, de la farsa. Pero el diagnóstico tiene que ser continuamente renovado, y pide estar alerta. Una sociedad que no está alerta, que no conoce su carácter, que no sabe de su historia, y que no sabe descubrir y discernir sus posibilidades, está ya corrupta.

Promesas de libertades como derechos, de reformas radicales, de progresos automáticos que no brotan del descubrimiento de las vocaciones de un pueblo y del exigírselas sus individuos a sí mismos, son, todas ellas, expectativas vacías.

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